08/05/2020

Con fuerte rechazo Larreta obtuvo una Ley de Emergencia que garantiza ajuste

Ayer, 7 de mayo, los legisladores del PRO y radicales, aprobaron la emergencia económica y financiera en CABA. La misma otorga superpoderes a Larreta, pone en riesgo fuentes laborales, congela salarios y recorta el área de vivienda. Su fuerte rechazo provocó la segunda movilización en la Ciudad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Por Ludmila Paroldi Algranati y Gigi Krein *


 

El oficialismo porteño logró aprobar ayer, con 38 votos positivos contra 21 negativos, una repudiada ley de Emergencia económica y financiera. El rechazo se hizo sentir no sólo dentro del recinto y también en las calles. En el exterior de una legislatura completamente vallada, se congregaron organizaciones barriales, sindicales (de trabajadores de la salud, docentes, estatales) y políticas para mostrar su descontento. Y no es para menos, ya que en el delicado contexto económico y social que viven las y los trabajadores hoy en día, el oficialismo consiguió congelar salarios, poner a revisión 18.000 puestos de trabajo precarizados y reducir un ya castigado presupuesto en materia de vivienda (10% menos que en 2019). Incluso, en un primer borrador del proyecto, el PRO proponía el pago escalonado y diferido del salario de las y los trabajadores estatales. Debido al amplio rechazo (incluso dentro de Juntos por el Cambio), debió quitar el artículo.

Con certeza, uno de los temas más resonantes de esta semana fue el crecimiento exponencial de contagios por coronavirus, el crecimiento del número de fallecidas/os y el avance sin freno del dengue. En las barriadas populares se concentran ya el 90% de los nuevos contagios de COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires, sumando hoy 410 en positivos confirmados y 6 muertes. Los barrios que encabezan el listado son la 31 con 280 positivos, seguido de la 1-11-14, con 104.

A este panorama hay que sumarle desidias estatales tan graves como la falta de agua desde hace más de 20 días en la Villa 31, a la cual se suma desde hace dos días la falta de luz en muchos sectores. ¿De qué prevención y cuidados podemos hablar si no hay agua? 

Frente a esta situación, tanto desde la Secretaría de Integración Social y Urbana (presidida por Diego Fernández), como desde el IVC –  Instituto de Vivienda de la Ciudad (encabezado por Juan Maquieyra), no se han dado respuestas al manejo de la pandemia y su estallido anunciado. A pesar de las exigencias de los comités de crisis de las barriadas, el GCBA no cuenta aún con un protocolo de actuación ante casos sospechosos (ni en cuanto a atención, ni en cuanto a aislamiento).

Como contrapartida, si bien se realizaron cambios sobre el proyecto original, se mantiene el recorte estructural al IVC y se dan los inmuebles que llegan a mano del estado directo al tesoro de la ciudad. Con una política poco clara de aislamiento frente a la avanzada de casos confirmados de coronavirus, y los malos manejos de recursos perpetrados por Larreta y su equipo, se reclama que dichos inmuebles pasen directamente a ser centros de cuarentena y aislamiento para quienes viven en condiciones de hacinamiento, sufran violencia de género o se encuentran en situación de calle.

Otro de los puntos regresivos de esta nueva ley, es la posibilidad del Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias a fin, supuestamente, de paliar la emergencia sanitaria. Según la redacción del primer proyecto, podía no informar el destino de los recursos reasignados, ni debía dar cuenta de cómo se ejecutarían los mismos. Además, tenía total discrecionalidad total para manejar el 100% de los fondos. Tras críticas a la lógica de dotar de superpoderes a Larreta, en la versión aprobada ayer, se crea la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, que irónicamente, es presidida por dos legisladores oficialistas (quienes presiden las comisiones de Hacienda y Salud), cosa que pone en duda cuánto controlarán realmente.

A pesar de aducir la necesidad de “caja” para disponer en gastos relacionados con la crisis sanitaria, el GCBA es apuntado en varios escándalos ligados a sobreprecios. Desde barbijos adquiridos a $ 3000 por unidad, hasta una contratación directa por $ 5.000.000 de un hotel de la hermana de Larreta, hay sobradas muestras que en realidad plata hay, sólo que se usa para beneficiar a amigos y no para garantizar derechos básicos como el trabajo y la vivienda. Entran aquí también los miles de millones que se contemplan en el presupuesto de 2020 como “gasto impositivo”, destinado a pagar con arcas públicas diversos impuestos de las empresas radicadas en los distritos económicos. Otro claro ejemplo de las prioridades del PRO y sus aliados es el gasto de $ 53 millones en equipamiento antidisturbios, según ellos, para hacerle frente a la crisis socioeconómica que se atraviesa por la pandemia. 

Como si el destino de todos estos fondos no dejara en claro los favoritismos a la hora de usar el presupuesto, el día 6 de mayo en el boletín oficial figuraba un recorte de 785 millones para ”Fortalecimiento comunitario”, programa que atiende mayormente a comedores y merenderos. Tras las críticas, el gobierno adujo la decisión a un “error” y dieron marcha atrás.

La discrecionalidad en dónde aplicar el ajuste no es sólo tema del gobierno local. Días atrás, en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con la UIA y la CGT, en la que se acordó una rebaja del 25% a salarios de trabajadores suspendidos durante la cuarentena. Mientras tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán, termina de acordar con los bonistas tenedores de deuda su reestructuración, con la presión de empresarios para no caer en default. Sumado a esto, recientemente el gobierno nacional giró al FMI USD 320 millones en concepto de intereses

Ante la política del “si pasa, pasa” para que el costo de la crisis se pague a costa de derechos, un puñado que concentra la riqueza se espanta de sólo pensar en un impuesto a su acumulación, sin importarles que sean la salud, el trabajo la educación, la vivienda; en definitiva, la vida de millones, que estén sosteniendo este desastre a nivel mundial. Claramente, ayer fue un punto de inflexión en el que varias organizaciones del arco de la izquierda dijeron “basta”, ya que el hambre no espera. Tras casi 50 días de cuarentena, sumando despidos, suspensiones y la paralización del trabajo informal, la situación económica de miles de trabajadoras y trabajadores es realmente grave. La inacción estatal en este marco, así como el ajuste de las y los que menos tienen, dieron las condiciones para que, incluso en un contexto de cuarentena, se llevara adelante esta protesta (la segunda en CABA desde que se transita el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).

* Integrantes de las Consejerías de Vivienda 



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