Mendoza: el gobierno criminaliza y banaliza la protesta social
El gobierno de Alfredo Cornejo y de Rodolfo Suarez, miembros de la UCR, ejecuta una política represiva, de criminalización y judicialización de las protestas sociales. El Código contravencional, la no apertura de paritarias y los hechos de violencia policial contra la organización de trabajadores y trabajadoras, ambientalistas, artistas y toda expresión de protesta social, son las políticas públicas de un gobierno represor y arbitrario. Por ANRed
Los últimos hechos
El domingo 5 de Julio la provincia de Mendoza fue postal de una nueva jornada que presenta a la Mendoza conservadora buscando imponerse sobre una Mendoza que fortalece, afianza y pone en jaque a arbitrariedad de las instituciones que emulan ser democráticas.
La protesta pacífica de municipales de la Capital, quienes se encontraban encadenados a los bancos del Km 0 lejos de recibir una mesa de diálogo ante el reclamo salarial puso en evidencia que la violencia institucional y la represión policial son los canales resolutivos de un Poder ejecutivo que vulnera todas las garantías constitucionales.
A la hora del medio día, 38 personas fueron reprimidas por parte de la policía provincial, demoradas en cuatro comisarías de la Capital y fueron liberadas alrededor de las 16:30 horas. El fiscal Mauro Monticone informa que no había ordenado desalojo, sino citación. Sin embargo, a la tarde del lunes, mediante un aviso mediático se difundió que la Fiscalía a cargo imputó a 37 personas por «incumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Los acontecimientos represivos del domingo remontan a los acontecimientos del pasado octubre del 2019 en la plaza Chile, con Roberto Munives vestido de civil y los efectivos policiales desataron la represión ante quienes se manifestaban en solidaridad con el país trasandino.
Cronología de un conflicto sin garantías institucionales
A 26 días de lucha en reclamo por salarios correspondientes a jornadas de 40 horas semanales, antigüedad no reconocida y condiciones de trabajo a la intemperie y en denuncia de la tericarización de los servicios en el sector céntrico de la ciudad en manos de la empresa Santa Elena, cercana al círculo de relaciones de la familia Suárez, en las que los salarios sí se condicen con los números expresados por la intendencia que, en un juego mediático de declaraciones confusas, niega y nubla los datos que reflejan los bonos de sueldo de los propios empleados del municipio; las autoridades no han abierto canales de diálogo ni negociación.
El gobierno provincial no convoca a las paritarias- instancia institucional en la que las partes establecen criterios y acuerdos a partir de sus figuras representativas en la Subsecretaría de trabajo: los sindicatos por parte de trabajadores y funcionarios del gobierno de turno-. A siete meses del 2020 el gobierno no cumple su rol como patronal, pero sí convoca a las licitaciones empresariales, como lo fue la del pasado viernes con Portezuelo del Viento.
Las protestas comenzaron con un acampe en el predio de la UCIM ubicado al oeste de la capital, alejado del centro de la ciudad, frente al cerro de la Gloria. La noche del sábado 13 de junio la policía provincial descargó gases lacrimógenos y varias compañeras resultaron con quemaduras.
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Al no recibir respuestas, en asamblea decidieron trasladar el conflicto a la explanada municipal, ubicada en el centro de la capital. Bajo la contundente falta de diálogo y respuestas de negación e invisibilización del conflicto por parte de Ulpiano Suárez, intendente municipal, la noche del viernes 26 de junio descargaron otra medida represiva en la que fueron imputadas 38 personas.
La respuesta vulgar de la Unión Cívica Radical
Las declaraciones oficiales ante el conflicto se fundan bajo la falacia y caricatura de una disputa e intereses partidarios entre el peronismo y el oficialismo, desconociendo y banalizando la reivindicación y desprestigiando la organización de las trabajadoras y los trabajadores municipales.
Ante los acontecimientos represivos del domingo la UCR sacó un comunicado titulado “Cuando la oposición se disfraza de reclamo sindical”
Por su parte la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold, expresó en las redes sociales la defensa de la represión alineándose a la posición de la UCR y en un confuso mensaje sobre la actitud del municipio ante el reclamo.
La convicción de que sirve luchar
La respuesta de municipales junto a los sectores organizados de la provincia de Mendoza es una convocatoria mañana martes a las 10 de la mañana para marchar en repudio de la represión y el reclamo explícito de apertura de los canales institucionales, las paritarias.
