En Chubut se logró un Hábeas Corpus Colectivo que pone límites a los abusos policiales
El gobierno de Mariano Arcioni deberá atenerse al protocolo del Ministerio de Seguridad de Nación, ya que la Jueza Mirta Moreno derogó todas las resoluciones provinciales que avalaban los abusos policiales. Si bien esto es un avance para la protección de los derechos humanos, se cuestionó la ausencia de las voces de las personas violentadas, la necesidad de profundizar la Protección de Derechos Civiles y la impunidad de los funcionarios responsables. Por Corresponsal Popular para ANRed.
Este lunes en audiencia remota, la Jueza Mirta del Valle Moreno hizo lugar a los pedidos de Hábeas Corpus Colectivos Preventivos para poner freno al avasallamiento de derechos humanos frente a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Chubut, que hasta hoy dejó un saldo de casi 5000 detenciones y múltiples denuncias por vejaciones, desde que comenzó la emergencia sanitaria nacional por el Covid 19.
Moreno ordenó el cese inmediato del total de cada una de las resoluciones dictadas e impuestas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Federico Massoni, y desde ahora la provincia debe adecuarse al protocolo del Ministerio de seguridad de Nación.
Tras la nulidad determinada por la Jueza, se da lugar a los tres Hábeas Corpus presentados por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Defensoría Pública y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia. La audiencia por teleconferencia contó con la intervención de Mariano Przybylski por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, German Kexel en representación de la Defensoría Pública y Mariela Flores Torres por la Comisión contra la Impunidad y la Justicia, además de los abogados Omar López y Eduardo Hualpa.
Asimismo tomaron la palabra referentes del Ministerio Público Fiscal y los representantes de gobierno, Ministro de seguridad Federico Massoni y Ministro de Gobierno José María Grazzini.
Tras las denuncias efectuadas por las víctimas de los abusos policiales que impulsaron la apertura de los hábeas corpus, Grazzini y Massoni indicaron que el gobierno resolvió dar de baja las resoluciones del Ministerio de Seguridad, a partir de un documento que cabe aclarar aún no está rubricado ni fue publicado.
Por tal motivo y hasta tanto el documento tenga validez, la jueza Moreno derogó las resoluciones del Ministerio de Seguridad de Chubut, que había impuesto controles excesivos y superaban los límites del decreto 297 de Nación que establece aislamiento social preventivo y obligatorio.
“En muchos de los casos», advirtió la jueza, «se ha perdido el objetivo del aislamiento, que era evitar la propagación del virus, y se han puesto hechos de relevancia y de trascendencia grave que sí han llevado a provocar esta alarma en la que intervienen los organismos de derechos humanos”.
En adelante las fuerzas de seguridad no podrán alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza. Esto es: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad. Por eso no deberán realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas que se encuentren en la vía pública recordando que el abordaje debe ser personal; no proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los cuales una persona se encuentra fuera de su domicilio; no podrán realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente; no podrán realizar los traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas de seguridad sin intervención del poder judicial o ministerio público fiscal.
En caso de que una persona se encuentre tomando registro fílmico de una intervención policial no podrá impedirse dicha actividad. Este protocolo es al que ha adherido el gobierno de la provincia a través de la resolución número 44 firmada por el ministro Massoni en el día de la fecha y se habrá de aplicar.
Sin embargo, la audiencia dejó un sabor amargo dado que no se pudo escuchar las voces de las personas vulneradas. Se vio una marcada diferencia entre los que ocupan lugares privilegiados, y quienes afrontan a diario el abuso de las fuerzas. En este sentido fue llamativa la presencia del Ministro de Gobierno, José Grazzini, quien no estuvo convocado, y tomó la palabra cuando la jueza interpeló a Massoni.
La jueza, por su parte, remarcó que “las cuestiones de fondo, si existieron o no abusos, si hubo apremios, vejaciones o conductas que se encuadran dentro de las calificaciones penales, eso escapa al ámbito de investigación y de decisión que debo tomar en esta audiencia”; dejando abierta otra incógnita, ¿se duda que hubo abusos o vejaciones? Quizá si se escuchara a las personas violentadas tendría otra perspectiva de la realidad que se vive en la provincia.
También fue llamativa la ausencia del Jefe de la Policía de Chubut, el comisario Miguel Gómez, dado que es quien aplica las órdenes represivas del ministro Massoni. Una gran parte vio la audiencia como una conciliación y no como un Hábeas Corpus presentado por quienes necesitan ser protegidos y que se respeten sus derechos. La situación todavía no está resuelta, es necesario que la población continúe denunciando los abuso policiales y defendiendo la democracia que merece la provincia.