La pandemia, los femicidios y la política de cotillón
La sorpresiva situación desatada por el COVID-19 abre un sinfín de interrogantes que urge comenzar a responder. A las medidas económicas y de aislamiento que el gobierno viene desarrollando, se le suma que desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación lanzaron una campaña que, además de parecer distópica, resulta peligrosa e inefectiva: #BarbijoRojo. ¿En qué consiste y por qué nos parece “de cotillón”? Por Daniela Cohen Arazi y Natalia D’Amico para ANRed
El pasado lunes de cuarentena, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación lanzó una campaña denominada #BarbijoRojo. Esta iniciativa, en aparente coordinación con la Confederación Farmacéutica Argentina, consiste en que “las mujeres y personas LGBTI+ podrán acercarse a la farmacia más cercana de su barrio o llamar a la de confianza y solicitar un #BarbijoRojo, para que el personal comprenda que se trata de una situación de violencia por motivos de género y gestione una comunicación con la Línea 144”. Una campaña importada de España, con bajos resultados positivos.
Desde el inicio de la cuarentena, 13 mujeres y niñas han sido asesinadas por sus parejas, ex-parejas o simplemente por hombres femicidas. El aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, o bien cuarentena obligatoria, condena a muchísimas mujeres a convivir con sus parejas violentas. El Observatorio de Violencia de género “Ahora que sí nos ven” comprobó que, del total de femicidios ocurridos en el año 2019, el 63% fueron en la casa de la víctima. La ilusión de que el hogar es un refugio de amor y contención queda obsoleta, no existe: el lema #QuedateEnCasa es casi una sentencia de muerte para las miles y miles de personas que sufren violencia de género cotidianamente.
🚨86 FEMICIDIOS EN 2020🚨
Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” damos a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. pic.twitter.com/fkNCiK3BF2
— AHORA QUE SÍ NOS VEN ⚡️ (@ahoraquesinosv4) April 1, 2020
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– Necesito hablar urgente con vos. Una compa está pasando una situación de violencia con su pareja y ya llamó varias veces a la policía y nadie le contesta.
El mensaje llega a las 22:30 un domingo de cuarentena. Del otro lado del teléfono, una compañera que intenta ayudar a otra que vive a pocas casas de la suya. Enseguida se activan los celulares del resto de las integrantes de la comisión de género del FOL y las preguntas de siempre para empezar a tejer la red:
– ¿La compañera puede irse a la casa de alguna vecina, amiga o familiar? ¿Alguien puede acercarse a la casa? ¿El violento está ahí con ella? ¿Está lastimada? ¿Ya hizo la denuncia?
Algunas se suman a llamar a la policía e insistir para que vaya el patrullero, otras se mantienen pegadas al teléfono, alertas. Horas después, el mensaje de alivio:
– Ya estoy en la casa de mi vecina. Estoy más tranquila, mañana voy de nuevo a la comisaría.
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Escenas como la anterior son cotidianas para las feministas de las organizaciones y movimientos sociales que desarrollan tareas políticas en los barrios empobrecidos de Argentina. La trama de maltratos y revictimización a la que son sometidas quienes acuden a los programas de contención a víctimas de violencia de género es enorme. En este sentido, “la propuesta del “barbijo rojo” pone de manifiesto el enorme desconocimiento que tienen las personas que impulsaron esta estrategia, respecto de las condiciones de vida de las mujeres en situación de violencia y del abordaje que se necesita para prevenir y/o acompañar estos procesos”, dice Luciana Guerra, lesbiana feminista platense.
“¿Cuándo viste una farmacia en un barrio pobre o un asentamiento? Para ir a una tenés que tomarte un colectivo, salir corriendo; si hay una situación de riesgo de vida, ¿cómo llegás a la farmacia para que llame al 144? Es ridículo, implica una accesibilidad que no existe. Además, las trabajadoras de la línea 144 estan hiper precarizadas, no hay presupuesto, el Ministerio de las Mujeres que es una cáscara” agrega Solana, militante de la comisión de género del Frente de Organizaciones en Lucha.
