25/03/2020

Ni «chetos» ni «irresponsables»: trabajadores, trabajadoras y cuarentena obligatoria

Foto: GCBA

Cuarentena Día 4. La TV encendida: “¡Aquí bajaron del colectivo a una señora que no tiene permiso para circular! ¿Señora qué está haciendo?”, exclamó con tono entre indignado y policial el periodista del mediodía. La señora, encargada de edificio, explicó pacientemente que estaba regresando a su casa. Su única autorización: un mensaje de whatsapp de su empleadora. El fin de semana se viralizó un video donde un jefe policial dispersa en Rosario a repartidores de Rappi que reclamaban condiciones para circular y poder trabajar al grito de “tienen un minuto para circular, si no los llevo detenidos”. Esos treinta segundos de TV y el video viralizado condensan, casi hasta el rídiculo, los límites de la política represiva y el “lado oscuro” de la prevención: ¿en qué condiciones trabajan aquellas personas exceptuadas por ser parte de sectores “esenciales”? ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores y trabajadoras cuyos empleadores hacen caso omiso de la cuarentena?. Por Julia Soul, para ANRed.


Los medios de comunicación y los discursos estatales construyen a la cuarentena obligatoria como una acción que depende, principalmente, de la voluntad individual y del compromiso con una comunidad algo difusa pero indisolublemente unida para enfrentar a ese enemigo invisible que es el coronavirus. Mientras los periodistas actúan el escándalo y la sorpresa al proyectar imágenes de filas de automóviles en los peajes o en los puestos de control, el supuesto de que “están paseando” fogonea la indignación popular y el pánico. Con estadísticas de detenciones, y controles policiales cobijados por un discurso bélico que nos pone a todos en el campo de batalla, el mantra de “#QuedateEnCasa”, repetido hasta el hartazgo, tiene una respuesta uniforme para la pregunta por qué alguien violaría la cuarentena: porque es irresponsable, pelotudo, imbécil y etcétera. Es sabido que las respuestas simples y uniformes no ayudan a entender la realidad; simplemente omiten y ocultan aquello que las contradice, principalmente porque obliga a construir otras respuestas y otras acciones.

Foto: Clarín

Eso es lo que pasa con la situación de los trabajadores y trabajadoras en los discursos dominantes. Y de eso se trata esta nota de respuestas (diferentes) y de acciones (colectivas). Nos enfocamos en aquellos trabajadores y trabajadoras que cotidianamente enfrentan el total desprecio por sus condiciones de salud y de vida por parte de los empresarios y patronales. Que, en el contexto de emergencia desatado por la pandemia de COVID 19, se ven obligados diariamente a realizar sus tareas sin las mínimas medidas de prevención. Y este “verse obligados” es producto de decisiones que van más allá de la voluntad de esos trabajadores y trabajadoras (como todas las decisiones que se refieren a la producción y al trabajo). Se trata de decisiones que competen a jefes, gerentes, a CEOs: en fin, a los empresarios y sus personeros.

Desde que se comenzaron a implementar las medidas de aislamiento y prevención contra el COVID 19, en numerosas empresas esas decisiones fueron en la dirección de “que todo siga igual”. Según los relatos que escuchamos en estos días de restricciones en los movimientos, la prioridad para los empresarios fue continuar con la producción a través de diferentes vías. La primera y más obvia fue negar las licencias dispuestas por el Estado u otorgarlas “sin goce de sueldo”, como comunicó la empresa de salud Swiss Medical a sus empleados y empleadas la semana pasada. Al decretarse la cuarentena obligatoria, muchos empresarios consideraron que su producto o servicio reviste carácter de esencial y por lo tanto expedieron autorizaciones de movilidad para los y las trabajadoras, aún antes de conocerse la reglamentación del anuncio, como los gerentes del call center de Telecentro, según denuncian los trabajadores. Las empresas con capacidad de influir directamente en el Estado, apuraron “sugerencias” para la redacción de la reglamentación y operaron a nivel local para continuar produciendo, como es el caso del Grupo Techint.

