Trump pateó el hormiguero digital
El presidente de EEUU y su decreto sobre la inmunidad de las plataformas digitales. Por Martin Becerra.
Ayer 28 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump ordenó anular la “inmunidad” de las plataformas digitales, consagrada por la Sección 230 de la Communications Decency Act, de 1996. Fiel a su estilo rápido y furioso, Trump demoró sólo 48 horas en reaccionar al etiquetado de dos de sus tuits como “información dudosa” hecha por parte de Twitter el martes último. La compañía había recomendado a los usuarios documentarse mejor sobre los contenidos difundidos por Trump con especulaciones de posible fraude por correo en las elecciones estadounidenses de este año. Pero la orden ejecutiva de Trump no se limita a Twitter, plataforma que es parte de su hábitat natural, sino que alcanza a todo el ecosistema y, obviamente, afecta así también a las más grandes (Facebook, Google).
La controversia escaló al día siguiente, hoy 29 de mayo, cuando Twitter removió un mensaje de Trump en el que “glorificaba la violencia” alentando el fusilamiento de manifestantes en Minneapolis que protestaban por el asesinato George Floyd, afroamericano, por parte de un policía blanco que presionó su rodilla en el cuello de la víctima durante varios minutos a pesar de que éste indicaba que no podía respirar.
El decreto de Trump promueve la revisión de las reglas vigentes en materia de publicación, jerarquización, visibilización o remoción de contenidos en las plataformas digitales, hoy sostenidas en la Communications Decency Act. Esta ley no dispone la inmunidad plena de las plataformas, pero las exime de responsabilidad por los contenidos subidos por terceros (“ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”). En aquel entonces (1996) la red era otra (Internet 1.0). No se habían fundado Google, Facebook, YouTube ni Twitter, y los servicios y aplicaciones de publicación de contenidos eran, básicamente, intermediarios; hoy las plataformas digitales son grandes editoras y organizadoras algorítmicas de la información.
Este es el texto de la Orden Ejecutiva firmada por Trump. Así no alcance los efectos que busca (y eso no puede saberse hoy), esta fuerte jugada que cuestiona la labor editorial de las plataformas digitales tendrá efectos en un sentido más amplio, porque influirá en las regulaciones en curso, en todo el mundo, sobre el comportamiento de estas compañías tecnológicas.
El decreto de Trump alude a la centralidad de las plataformas digitales en la dieta de información, conversación y comunicaciones de lxs estadounidenses. Por eso, “Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un inmenso poder”, dice. La Orden Ejecutiva del presidente de EEUU afirma que las plataformas digitales ejecutan “una censura selectiva” y menciona en particular a Twitter, que marcó como problemáticos sus tuits (agregando información, no censurándolos).
Por eso, Trump ordena con este acto que “se aclare el alcance de la inmunidad” de la sección 230 de la Communications Decency Act, dada la contundente actividad editorial que realizan las plataformas digitales, muy diferente a la que se imaginaba en 1996.
La Orden Ejecutiva objeta “que un puñado de compañías se convirtieran en titanes que controlan vías vitales para el discurso nacional y usan su poder para censurar el contenido y silenciar puntos de vista que no les gustan”. De ahí que, según Trump, no debe haber inmunidad general. Cuando hay “una conducta editorial”, “es política de los Estados Unidos que el proveedor pierda el escudo de responsabilidad limitada” de la Communications Decency Act.
El planteo de Trump es que las plataformas digitales estén expuestas a responsabilidad “como cualquier editor tradicional que no sea un proveedor en línea” y, por eso, su Orden Ejecutiva establece que todas las agencias y organismos estatales aclaren los alcances de la inmunidad de las plataformas digitales a la luz de su comportamiento editorial contemporáneo. en particular, si la conducta de la plataforma es inconsistente con sus términos y condiciones de servicio o si se toma sin dar aviso o derecho a la persona cuyo contenido es removido, editado o silenciado.
Además, y en un típico gesto provocador de su parte, Trump ordena “proteger el dinero” de lxs contribuyentes de “financiar plataformas en línea que restrinjan la libertad de expresión”, por lo que manda a revisar los gastos estatales en las plataformas digitales en concepto de publicidad y marketing
En paralelo, el decreto dice que el Departamento de Justicia “evaluará si alguna plataforma es un vehículo problemático para el discurso del gobierno debido a la discriminación del punto de vista, engaño a los consumidores u otras malas prácticas”. Aparte, instruye a la Comisión Federal de Comercio a “prohibir actos o prácticas injustas o engañosas en el comercio o que afecten al mismo”.
Por último, Trump crea un grupo de trabajo que coordinará el Fiscal General y revisará las prácticas de filtrado algorítmico, edición de las plataformas y las políticas diferenciales asociadas al “Partido Comunista Chino u otras asociaciones o gobiernos antidemocráticos”.
Lo siguiente es mi opinión: creo que la edición que hizo Twitter de los tuits de Trump fue correcta, lo que constata -precisamente- que las plataformas ejercen una función editorial. Paradójicamente, el trato que dispensó Twitter a los mensajes de Trump, al contrastar con la eliminación de tuits del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que eran muy probablemente dañinos para la salud pública (ver infodemia) y que Twitter había removido hace dos meses, en parte abona la acusación de discrecionalidad editorial que hoy hace Trump y que políticos de distintos países y muy diversas prácticas y líneas ideológicas, además de Estados (como Alemania o Francia), entidades supraestatales (como la Unión Europea), algunos medios de comunicación y especialistas, plantean desde hace tiempo. Ciertamente, ante la glorificación explícita de la violencia realizada por Trump acerca de las protestas en Minneapolis, Twitter fue más coherente con sus propios términos y condiciones y eliminó el contenido.
Hay quienes cuestionan la legalidad del decreto de Trump y anticipan que es muy controvertido en términos constitucionales. Lxs abogadxs de las big tech se harán, probablemente, un picnic con él. Pero, más allá de su dudoso impacto normativo, catapulta la responsabilidad de las plataformas a un nivel de la agenda que no había alcanzado cuando la senadora y ex candidata demócrata Elizabeth Warren lo planteó.
El encuadre de la noticia como una pretensión de Trump de “censurar las redes sociales digitales, como en China” es una forma victimizante y efectista, pero falsa de presentar la cuestión. Quien apela al alarmismo recrea los modos del propio Trump quien, con su rabieta, pateó un hormiguero que había sido cuestionado antes por muchos otros espacios políticos de lo más variopintos.