Se aprobó la Ley de Alquileres en el Senado
El dia de ayer, se aprobó en el Senado la Ley de alquileres. La misma tiene varios puntos en beneficio de las y los inquilinos y exige mayor regulación del mercado inmobiliario. Analizamos avances, limites y puntos ausentes de la nueva normativa. Por Noelia Medina y Gigi Krein para ANRed *.
Avances
Dentro de los aspectos progresivos de la ley, encontramos la extensión del plazo de contrato de alquiler por 3 años. Esto resulta muy importante ya que cambiar de vivienda genera un costo enorme para les inquilines (falta de oferta, precios inflados, gastos de mudanza, etc).
Estipular el depósito en garantía al valor equivalente al primer mes de alquiler es otro punto a favor, ya que cada dueño o intermediario lo fijaba según «usos y costumbres». Otro avance es que se devuelve al terminar el alquiler, al valor del último mes del mismo.
Uno de los puntos que más resistencia ha generado en el sector inmobiliario es la exigencia del registro de los contratos, generando incluso una campaña mediática de desinformación, incluyendo amenazas sobre que este punto incrementará los valores de alquiler, y sería aún más difícil encontrar una vivienda para rentar. Otros puntos vienen a reforzar legislación que regía localmente en algunos distritos, como que los gastos de comisión, certificación de firmas, etc. sean abordados por los propietarios exclusivamente.
Límites
En general, vemos necesaria una política de control de precios, a los fines que los gastos asumidos ahora por los propietarios, no sean trasladados al valor de la renta.
Algunas medidas importantes que plantea la nueva ley pueden verse opacadas por falta de control a las corporaciones y corredores inmobiliarios. Parte de ello puede ser la extensión del universo en cuanto a garantías (aceptando ahora formalmente aval bancario, seguro de caución, garantía personal del locatario o del fiador o garantía de fianza), que habrá que establecer mecanismos para asegurar su aceptación por parte de quienes alientan la vivienda como un negocio y no un derecho.
Parte de lo mismo, pero a nivel de control popular sobre mecanismos del estado, vemos en el artículo destinado a alquiler social. Si bien en el espíritu creemos que marca puntos importantes en cuanto al acceso a la vivienda por parte de los sectores populares, algunas determinaciones han quedado afuera como por ejemplo, que el valor del alquiler no supere un determinado porcentaje del salario de le inquiline.
El gran ausente en la nueva normativa es el sector siempre postergado de les inquilines precarizades, quienes no pueden acceder al mercado formal, en parte por solicitar este condiciones ligadas al empleo formal. Les inquiines de hoteles, pensiones, villas, tode aquel que no cuente con un contrato no verá las implicancias positivas de esta nueva ley. Creemos que es necesario pensar política concreta para este sector que lamentablemente sigue en alza continua.
Si bien está mencionado en el punto de alquiler social, faltan medidas de aliento concreto a la incorporación de viviendas para ser alquiladas, lo cual ayudaría bajar los precios ante el aumento de la oferta. Visto de otro modo, existe el riesgo que al no existir instrumentos como el impuesto, uso social o expropiación de la vivienda ociosa, los dueños opten por no alquilar sus viviendas, y esto provoque un alza en el valor de los alquileres.A su vez, un punto que hubiese sido importante modificar es el plazo de ejecución de la sentencia de desalojo, que sigue sin extender el mínimo de 10 días
El valor del alquiler será indexado anualmente según el promedio de dos índices: Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el Índice de precios al consumidor (IPC). Para 2018, ese promedio 35,6% mientras que los aumentos de gran número de alquileres fue del 30% aproximadamente.
Gente que no
Si marcamos estos límites, es justamente porque sabemos cómo le duele al empresariado inmobiliario, a ese sector que se enriquece de manera exponencial en base a la necesidad de una vivienda, que se sancionen leyes progresivas en cuanto a derechos se trata. Se creen ajenos a la realidad que atravesamos todes, de la que verdaderamente son parte responsable. Una realidad donde se encuentran quienes no pueden acceder al mercado formal, por la cantidad de trabas que pone el negocio inmobiliario, debiendo pagar costos altísimos en piezas de hotel o al mercado informal, y quienes llegan a acceder a un alquiler formal deben costear con más del 40% de su salario en la renta.
Sin ir más lejos, Juntos x el cambio (PRO + UCR) decidió levantarse e irse del recinto por estar en contra del tratamiento de la ley, aduciendo que no refería al tema de la pandemia. Recordemos que la semana pasada rechazaron el tratamiento de la ley sobre tablas. De todos modos, al no contar con la mayoría en la Cámara alta la ley pudo aprobarse igual, al contar con dictamen de comisión y requerir sólo mayoría simple.
La reacción no se limitó a este gesto completamente antipopular, en un claro vínculo de la derecha y sectores pro-mercado con el negocio inmobiliario. Cerca de la hora de su aprobación, se leían en redes algunas convocatorias a «cacerolear» en contra de la ley. Si, los mismos sectores que el miércoles salieron en Belgrano, Palermo, Recoleta y barrios similares a cacerolear contra la expropiación de la empresa Vicentín. Qué se puede esperar de quienes apoyan a patronales que despiden y defraudan al estado…
Por un movimiento de inquilines
Celebramos que se haya aprobado esta nueva norma, que puso en agenda pública la realidad de muches inquilines. Creemos que es un punto de partida, para seguir incluyendo sectores hoy completamente abandonados a su suerte y entregados a los abusos y especulaciones de un mercado feroz e insensible. Al que se le permite negociar con viviendas vacías, o con megaemprendimientos mientras más de 7000 personas se encuentran en situación de calle.
Sabemos que las leyes son letra muerta, a menos que sean acompañadas por reales mecanismos de movilización y control popular. Los aspectos progresivos que se han logrado hoy, hay que defenderlos. También aggiornarlos, dada la situación en que la pandemia nos pone como clase trabajadora, pobladores, inquilines. El DNU 320/2020 que frena desalojos y congela precios de alquileres ya muestra fisuras, quedándole poco más de 3 meses de vida, antes de que miles, o incluso millones de inquilines se afronten a desalojos seguros o deudas imposibles de pagar.
En este contexto de emergencia económica, social, y sanitaria, donde a muches se les hace imposible abonar el alquiler, creemos necesario que el no pago se afronte de forma colectiva y no individual, por lo tanto proponemos que se inicie una huelga de alquileres que sea el hilo conductor de el fortalecimientos de un movimiento de inquilines combativo y en las calles.
* Integrantes de las Consejerías de vivienda (link: https://www.facebook.com/consejeriasdevivienda/)