Un Argentino y una pandemia: actualización sobre los presos políticos de la revuelta en Chile
Foto: Germán Romeo Pena
Antes de la pandemia por el coronavirus, en el mundo pasaban cosas, muchas de índole de descontento social, tanto en latinoamérica como en Europa. En Chile, por ejemplo, se había reactivado la protesta social con la llegada de Marzo (aunque ésta jamás cesó en los meses veraniegos) y con ello se recrudeció la represión: detuvieron decenas de manifestantes de la primera línea y también se sumó un nuevo muerto: Cristian Valdebenito, asesinado el 07 de marzo por carabineros por el disparo de una lacrimógena en su cabeza. En Chile hasta hace unas semanas se llegó a contabilizar más de 2500 presos políticos, en su mayoría se encuentran en prisión preventiva. Uno de ellos es David Agustín Maril de nacionalidad Argentina, que lleva ya dos meses de detención en la cárcel Santiago 1. Por Asamblea de chilenxs en Buenos Aires
Un pibe del conurbano que es un preso político en Chile
Agustín, porque así le gusta que lo llamen, tiene 20 años y es un malabarista del conurbano. Tiene raíces trasandinas, y por eso tomó la causa chilena como suya. Por sus inquietudes de espíritu libre, comenzó un viaje con su mochila que lo llevó a Santiago, la capital y es ahí donde lo encuentra el estallido del 18 de octubre. Agustín ocupó las calles, como hicieron miles.
El 23 de enero Agustín, había estado en una movilización en Plaza Dignidad, el epicentro de las protestas en Santiago. A pocas cuadras de allí lo tomaron detenido. Desde entonces que está en el penal Santiago 1, en el módulo 14, con los otros presos de la revuelta donde cumpliría 45 días de prisión preventiva. El lunes 9 de marzo -tras cumplirse ese plazo- se extendió la preventiva de Agustín un mes más: recién el 7 de abril está programada la audiencia.
Su familia reclama que Agustín no contó con el debido proceso: el Estado Chileno no informó al Estado Argentino de la detención de uno de sus ciudadanos (de hecho la familia supo de la detención, por las redes sociales y la solidaridad que se tejió en Chile), a la vez que el Estado Argentino no ha prestado ayuda, a pesar de haberse comprometido a ello. El 6 de marzo en Buenos Aires, la familia de Agustín, Carlos y Ángel (su padre y hermano, respectivamente) en compañía del abogado de APDH Federico Pagliero, de la Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires y de personalidades de los derechos humanos, como Victoria Moyano, nieta recuperada, exigieron ayuda a la Cancillería. La institución se comprometió a apoyar a la familia y ver la posibilidad de traer a Agustín de vuelta, mediante la figura legal de la expulsión, con lo que se conmutaría la pena, que aún no ha sido dictada por los tribunales chilenos.
Pandemia desde la cárcel
La población penal está especialmente expuesta al coronavirus: hacinados y sin las condiciones de higiene básica. La medida tomada en el penal ha sido la restricción de visitas a una vez por semana y un máximo de dos personas, lo que precariza la situación de los presos, porque recibirán menos menos comida e incluso, menos útiles de aseo, que es lo que les llevan sus familiares y amigos.
Por eso, la Coordinadora 18 de octubre, que reúne a organismos que están por la libertad de los presos políticos de la revuelta, están solicitando el cambio de medida cautelar para los presos políticos, de prisión preventiva a prisión domiciliaria.
En ese contexto, el jueves 19 de marzo hubo un intento de motín en otro módulo con el que, entre otras cosas, se denunciaban tales condiciones. Mara (hermana de Agustín, quién está en Chile) nos contó de la angustia que sintieron y de la represión que sufrieron ellos y las familias de otros presos que esperaban afuera ese día “Muchas veces nos corrieron tirando agua para que nos fuéramos esa tarde. Todos estábamos muy preocupados porque desde adentro se escuchaban disparos, la presencia de los bomberos confirmaba que había un incendio, se olía lacrimógena, y en los techos había tiradores”. Afortunadamente no hubo muertes, pero sí mucha represión.
Respondiendo a esa solicitud, el miércoles 25 de marzo, el juez Urrutia había concedido prisión domiciliaria a 13 presxs políticxs. Horas más tarde, el juez fue suspendido de sus funciones, iniciando además un sumario en su contra, lo que da cuenta cómo, aún en tiempos de pandemia, persiste la persecución política hacia los cuerpos de la revuelta.