Israel se apresta a anexar Cisjordania, «la anexión de facto ya existe»
La anexión de facto viene haciendo desde el comienzo de la ocupación: robo de tierras y expulsión de sus dueños palestinos; alteración de la infraestructura mediante la construcción de zonas industriales, muros y carreteras segregadas −también de uso exclusivo judío−; demoliciones permanentes de viviendas y medios de vida palestinos; decretos y autoridades militares para gobernar a la población ocupada; etcétera. Por: María Landi*
En los últimos dos meses Palestina volvió a estar presente en las noticias internacionales. Esta vez fue por la llegada del 1 de julio, fecha anunciada por el primer ministro israelí para la anexión oficial de una tercera parte del territorio cisjordano que ocupa desde 1967 y que ahora se ha pospuesto de forma momentánea por algunos días. La idea de que la actual anexión de facto podría volverse de jure desató una ola de indignación en todo el mundo. En este tiempo han circulado mapas que ilustran y análisis que especulan sobre qué significa –en la teoría y en la práctica− la concreción del anuncio.
Como siempre en relación con la cuestión palestina, hay en esto una buena dosis de hipocresía, ya que la misma comunidad internacional, que con su inacción y tolerancia hacia Israel ha llevado al actual estado de cosas, ahora parece “despertar” y descubrir que la anexión de jure será una cosa grave. Más aun, el peligro es que se ha pasado de exigir terminar con la ocupación colonial a exigir simplemente que no se concrete la anexión.
¿Que cambia realmente?
Según el derecho internacional, la anexión supone la adquisición permanente de territorio ajeno, mientras que la ocupación se asume como una situación temporal (aunque como en este caso dure ya 53 años). Un territorio anexado pasa a ser parte del Estado anexionista con todo lo que contiene (población, recursos naturales) y a estar bajo su legislación, mientras que en un territorio ocupado el Estado ocupante no puede aplicar sus leyes, ni alterar su infraestructura, ni trasladar o desplazar población, ni destruir propiedades, ni apropiarse de los recursos naturales.
La cuestión es que el Estado de Israel viene haciendo todo esto y más desde el comienzo de la ocupación: robo de tierras y expulsión de sus dueños palestinos para construir en ellas colonias exclusivamente judías (e ilegales en el derecho internacional); alteración de la infraestructura mediante la construcción de zonas industriales, muros y carreteras segregadas −también de uso exclusivo judío−; demoliciones permanentes de viviendas y medios de vida palestinos; decretos y autoridades militares para gobernar a la población ocupada; etcétera.
Por eso, afirmar que la anexión de facto ya existe no es una consigna, sino una realidad incuestionable, particularmente en lugares como el Valle del Jordán y todas las zonas de Cisjordania designadas como Área C en los Acuerdos de Oslo (léase: destinadas a las colonias y bajo exclusivo control del ejército israelí). No obstante, muchas voces advierten que esas políticas nefastas se agudizarán. Para ilustrarlo, dicen, no hay más que mirar a Jerusalén. En efecto, la parte oriental de la ciudad donde reside la población palestina fue ocupada por Israel en 1967 y oficialmente anexada en 1980. Fue una anexión unilateral e ilegal que ningún país reconoció hasta que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos. Allí la única autoridad y la única ley es la israelí (la ficticia Autoridad Palestina no puede siquiera entrar a Jerusalén), y la población palestina carece de derechos civiles y políticos básicos: no tiene ciudadanía, no puede votar, no recibe beneficios sociales ni servicios públicos, ni permisos de construcción, ni nada de lo que goza la población judía en el oeste de la ciudad; sólo tiene un “permiso de residencia” (en su ciudad natal) que no puede extender a sus cónyuges o descendientes, y que puede perder en cualquier momento. Si alguien quiere conocer el rostro más duro del apartheid israelí, no tiene que desplazarse mucho: basta con moverse entre el este y el oeste de Jerusalén. La segregación y la exclusión están a la vista.
¿Sí o no?
El primer ministro Netanyahu usó los anuncios de anexión como zanahoria durante las tres rondas electorales que los israelíes vivieron en apenas un año, tanto para atraer el voto de los colonos y la ultraderecha como para distraer de los juicios que enfrenta por corrupción −y, más recientemente, de su errática gestión de la pandemia.
El mandatario israelí tuvo su momento de éxtasis en enero, cuando el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó su Plan de Paz para Oriente Medio, diseñado por la derecha israelí para legitimar la colonización y enterrar definitivamente toda aspiración palestina de soberanía. Pero las cosas han cambiado desde entonces, debido en parte a los nuevos escenarios creados por la pandemia en ambos países. En particular, la administración Trump tiene asuntos más apremiantes en su agenda: la desastrosa gestión de la crisis por covid-19, que ha puesto en evidencia las consecuencias de no tener un sistema de salud pública; la recesión económica resultante de la pandemia, y la creciente y masiva revuelta antirracista disparada por el asesinato de George Floyd. Como resultado de todo esto, las encuestas indican que su reelección en setiembre estaría seriamente comprometida. Además, un grupo de congresistas demócratas liderados por Alexandria Ocasio-Cortez impulsa una moción para condicionar la multimillonaria ayuda militar a Israel.
