18/05/2020

La CIDH resolvió una cautelar a favor de Lof Buenuleo

De esta manera el Estado argentino tiene 20 días para informar sobre las medidas concretas que adopte para proteger los derechos a la vida e integridad personal de todos sus miembros. La resolución de la CIDH insta a que las medidas necesarias sean consensuadas con la comunidad como lo determina el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Matías Schraer, apoderado de Lof Buenuleo asegura que el cumplimiento puede marcar precedente para la comunidad y la situación de todas las comunidades mapuche que habitan en Puelmapu*. Fotografía de Alejandra Bertoliche.  Por Manuela Wilhelm (ANRed)

El jueves 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió favorablemente a la solicitud de una medida cautelar en favor de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo de Furilofche (Bariloche). Según el artículo 25 del reglamento de la Comisión, las medidas cautelares se otorgan «en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas o al objeto de una petición».

De esta manera, Felipe Carlos Solá, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina recibió en su despacho la notificación enviada por Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien «aprovechó la oportunidad para expresar a la Misión Permanente de Argentina el testimonio de su más alta y distinguida consideración».

La solicitud había sido elevada a la CIDH el 25 de octubre de 2019, cuando hacía poco más de un mes que la comunidad iniciaba la recuperación territorial de 90has del Cerro Ventana de Bariloche. En ese lapso sus miembros habían sufrido agresiones físicas y amenazas de parte del privado Emilio Fridriech y un grupo de personas que responden a él. Mientras se acentuaba la violencia que también se dirigía a los niños, niñas y adolescentes que integran la comunidad, a su vez avanzó una causa en su contra por usurpación acompañada por la Fiscalía de Bariloche a cargo de Lozada.

Según el documento, la Comisión observó que esa situación de violencia continuó hasta el día de hoy en conformidad con el artículo 25, y así lo muestra en el primer punto de la resolución donde recupera fecha por fecha cada hecho de violencia que la comunidad denuncia haber sufrido hasta el 29 de abril de 2020 hasta resumir las condiciones que le preocupan.

«Además de los solicitantes haber reportado reiterados episodios de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo, la Comisión nota con preocupación que los presuntos perpetradores habrían empleado, en más de una ocasión, armas de fuego, arrojado piedras y gomeras y llegado incluso a golpear hace escasas semanas a uno de los propuestos beneficiarios, contra quien se habrían efectuado disparos. La intensidad del riesgo enfrentado puede asimismo apreciarse a través de una serie de indicios que supuestamente denotarían una voluntad manifiesta de atentar contra sus derechos, tales como el sabotaje de los vehículos, las aparentes emboscadas en el único camino de acceso a la comunidad,incluso con la presencia de niños y niñas o el tenor de las amenazas proferidas: “ya vas a ver nos vamos a encontrar en la escuela te vamos a hacer mierda”».

Ante esta serie de situaciones de riesgo inminente, la CIDH había pedido un informe al Estado argentino que este respondió y alegó que «se constata la presencia de autoridades provinciales y federales en territorio a modo preventivo, por lo que no se acreditan los requisitos del artículo 25 del Reglamento de la Ilustre Comisión».

Pero el mensaje de que estaba «todo bien», no convenció al órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La resolución de la CIDH le refirió al Estado Argentino que «la Comisión toma nota de la respuesta del Estado y valora que, según fue reportado, se hubiera buscado “[…] evitar todo hecho de violencia que pudiera ocurrir” con la colocación de una guardia permanente en las cercanías del territorio en disputa, presente desde 10 de septiembre de 2019» pero apunta que «Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que la medida implementada no habría evitado la continuidad, incrementación y concretización de amenazas y actos de violencia en contra de las personas propuestas como beneficiarias, conforme fue detallado arriba»

Los hostigamientos se acrecentaron durante la cuarentena obligatoria y suscitaron la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación. Al respecto la CIDH desarrolla: «Se observa que, según los solicitantes, tras el decreto de cuarentena por la pandemia de COVID-19, se habría levantado la referida guardia, sin que se cuente con información de que se hayan adoptado medidas de protección sustitutivas; al contrario, se alegó que hubo un incremento en las agresiones en contra de los miembros de la comunidad. Al respecto, la Comisión recuerda que, en su Resolución 1/2020“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” se destacó que la actuación de los Estados debe estar en conformidad, inter alia, con el deber de garantía de los derechos humanos».

Finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a Argentina que adopte «las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo», haciendo especial énfasis en que se respete el derecho de la comunidad a consensuar las acciones. A su vez, la Comisión le pide al Estado que se le informe «sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición»

Un análisis donde se priorizan los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad

«Es medio crónica de una muerte anunciada», expresa Matías Schraer, apoderado de Lof Buenuleo sobre el recorrido de la comunidad hasta la intervención de la CIDH, con una resolución donde se hace énfasis en que se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, en tanto peligra la vida de los miembros de la comunidad.

«Cuando el 20 de marzo el fiscal jefe de San Carlos de Bariloche levanta la guardia porque dice que tiene que alejar al personal policial por el COVID 19, eso es un escándalo. Acá la Comisión le dedica un párrafo entero a eso. Ahí empezó el incremento de las agresiones, fue muy alevoso y por eso intervino el Ministerio de Seguridad de Nación. Porque se dieron cuenta que de parte de la Provincia había un acompañamiento de estas agresiones que lograban concretar porque el fiscal primero decidió levantar la guardia y luego cuando nosotros logramos a través de un Habeas Corpus colectivo que la guardia se reinstale, el jefe de la policía de Bariloche dijo «la pongo donde se me canta», y la puso donde no cumplía ninguna función. Eso hizo que esta gente tuviera zona liberada para avanzar y tratar de despojar a la comunidad de parte de territorio. Yo creo que por eso entra acá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tirarle las orejas al Estado nacional y espera que el Estado le tire las orejas al Estado provincial», reflexiona Matías Schraer.

Como miembro de la AADI, la asociación que nuclea a las y los abogados especialistas en derecho indígena y apoderado de comunidades mapuche de Puelmapu, Matías cuenta que «en la zona de Río Negro y Chubut los casos como estos de particulares que mediante presiones y amedrentamiento, con la complicidad de la policía y el sistema judicial local intentan quedarse con territorios mapuche se cuentan de a decenas». Recientemente la AADI publicó un comunicado donde repudió la violencia contra la Comunidad Buenuleo y Kom Kiñé Mú titulado «Política criminal racista en Río Negro». A la luz de la resolución de la CIDH, Matías analiza: «Pero ahora que la Comisión se haya metido y le exija al Estado nacional creo que va a marcar un precedente, nadie va a escapar. Son deseos pero esperamos que alguien haga algo más allá del Acta que se firmó. Acá la CIDH pide medidas concretas».

Por su parte, la comunidad que actualmente cuenta con la guardia del COER recibió con mucha alegría la noticia de un fallo a favor del respeto de sus derechos. «Todos los días al ver que hay gente nos apoya y ayuda, incluso con esta medida cautelar a favor, con más razón, con más newen, con más fuerzas nos sentimos para seguir adelante en esta lucha» expresó Deolinda Buenuleo en comunicación con ANRed.

*Puelmapu: territorio del este que se entiende como territorio mapuche que hoy está ocupado por el Estado Argentino.

 



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