«El Ejército reparte alimentos para recuperar una imagen, pero nunca va a poder porque tiene un genocidio detrás»
Entrevista a Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante “Cachito” Fukman, sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la cuarentena por Coronavirus, el papel del Ejército, los pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores y las perspectivas post pandemia: “como va a pasar en todo el mundo, va a dejar a millones y millones de personas en la calle, sin ingresos y ahí es donde se va a agravar y obviamente vamos a impulsar salir a la calle”. Por Mario Hernández.
M.H.: Comenzamos el programa hablando del ciber patrullaje, leímos parte del comunicado del EMVJ en repudio, comentamos el caso del joven de Balcarce a quien le abrieron una causa penal por un meme. Ayer tuvimos oportunidad de hablar con los trabajadores del frigorífico Penta violentamente reprimidos. En CABA Rodríguez Larreta gasta 52 millones de pesos en equipamiento para reprimir. ¿Qué nos tiene para decir el Encuentro Militante “Cachito” Fuckman de estas y otras situaciones de represión que estamos viviendo en el marco de la pandemia?
C.L.: El agravamiento de la situación respecto de la violación de los DD HH se va extendiendo en todo el país. Nosotros denunciamos el ciber patrullaje con el EMVJ y venimos tomando nota de todos los hechos que vienen pasando en todo el país.
Tenemos una crisis anterior a la pandemia que ya se venía expresando y este contexto la vino a agravar, pero también nos trajo como resultado esta autorización de despliegue de la Gendarmería, este blanqueo del Ejército ante la sociedad, para repartir comida en los comedores populares o lugares asignados. El Ejército no pone dinero, actúa en forma clientelar, toma los alimentos que da el Estado para repartirlos y así posicionarse, recuperar una imagen que nunca van a poder porque tienen un genocidio detrás.
Además a todo esto se suma la presión de los grupos económicos que constantemente desoyen los reclamos de los trabajadores. La represión es una oportunidad que han tomado a partir de la pandemia las fuerzas represivas del Estado. Y el gobierno, si bien dice que no autorizó la represión, la represión se sigue dando y la cuarentena va a continuar.
M.H.: ¿Qué información tenés sobre el tema de las domiciliarias a condenados por el terrorismo de Estado?
C.L.: Ese es otro tema, aprovechando la pandemia se han producido una lluvia de pedidos de domiciliarias por parte de los genocidas, especialmente en La Plata y los jueces en Mendoza que es donde más casos han habido de conceder la domiciliaria. Pretenden beneficiarse de una situación tan trágica como es esta pandemia para obtener réditos personales.
Nosotros siempre consideramos que estas personas tienen que tener cárcel común, perpetua y efectiva y para seguridad de ellos están en unidades donde hay hospitales, como en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz. No están hacinados, tienen un médico a disposición y lo que quieren lograr es modificar las condiciones de detención.
No tienen que tener prisión domiciliaria. Están muy bien en las cárceles y para nosotros es un problema que estos asesinos estén conviviendo con los familiares de las víctimas y con la sociedad en general, son un peligro, porque nunca se arrepintieron, jamás dijeron nada. Tememos que quieran tomar venganza, entonces estos jueces a quienes también denunciamos porque se acomodan a la situación para otorgar la domiciliaria, tienen que tener en claro que están presos por haber cometido delitos aberrantes, condenados por toda la sociedad y también en la justicia. No merece ninguna revisión su prisión.
M.H.: Me imagino que los juicios de lesa humanidad estarán parados.
C.L.: Sí, hay una feria judicial, están parados desde el 19 de marzo fecha en la que el gobierno decretó la cuarentena.
M.H.: ¿Cuáles son esos juicios pendientes?
C.L.: Está por terminar el juicio ESMA 4, el de la Brigada de San Justo en La Plata, después hay 12 juicios en desarrollo. Hay uno que corresponde a Zárate-Campana que también está en la fase final de alegatos y después se están desarrollando en Córdoba, Jujuy. Son varias las provincias. Vesubio empezó pero recién está en fase de audiencias semanales de un par de horas y hay más de 400 casos, eso va a llevar años si se implementa ese mecanismo. Ya veníamos denunciando este alargamiento en las audiencias. En algunos casos hay una audiencia por semana y en otros una cada dos semanas. Entonces eso es una clara maniobra de complicidad del poder judicial con los criminales.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
C.L.: Me parece importante resaltar que los sectores más desfavorecidos han recibido una medida acertada de dinero, aún insuficiente, que debería ampliarse temporalmente y no debería ser solo por esta vez.