En plena cuarentena, así trasladaban el 23/03 al mediodía a trabajadores rurales hacia la zona de chacras de una conocida bodega de Chacramonte, en el departamento de General Roca, Río Negro | Foto: Super Digital.

Es decir, una parte importante de la población no tiene, en principio, la “libertad” de ser “el soldado responsable”, combatiente del virus en las trincheras hogareñas. Antes bien, han tenido que batallar el derecho de cuidar de su salud y de acceder a mínimas condiciones de prevención, como pone en evidencia el informe realizado por el Espacio Basta de Asesinatos Laborales. Veamos algunos casos.

Los “exceptuados” I: trabajadores imponiendo medidas de prevención

La regulación de la cuarentena obligatoria contempla un amplio arco de sectores exceptuados de cumplirla, que abarca desde los sectores escenciales (como salud, transporte o energía) hasta las actividades con compromiso de exportación (todo el complejo agroindustrial, por ejemplo) y todas sus cadenas de producción. En ellos, deben respetarse rigurosamente las condiciones de prevención del COVID 19. Es decir, que un servicio o sector esté exceptuado de la cuarentena de ninguna manera implica que pueda funcionar “con normalidad” sin tomar todos los recaudos necesarios para evitar el contagio.

Trabajadores de varias empresas del rubro de alimentación, como Pepsico o Feltfort (ver video de la protesta de trabajadores de la empresa chocolatera), sostienen que no se cumplen los protocolos de prevención ni las licencias establecidas por el gobierno.

La situación se repite en otras empresas, como es el caso de Teorema – empacadora de frutas localizada en Río Negro -, que no garantiza las condiciones de prevención necesarias. Ante esta situación – y la falta de respuesta por parte de la organización sindical – sus 80 trabajadores se reunieron en asamblea y resolvieron: “cesar con nuestra labor hasta el 31 de marzo. Exigir al gobierno nacional, provincial y local accionar para garantizar el cobro de los sueldos”, dado que “trabajar en las pésimas condiciones es un peligro y, por lo tanto, un peligro para nuestras familias”.

Otros cuerpos de delegados y representantes sindicales – entendiendo el carácter escencial de la actividad que realizan – intentan imponer condiciones para cumplir con sus tareas. Es que, al ser los que trabajan cotidianamente, el colectivo de trabajadores es el que puede plantear cuál es la mejor manera de aplicar el protocolo de prevención. En el sector de alimentación, el Cuerpo de Delegados del Frigorífico Rioplatense reclamó a la empresa que se organice la producción para poder garantizar las medidas de prevención, entre las más importantes están las de disminuir la cantidad de personal en planta para evitar el hacinamiento y que se realicen controles de temperatura. También se exige que las medidas de cuidado incluyan a trabajadores tercerizados y contratados, no sólo a los “efectivos”. Estas medidas fueron debatidas en conjunto y expresadas en un petitorio que firmaron más de 400 trabajadores del Frigorífico.

Entretanto, en el sector de transporte, el Cuerpo de Delegados de la Línea 60 ha establecido una serie de condiciones para funcionar: la provisión de alcohol en gel y la limpieza de las unidades al comenzar y al terminar el recorrido, el bloqueo de la puerta delantera, y que se realicen controles de temperatura al inicio y al final de cada turno.

Los trabajadores del sector comercio también tuvieron que autoorganizar medidas de reclamo ante la ausencia o el silencio de los delegados sindicales. Es así que los empleados de grandes supermercados como Coto, La Anónima o La Gallega de la ciudad de Rosario y la provincia del Neuquén, organizaron “aplausazos” para reclamar reducción del horario de atención y que se cumplan las medidas de higiene y prevención previstas por el protocolo del prevención del COVID 19.

Fundamental, los trabajadores del sector salud también han reclamado por sus condiciones de trabajo, en especial por la falta de personal y de insumos y de elementos de prevención, así como por la calidad de las instalaciones hospitalarias. Los reclamos disparados por la pandemia de COVID 19 se suman a históricos reclamos salariales y en contra de la precarización laborales que reina en el sector (ver “No son Héroes. Son trabajadores Precarizados”).

En el mismo sentido, ha circulado una placa de los y las trabajadores de la cadena Farmacity, exigiendo que disminuya la cantidad de trabajadores por turno (cerrando sectores no escenciales como perfumería) y la reducción del horario de atención.

