Nuevo crimen de odio contra una persona en situación de calle
A través de un comunicado urgente, la Asamblea Popular de Personas en situación de calle anunció el crimen de odio contra alguien sin techo, sin casa, que se exponía a todo tipo de peligros en medio de esta pandemia y crisis social. Sin embargo, el fascismo fue aún más letal que el coronavirus, el hambre y la desidia estatal. Por Gigi Krein para ANRed*| imagen :Asamblea Popular en situación de calle.
El pasado sábado, alrededor de las 23.30hs, una persona en situación de calle fue prendida fuego en Virrey Ceballos, entre San Juan y Cochabamba. Lamentablemente, estos crímenes de odio son ya conocidos y muchas veces logran pasar desapercibidos, alejados de las agendas de los grandes medios, confirmando la desprotección total de las personas que se encuentran en situación de calle. El año pasado, incluso, un grupo de personas prendió fuego a dos hombres en Mataderos (Alberdi y General Paz) y como si esto fuera poco se filmaron y lo subieron a redes sociales. Llamamos la atención sobre el crecimiento de este tipo de mensajes que sostiene una posición dominante, que representa un crimen de odio, no sólo dirigido a personas en situación de calle, sino ataques y crímenes transodiantes, y un creciente discurso xenófobo.
Contrario a esto, somos también cada vez más las organizaciones que ponemos el cuerpo a intentar resolver todo aquello que el estado no hace, todo esto potenciado por las carencias que evidencia la pandemia y la cuarentena obligatoria. Entendemos que, en primer lugar, muchas personas no cuentan con un techo, siendo esta terrible cifra de 7.251 personas, según el Segundo Censo Popular de Personas en situación de calle (2019). Desde entonces, la crisis económica y social ha ido en franco crecimiento, aumentaron los despidos y la crisis sanitaria fue un duro remate para las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Aquellos que cuentan con un techo, no siempre es lo que pudiese englobarse en el término «vivienda digna». Se cuentan sólo en CABA, 136 hogares con déficit habitacional, un número irónicamente cercano a las 138.000 viviendas vacías que hay en la ciudad más rica del país. Cerca de medio millar de vecines viven en villas con enormes problemas de acceso a servicios básicos, llegando incluso a encontrarse sin agua en plena pandemia.
En general, se calcula un porcentaje de inqulinización cercano al 40% (tanto en ciudad formal como en barriadas), lo cual afecta directamente al derecho a una vivienda digna. Ya que el mercado formal pone tantos requisitos para poder acceder a un alquiler (paliados en parte por la nueva ley de alquileres, muches inquilines pasan a la precarización habitacional, es decir, no tienen más opción que acceder a piezas en hoteles o barriadas. Allí, la violencia y amenaza es ley, y medidas dictadas por el ejecutivo nacional como el DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos hasta el 30/09/20, se encuentran completamente veladas por la irregularidad y la poca voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar su cumplimiento. A su vez, como ya mencionamos en varias oportunidades, denunciamos el recorte de los programas de asistencia a familias en riesgo de situación de calle justamente en este contexto, como ser el otorgamiento de subsidios habitacionales, prácticamente cerrado. También creemos preocupante el visto bueno del GCBA frente a avanzadas de empresarios inmobiliarios como Leonardo Ratushny, a quien la «justicia» permite, en este contexto, avanzar con el desalojo de la Casa Santa Cruz, habitada por 105 familias. (Leer)
Tal como menciona la Asamblea Popular de Personas en situación de calle en su comunicado: «Estamos consternadxs, llenxs de bronca y dolor. Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas. El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. El 7 de junio fue Leonardo Macrino, quien sufría un padecimiento mental y fue desalojado enfermo de un hotel del barrio de Monserrat, y amaneció muerto sobre la vereda en la esquina de Luis Sáenz Peña y Chile. A los pocos días fue a Sergio a quien sus compañeros de ranchada encontraron sin vida, tenía 63 años y dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, un señor de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en el Barrio de Parque Patricios; fue trasladado por una ambulancia del SAME que llamaron sus vecinxs y falleció a las pocas horas en el Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, quien había sido desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía, con lo que quedó en situación de calle y perdió su vida.»
Todas estas muertes, están llenas de desidia estatal con un claro signo clasista del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta y sus funcionarios. Responsabilizamos a María Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Habitat), Maximiliano Corach (Subsecretario de Fortalecimiento Familiar del Min. DHYH, a cargo de los subsidios habitacionales), Juan Maquieyra (Presidente del IVC) y al mismo Horacio Rodriguez Larreta de la falta de acceso a la vivienda y tierra dignas.
Es importante, más allá del dolor, continuar la lucha unitaria contra este modelo de ciudad y de humanidad, reforzar los lazos solidarios entre organizaciones y vecines que luchan día a día por el derecho a la vivienda digna. Queda más claro que nunca, que miles de vidas dependen de ello.
Invitamos a adherir a los comunicados de Casa Santa Cruz: aquí y de la Asamblea Popular de personas en situación de calle.
* Integrante de las Consejerías de vivienda.