Neuquén: Por segunda vez, huelga de mineros y mineras de Andacollo
Casa de Gobierno de Neuquén
Los trabajadores y trabajadoras mineras de Andacollo se encuentran sosteniendo un corte en ruta 22 y un acampe frente al Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Estuvieron sin acceso a comida y abrigo hasta la noche del domingo, a la espera de una reunión que se realizaría hoy, pero que aún no tiene horario y lugar confirmado. La historia de un yacimiento que por segunda vez deja trabajadores en la calle. Por Corresponsal popular para ANRed
Luego de rechazar una propuesta de miseria, los trabajadores y trabajadoras de la mina de Andacollo permanecen en las puertas del poder judicial de Neuquén. La respuesta estatal ha sido de amedrentamiento y represión.
El conflicto anterior
La explotación de minas de oro en la zona de Andacollo puede rastrearse hasta fines del siglo XIX, a manos de CORMINE (Corporación Minera del Neuquén), empresa estatal dueña del yacimiento, dio la concesión de explotación a Minera Andacollo Gold SA (MAGSA) para extraer oro y plata. Vale decir que esta empresa es una subsidiaria de la más conocida Barrick Gold, protagonista de numerosos escándalos sociambientales por el perverso modelo extractivista que impone en cada área donde pone sus manos.
A partir de enero de 1999, la empresa se instaló en la zona de Andacollo con, entre otros compromisos, la obligación de contratar mano de obra local e inversiones para desarrollar la producción del yacimiento. Durante el año siguiente, Andacollo Gold fue despidiendo a todo el personal, algo más de cien trabajadores, supuestamente por problemas financieros. Por este motivo, en 2001, la provincia de Neuquén le otorgó un crédito de más de dos millones de dólares para reiniciar la explotación en la zona, ya reconvertida la planta, además de energía a precio preferencial. La empresa, por su parte, se comprometió a instalar una planta de fundición en la localidad, algo que nunca sucedió.
En 2004, pobladores del paraje Huaraco, cerca de Andacollo, denunciaron que la empresa había desviado el curso del arroyo homónimo, dejando sin agua toda la zona. Esto sucedió apenas unos meses después de que la empresa bloqueara los canales de riego de la zona para dirigir el agua hacia la zona de explotación. El argumento fue que el arroyo no daba suficiente agua para la explotación aurífera, por lo que había que hacer una obra para extraer agua del río Neuquén, supuestamente demasiado costosa para la empresa. Tras el reclamo popular, finalmente debió realizarse.
Ese verano de fines de 2004 y principios de 2005, personal de salud del Hospital Andacollo detectó brotes de diarreas y gastroenteritis en gente de la zona, pero, al investigar el agua, no encontraron microorganismos que expliquen la enfermedad, sino arsénico. A la peligrosidad propia del trabajo minero, se sumaba el impacto de la actividad y sus desechos en la población local.
Comenzó entonces una puja entre sectores de la sociedad que buscaban organizarse y amedrentamiento por parte de la empresa y el gobierno provincial. Los recursos se iban (la empresa entregaba en impuestos apenas un 3% de sus ganancias) y la contaminación quedaba. Incluso, los trabajadores mineros muchas veces tuvieron que ir a la huelga para evitar la caída de sus salarios, frente a los intentos de la empresa de maximizar sus ganancias.
En 2009 ocurrió un importante derrame hacia el arroyo Huaraco. El director provincial de Minería, Carlos Portilla y Martín Irigoyen, presidente de Cormine, dijeron que “aunque se puede hablar de contaminación porque se han alterado las condiciones naturales del canal, es un hecho menor que no ocasiona peligro para la vida, no se puede hablar de contaminación tóxica”. En ese momento, el gobierno provincial “analizó la posibilidad” de multar a la empresa, pero no sucedió. Portilla e Irigoyen siguen ocupando los mismos cargos el día de hoy.
En 2011 el precio del oro a nivel internacional terminó su escalada histórica, y a partir de 2012 comenzó un marcado descenso que se extendió hasta 2016. Por eso no es casualidad que en diciembre de 2014 Andacollo Gold haya abandonado la explotación, dejando a los trabajadores y trabajadoras en la calle. La empresa abandonó en sentido totalmente literal, ya que nunca se pudo dar con los accionistas, quienes se hicieron humo dejando deudas por casi 50 millones de pesos con el Estado provincial, los mineros y mineras y la AFIP. En ese momento el gobierno provincial aceptó pagar el 50% del salario a trabajadores mineros despedidos para realizar las tareas de mantenimiento, mientras Andacollo Gold se declaraba en quiebra, claro, luego de varios cambios de dueño, y de haberse llevado todo el material aurífero que tenían a la mano.