Es posible que, con su habitual endogamia narcisista, Netanyahu no haya previsto la magnitud de la reacción global de rechazo a sus anuncios de anexión, principalmente en la Unión Europea (en la que cientos de parlamentarios exigieron una respuesta firme) y los países árabes (donde los gobiernos, aunque hayan normalizado sus relaciones con Israel, temen la indignación popular). Y es que entre los países occidentales hay un consenso tácito e hipócrita: mientras el discurso oficial se mantenga dentro del comodín de “los dos Estados”, a Israel se le permite todo; aun convertir esa “solución” en una quimera. Pero cuando ese acuerdo tácito es torpedeado por retóricas como la anexión, los gobiernos europeos no pueden menos que amenazar con actuar; por eso la tan temida y nunca pronunciada palabra “sanciones” se escuchó en los gabinetes de algunos países.
Lo cierto es que la situación cambió mucho desde los fulgores de enero. Incluso en la flamante coalición de gobierno israelí parece no haber unanimidad, pues si bien el vice primer ministro Benny Gantz también hizo campaña con la promesa de la anexión, ahora parece dudar de que este sea el momento. Pero Netanyahu apostó fuerte a la carta de la anexión durante la campaña electoral, y sabe que, si Trump no consigue la reelección, podría perder una oportunidad única de contar con un gobierno estadounidense dispuesto como ningún otro a saltarse todas las formalidades del orden internacional para avalar la anexión del territorio ocupado. De modo que no se descarta que pueda aventurarse a dar el paso antes de las elecciones estadounidenses.
Que se vayan todos
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) respondió al anuncio de anexión con su ya habitual amenaza de poner fin a toda forma de coordinación y colaboración con Israel. Sus anuncios son tan irrelevantes como su autoridad, pero al parecer esta vez Mahmud Abbas viene cumpliendo con su palabra.
Hay que entender lo que implica esta decisión: según el esquema de Oslo, la ANP tiene que pedir permiso a la autoridad israelí para todas las actividades que hacen al funcionamiento de la sociedad palestina: movimiento de personas, entrada y salida de mercancías y medicamentos, finanzas, comunicaciones, etcétera. Incluso los fondos internacionales que recibe la ANP (y en especial los miles de salarios públicos de los que depende la gente en una economía secuestrada), así como los impuestos que debe recaudar, son controlados por Israel. Por eso las medidas anunciadas por Abbas ya están perjudicando más a su pueblo que a Israel: entre otras cosas, la ANP dejó de coordinar los permisos para atender a pacientes graves de Gaza en hospitales de Cisjordania.
Las encuestas revelan que la población palestina, si bien está harta de la ineficiencia, la corrupción y el autoritarismo de la ANP, también teme las consecuencias prácticas en caso de cesar su papel de intermediación y proveedor de servicios. La disolución de la ANP que muchos reclaman (y que sería la consecuencia natural de dar por terminado el esquema de Oslo) significa que las fuerzas de ocupación vuelvan a ser las únicas responsables de la suerte de la población en materia de salud, educación, administración, economía. Y hay que ver si el ejército israelí está dispuesto a asumir el costo de volver a esta situación; especialmente en caso de producirse otra intifada –que no se dio hasta ahora por el rol represivo de la ANP al servicio de la ocupación.
Esta crisis hace más evidente que nunca el vacío de liderazgo político, tras un cuarto de siglo perdido jugando al autogobierno. Ahora es tarde para que la ANP llame a la unidad y lidere la resistencia, porque el pueblo ya no confía en ella. Y los mejores líderes, ya sabemos, están tras las rejas o bajo tierra.
En medio de una nueva ola de covid-19 en Cisjordania, las protestas y manifestaciones contra las pretensiones anexionistas –reprimidas por el ejército de ocupación− se multiplican, llegando también a las comunidades palestinas dentro de Israel y en la diáspora. Mientras tanto, en la bloqueada Gaza –donde al parecer Hamas está endureciendo la mano para mantener el control en una situación imposible− asisten a una insólita sucesión de suicidios de personas jóvenes, producto de la desesperación ante la falta de horizontes.
Por otro lado, palestinos de distintas procedencias geográficas, etarias y partidarias están pidiendo elecciones para un nuevo Consejo Legislativo Palestino, de donde resurja una Organización para la Liberación de Palestina (OLP) democrática y verdaderamente representativa de los 13 millones de palestinos, en los territorios ocupados (incluyendo Israel) y en el exilio.
El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que hoy es la expresión más dinámica de la sociedad civil palestina, llamó a intensificar las medidas de presión en todo el mundo, especialmente el embargo militar. Un logro llamativo es haber conseguido que siete expresidentes latinoamericanos (Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, Ernesto Samper y José Mujica) y más de 300 exministros, legisladores, intelectuales y personalidades de Asia, África y América Latina suscribieran un manifiesto apoyando “el llamado del pueblo palestino a prohibir el comercio de armas y la cooperación en los ámbitos militares y de seguridad con Israel; suspender los acuerdos de libre comercio con Israel; prohibir el comercio con colonias ilegales israelíes y exigir responsabilidad de parte de personas físicas y actores corporativos cómplices en el régimen de ocupación y apartheid de Israel”.
Y si bien los adherentes afirman: “Nos comprometemos a trabajar dentro del marco de nuestras respectivas estructuras nacionales para abogar por la implementación de estas medidas”, el pueblo palestino sabe que poco puede esperar de los centros de poder mundial, y sólo le queda seguir apostando a la movilización internacional, que en estas semanas ha mostrado su músculo. Como dijo la refugiada Rima Najjar: “¡Hagamos del anuncio de anexión el ‘momento George Floyd’ de Palestina!”.
*El articulo fue publicado en Brecha.com.uy