Filipinas: en la delgada línea entre una “democracia con mano firme” y una dictadura declarada
Rodrigo Duterte, presidente actual de la República de Filipinas y miembro del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, dio la orden a las fuerzas de la ley de ejecutar a los ciudadanos que no respeten la cuarentena impuesta a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Su declaración fue una respuesta ante una manifestación ocurrida en el barrio de San Roque, dentro de la localidad de Manila (capital del país), donde personas de escasos recursos se reunieron para reclamar desesperadamente por ayuda humanitaria, como consecuencia de las crecientes y terribles necesidades que se están viviendo a raíz de la cuarentena por coronavirus. Por Sebastián Lionel Meglio, para ANRed.
“No dudo, son mis órdenes para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar. A cambio de causar conflictos, serán enviados a la tumba.” Hace pocos días, durante una cadena nacional, estas fueron textuales palabras del presidente de Filipinas, país insular ubicado en el sudeste asiático. Su declaración surgió a modo de respuesta ante una manifestación ocurrida en el barrio de San Roque, dentro de la localidad de Manila (capital del país). Personas de escasos recursos se reunieron en dicha zona para reclamar desesperadamente por ayuda humanitaria, como consecuencia de las crecientes y terribles necesidades que se están viviendo a raíz de la cuarentena por coronavirus.
Rodrigo Duterte, de ideología nacionalista-socialista-democrática y perteneciente al partido de centro izquierda con el cual ganó las elecciones en 2016, parece estar cada vez más alejado de los valores que pregonaba durante su campaña electoral. Este no es el primer acto de uso de violencia por parte del regente. El año pasado Duterte amenazó con “golpear” a Agnès Callamard, experta francesa en derechos humanos y relatora oficial nombrada por la ONU, cuando esta declaró que dentro del país se habían llevado a cabo más de siete mil ejecuciones extrajudiciales en el marco de la lucha gubernamental contra las drogas y el narcotráfico. Dicha cruzada fue una de las promesas de campaña del presidente filipino.
Ya en el mandato, el regente ha amenazado numerosas veces a la oposición política para que no interfieran durante su gestión. El pasado 20 de marzo, autoridades de la provincia de Laguna encerraron a 5 jóvenes en una jaula durante toda la noche, rodeados por perros callejeros. El motivo de la detención fue el de “violar la cuarentena”. Por esta misma razón, policía de la localidad de Parañaque obligó a un grupo de infractores a sentarse bajo los ardientes rayos del sol durante todo el día a modo de castigo. La justificación oficial fue que “no tenían otro lugar donde detenerlos.” El número de atrocidades llevadas a cabo por las fuerzas de la ley que responden a Duterte parece no tener fin.
Al comenzar la emergencia sanitaria, obtuvo “poderes especiales” mediante el congreso para poder lidiar con la pandemia. Está ejerciendo dichas facultades mediante el abuso de poder implementado por medio de las fuerzas de seguridad. Ha dejado prácticamente en último plano al Departamento de Salud, el cual debería estar a cargo en cuanto a la administración de una emergencia sanitaria. Los centros de detención están a tope, generando un riesgo de contagio innecesariamente elevado e injustificado.
“El consejo de los derechos humanos debe tomar una posición, el accionar del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte no puede quedar sin respuesta” (Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos).
¿Fue ésta siempre la verdadera (y oculta) faceta de este gobernante? ¿Amenaza la situación mundial actual con destruir lo poco que le queda de “humanidad”? Desde la ONU, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad al Hussein afirmó que: “el presidente filipino necesita una evaluación psiquiátrica. Estos hechos no pueden quedar sin respuesta. El consejo de derechos humanos debe tomar una posición”. Así mismo, la organización estadounidense no gubernamental sin fines de lucro Humans Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) ha realizado innumerables denuncias sobre la tortura y el maltrato que sufren los filipinos cuando violan el aislamiento.
Ciudadanos filipinos enjaulados por violar la cuarentena. Imágenes difundidas por Humans Rights Watch.
La definición de «terrorista», según el diccionario, es “aquella persona que utiliza alguna forma violencia, o la amenaza de cometer actos de violencia, para lograr cumplir objetivos políticos y/o ideológicos”. Deberíamos analizar si realmente este presidente que dice ser democrático no es (o siempre fue) un dictador enmascarado. Un lobo en piel de cordero. La línea entre la democracia “con mano firme” y la dictadura prácticamente se ha desvanecido. La justicia internacional debe tomar medidas de manera urgente. De lo contrario, podríamos estar ante la presencia de una de las próximas y más temibles autocracias de la historia.