Corte de Ruta en Arroyito
Corte de Ruta en Arroyito
Trident y Andacollo Gold, la historia se repite
Esta situación se extendió hasta que se realizó una nueva licitación, y en agosto de 2016 desembarcó en Argentina y en Andacollo la empresa Trident Southern Explorations. Comprometida a pagar 4,6 millones de dólares a lo largo de diez años y el 3,3% de sus ganancias en concepto de regalías, incorporó a los trabajadores echados por Andacollo Gold. Además, su pliego fue aceptado por incluir un plan de inversiones de más de 100 millones de dólares para 25 años de explotación, que en su mayoría iban a salir de una inmobiliaria estadounidense, Transcontinental Realty Advisors Inc.
Sin embargo, la historia vuelve a repetirse, y desde 2018 comenzó un paulatino proceso de vaciamiento del emprendimiento. Del crédito de la empresa estadounidense no había noticias, y la empresa argumentaba que el fallecimiento del dueño de la inmobiliaria había dificultado su llegada. En junio del año pasado trabajadores de la mina debieron bloquear el ingreso a la planta porque la empresa no cumplía con las normas de seguridad e higiene, a tal punto que no tenían ambulancia para un eventual accidente. En septiembre, realizaron un corte en la conocida ruta 40, luego de dos semanas de demora en el pago de sus salarios. En ese momento, denunciaron que los dueños estaban vaciando la empresa.
Este año, ya iniciado el aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, el salario de marzo nunca llegó. El 24 de abril, la empresa solicitó la apertura del concurso de acreedores. El gobierno provincial había comunicado incumplimientos de las obligaciones de la empresa una decena de veces, sin embargo, nunca tomó acciones concretas, a tal punto de que la producción, que debía iniciarse en enero de 2019, nunca comenzó.
En ese marco, en un manotazo de ahogado, el 8 de mayo las autoridades provinciales decidieron rescindir el contrato de concesión. Tarde recordaron que nunca exigieron a Trident la garantía de un millón de dólares que establecía el contrato de concesión. Así, la empresa abandona a su suerte a los 238 trabajadores, a quienes les adeuda dos meses de salarios. Además, deja sin pagar deudas por más de 97 millones en pesos argentinos, 41 millones en dólares y 22 millones en pesos chilenos.
En esta situación, el 23 de abril los trabajadores y trabajadoras tomaron el municipio local, mientras sostenían un corte en ruta 43. El 25 de abril tomaron las instalaciones de la mina. El 28 de abril directamente salieron hacia la capital neuquina, al centro del poder provincial, y arribaron a la casa de gobierno el 29 de abril a la mañana. El día entero se sucedió en reunión de mediación judicial, en la que finalmente la empresa se comprometió a pagar el 4 de mayo los sueldos atrasados de marzo y a abonar en tiempo y forma los de abril, mayo y junio. Los trabajadores, por su parte, levantaron las medidas de fuerza y retornaron a su localidad. El 5 de mayo, sin haber cobrado marzo, y tampoco abril, los mineros nuevamente fueron hacia Neuquén.
Las fuerzas de seguridad intentaron bloquear su paso en Zapala y Cutral Co, pero el punto final lo encontraron en la localidad de Arroyito, cerca de donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en 2007, a casi 60 km de la capital. Allí sostienen, desde hace dos semanas, un corte intermitente de la ruta 22. Al mismo tiempo, en un acto de tremenda gravedad institucional, Gendarmería allanó casas de los trabajadores mineros en Andacollo, algo que no tiene ningún tipo de justificación en el delito que buscan imputarles, que es por el incumplimiento del aislamiento social. Lo hicieron, además, en medio de la noche, e incluso ingresaron a domicilios de otros vecinos y vecinas. Esto generó una contundente respuesta social, que se expresó en una marcha el 13 de mayo pasado.
Corte de Ruta en Andacollo
Actualidad del conflicto
Desde el 5 de mayo, pasaron diez días, y el viernes 15 de mayo se realizó una nueva audiencia de mediación. Iba a ser el 13, pero Trident pidió que se posponga para poder participar. Sin embargo, el 15 no asistió. Quienes sí participaron fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes movilizaron una comisión que se instaló en las puertas del Ministerio Público Fiscal mientras el resto sostiene el corte en Arroyito. En ese encuentro, el gobierno ofreció una asignación familiar de $20.000 mensuales por seis meses, y el compromiso de buscar una nueva firma que se haga cargo del emprendimiento.
Los mineros y mineras rechazaron el acuerdo, y las fuerzas de seguridad rodearon el acampe e impidieron que quienes se acercaron solidariamente a aportar abrigo y comida pudieran hacerlo. Además, golpearon a un trabajador que fue a comprar a un supermercado cercano e incluso detuvieron a dos personas que iban a armar una carpa para que pudieran pasar la noche, que horas más tarde fueron liberados. Recién en la noche del domingo las fuerzas de seguridad permitieron que llegaran alimentos al acampe, y durante el día de hoy, lunes 18 de mayo, los trabajadores y trabajadoras se encuentran a la espera de una nueva reunión de mediación, que no tendría confirmada hora y lugar.