Pero vemos con preocupación el rol de los grandes grupos económicos, el sindicalismo burocrático y el periodismo cómplice están boicoteando la cuarentena, presionando al gobierno para que la levante, poniendo en peligro la vida de miles y miles de personas.
El Estado ha dictado normas para evitar el cierre de empresas, les ha dado créditos a las Pymes, ha dictado un decreto prohibiendo los despidos y la reducción del salario y otro decreto estableciendo precios máximos.
Lo que ha pasado es que el Estado no tiene poder ante estos grupos porque hay despidos, reducción de salarios, cierre de empresas, los precios siguen aumentando, la inflación también y todo esto pone en peligro y agrava aún más la crisis, porque la crisis económica estaba antes de la pandemia y ahora se agrava. Y el gobierno no está tomando medidas frente a esto, Techint es el caso más emblemático.
M.H.: Ahí hubo una intervención del propio gobierno a través del ministerio de Trabajo homologando los despidos.
C.L.: Exactamente, y ahí hay otro factor clave que es el sindicalismo burocrático, la CGT. El gobierno decreta la prohibición de despidos y luego avala un acuerdo entre Techint y el sindicato de la UOCRA de Gerardo “Batallón 601” Martínez, tristemente célebre. Los Rodríguez, los Acuña, los Daer, todo este sindicalismo que está en la conducción de la CGT está dispuesto a hacer la vista gorda frente a la baja de salarios y los despidos.
M.H.: Hemos visto a Ramón Muerza, el principal referente gremial de la cadena de supermercados Coto, acompañando a Alfredo Coto exigiendo la apertura de sucursales de la empresa que habían sido cerradas por remarcación de precios.
C.L.: Esto se viene denunciando y evidentemente el poder del Estado no es suficiente como para poner en caja a estos sectores. El gobierno ni siquiera está en condiciones de cumplir los propios decretos de necesidad y urgencia que dicta. No está en condiciones, va a haber que discutir profundamente el control de precios por parte de los sectores populares y lo que decías del Frigorífico Penta, siendo una actividad esencial la patronal decidió cerrarlo, no paga los sueldos y los despide. ¿Cuándo va a actuar el Estado?
Para agarrar a unos pibes que salen a la calle están siempre listos, pero para hacer cumplir los decretos que el gobierno dicta, el Estado no interviene, deja hacer y eso se va a agravar cuando podamos salir de esta situación de pandemia porque, como va a pasar en todo el mundo, va a dejar a millones y millones de personas en la calle, sin ingresos y ahí es donde se va a agravar y obviamente vamos a impulsar salir a la calle, obviamente los trabajadores, especialmente los afectados, no las burocracias.
M.H.: Leí una propuesta que hicieron una serie de sectores respecto de un salario mínimo para todos los trabajadores, no sé si tenés alguna información al respecto.
C.L.: Se viene discutiendo hace largo tiempo a nivel mundial el tema de la renta básica, es un cambio fundamental en las relaciones de producción y civilizatorio. El ingreso estuvo siempre ligado al empleo, en las sociedades capitalistas, y lo que se plantea es un ingreso universal, independientemente de tener o no empleo.
Esta es una medida que parecía utópica pero que cada vez la están tomando más sectores a nivel internacional. Inclusive para sorpresa nuestra hasta el Papa Francisco habló de ese ingreso universal. Y es evidente que esto va a tener que hacerse porque después de esta crisis van a cerrar muchas empresas y no va a haber ingresos, eso va a llevar a una crisis social que va a llevar a una crisis política de envergadura y que no se tiene que resolver con represión sino facilitando a los sectores populares un ingreso que tendrá que ser convenido a través de un trabajo, ya no un empleo, en línea con las necesidades elementales de la población: alimentación, vestimenta, salud, vivienda y educación que son los puntos básicos.
Esto abre las puertas para discutir un nuevo modelo productivo en el país y que no lo vamos a hacer con aquellos que se aprovechan de todo, inclusive de esta pandemia, como Techint y los demás grupos empresariales, como lo han hecho siempre.