Los “exceptuados” II: el trabajo en las calles, riesgos y represión

Entre las actividades “exceptuadas” de la cuarentena, están aquellas vinculadas con la entrega a domicilio de comida. En los últimos años esta actividad sufrio una transformacion radical, al ser capturada por plataformas de servicios, y sus trabajadores han protagonizado procesos de organización, reclamando el reconocimiento de la relación de dependencia que los vincula con las empresas/plataformas. Es así que los trabajadores de plataformas son uno de los grupos cuya subsistencia depende de “estar en la calle”, por lo que recibieron con alivio el hecho de estar autorizados para trabajar.

Sin embargo, enfrentan el problema de los riesgos. Su misma situación de precariedad hace que las medidas de prevención queden en sus manos, sin poder recurrir a ningun empleador que las garantice, por lo que esta situación incrementó notablemente los riesgos que asumen en sus tareas. Trabajadores consultados denuncian que son tres los principales problemas que enfrentan en este contexto: la dificultad para sostener las medidas de prevención al estar en la calle todo el tiempo sin acceso – o con acceso esporádico – a lugares adonde higienizarse; las condiciones de seguridad, con la relativa menor protección frente a robos o accidentes de tránsito y, en algunas zonas, el hostigamiento policial.

Los “exceptuados” III: avanzadas empresarias en contra de la salud de los trabajadores

Uno de los argumentos de las empresas para obligar a sus empleados a concurrir al trabajo fue que están exceptuadas de la cuarentena. En este punto, la propia definición de “escencial” es objeto de disputa entre los trabajadores y los patrones y se convierte en un eje de reclamo gremial. Es el caso de los trabajadores de los call center de atención al público propiedad de Telecentro y Unionpel. En un comunicado distribuido el fin de semana, denuncian que la empresa obliga a unos 50 trabajadores a cumplir sus tareas con normalidad a pesar de no ser una actividad esencial. Las fuentes consultadas sostienen que la provisión de elementos de higiene es mínima, las condiciones son de hacinamiento y que – como denuncian en su comunicado – son amenazados y hostigados para no faltar al trabajo.

A su vez, como producto de una maniobra de triangulación contractual, figuran como trabajadores fuera de convenio en el rubro papelero, con lo que carecen de representación sindical.

Por una parte y como mencionamos, las empresas pertenecientes al Grupo Techint lograron la excepción de la cuarentena. Sin embargo, en la planta de San Nicolás la incorporación de dotaciones mínimas se realizó a través de turnos de 12 horas, lo que plantea lógica preocupación en los trabajadores respecto de las intenciones de la empresa de imponer ese régimen más allá del tiempo que dure la cuarentena.

En otras plantas del Grupo, se aprovechó la situación para intentar imponer rebajas salariales dejando en evidencia que están dispuestos a avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores metalúrgicos (ver Grupo Techint: crisis, pandemia y ajuste en Tenaris SIAT).

En este breve, y de ninguna manera exhaustivo, reporte intentamos poner de manifiesto la existencia de una confrontación en la sociedad que, en vez de enfrentar a individuos “responsables” y “altruistas” con “egoístas” e “irresponsables” que violan la cuarentena, enfrenta a un conjunto minoritario de poderosos que tienen el poder de decidir sobre las condiciones de salud y de vida de grandes mayorías de la población.

Y ese poder llega incluso, a conminarlos a emprender acciones en perjuicio de sus propio bienestar y tranquilidad. En todos los casos, el otorgamiento de las licencias fue discutido y planteado por delegados, o por referentes de los trabajadores. En todos los casos, los trabajadores denuncian presiones para concurrir al trabajo – a través de vías no oficiales, como grupos de whattasp o correos electrónicos – por parte de los gerentes, encargados y jefes.

Si no hay fuerza y organización gremial, cada trabajador individual se enfrenta a la alternativa de perder el empleo o arriesgar su salud y la de sus familiares. Es la acción colectiva y solidaria del conjunto la que nos va a permitir cuidarnos, garantizar la prevención y mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida.



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