¿Puede ser efectiva una política de Estado que se sostenga en la voluntad individual de una persona violentada para pedir ayuda? ¿Qué herramientas tienen lxs trabajadorxs de Farmacias para hacer estos acompañamientos? Para evitar el aislamiento, las feministas construyen redes. Por eso, ante la falta de políticas estructurales y efectivas por parte de los sucesivos gobiernos para combatir la violencia de género, las feministas han construido sus propias estrategias de cuidado: agenda con otro nombre el número de la consejería en salud sexual y reproductiva, palabras al estilo de contraseña para avisarse de una situación de riesgo, y la construcción de referentes barriales y lazos de sororidad entre vecinas y compañeras para saber a quién acudir.
En la Campaña #BarbijoRojo hay una instrumentación por parte del Estado de las estrategias de los feminismos, una utilización de herramientas construidas para el autocuidado vueltas política pública, pero sin plata. “Lo que acá hace falta es presupuesto, un trabajo coordinado con el sistema de justicia, sacar a las mujeres y a las disidencias sexuales de sus casas e instrumentar en instituciones y en distintas dependencias lugares donde se puedan quedar con sus hijos. Se necesita presupuesto, que se puedan contratar hoteles, albergues o refugios. Lo del barbijo rojo no sirve absolutamente para nada” expresó María Julia Constant de la Colectiva Feminista las Azucenas e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto – La Plata.
Desde hace varios años, la Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres junto a distintas organizaciones feministas y partidos políticos, vienen reclamando por la efectiva implementación de la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En ese marco, en el año 2017 se realizó un acampe frente a INAM para exigir un presupuesto acorde a la magnitud de la problemática y se exigía la duplicación de los centros integrales de atención, patrocinio legal, atención psicológica, acceso a la ILE, ayuda económica de emergencia, capacitación laboral y trabajo genuino para quienes sufran violencia de género.
En aquel entonces, la gestión de Fabiana Túñez se comprometió a gestionar y garantizar varios de esos reclamos pero hasta el momento no se concretó ninguno. La iniciativa de Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del ministerio actual, no es muy diferente a las políticas de cotillón que implementó su predecesora: “mucho ruido y pocas nueces”.
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¿Qué implica revelar públicamente estrategias de cuidado que son nuestras? La escritora Cecilia Solá plantea, en sus redes sociales, que “políticas públicas contra la violencia de género no es copiar y pegar los saberes de la manada. Esos saberes, esos códigos, esas estrategias surgieron del territorio de sombras en los que hemos tenido que movernos, para que el lobo no huela que queremos arrebatarle la presa. Y es ese secretismo de tribu lo que los mantuvo efectivos”. Y es que, efectivamente, nuestras estrategias no fueron pensadas para ser políticas de Estado, porque fueron armadas y tejidas en los espacios propios, en lo cotidiano del trabajo entre compañeras, donde nos sentimos contenidas, donde nuestra voz vale. Esta apropiación sin sentido termina por desarticularlas y dejarlas expuestas, ya sin efecto.
La violencia de género no se resuelve sólo con buenas ideas ni la política desde el poder del Estado es un conjunto de buenas voluntades. Si el objetivo de estas medidas es centralizar las demandas sobre violencia de género en la Línea 144, ¿no será tiempo de que lxs trabajadores del programa lo hagan en condiciones de dignidad y derechos laborales? Según denuncian sus trabajadorxs, a pesar de llevar adelante una tarea del Estado, son monotributistas. A su vez, más allá del rimbombante anuncio sobre los acompañamientos por WhatsApp, no existe un protocolo que indique cómo hacerlo. En un reciente comunicado, reclaman que “detrás de la difusión y propaganda oficial, detrás de cada timbrazo, detrás del teléfono somos lxstrabajadorxs quienes estamos sosteniendo la atención, asesoramiento y contención a mujeres y disidencias en situación de violencia de género. (…) lo hacemos sin recursos materiales ni humanos, sin el presupuesto necesario para responder a las demandas y situaciones que nos llegan, en condiciones de precarización, bajos salarios y con pésimas condiciones ambientales de trabajo”.
Es decir: quienes tienen que instrumentar la política pública del #BarbijoRojo están reclamando, hoy día, políticas públicas integrales y aumento de presupuesto, el pase a planta permanente, aumento salarial y que se termine la precarización laboral a la que están sometidxs.
Como dice Cecilia Solá: “Ustedes, quienes están hoy diagramando políticas de estado sobre la violencia de género, tienen otras herramientas. Poder de decisión, presupuesto, medios de difusión. Ustedes no necesitan actuar en secreto”.