Los 50 rosarios de Bergoglio a genocidas y la memoria reciente
Una de las últimas acciones públicas conocidas hacia la República Argentina por el líder mundial de la Iglesia Católica se trató del obsequio de 50 collares de rezo bendecidos hacia militares condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de sus actuaciones bajo el programa dictatorial ejercido por el Proceso de Reorganización Nacional, quién diera su primer paso mediante un Golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo, pero de 1976. El sacerdote castrense Santiago Oliveira, conocido públicamente por sus determinantes acciones en defensa de la impunidad de los militares, fue el nexo fundamental. Oliveira le había solicitado al Papa 30 rosarios bendecidos. Bergoglio le ofrendó 50. A veces, el ejercicio de la memoria, se encuentra a la vuelta de la esquina, sobre hechos recientes. Por Máximo Paz para ANRed
Junto con 50 collares bendecidos, a través de un audio, se pudo escuchar: “A todos los miembros de la diócesis castrense, les envío un saludo, estoy acá con el obispo de ustedes, y mi bendición. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga”.
El combo espiritual se trató de un obsequio ofrendado por el Papa Francisco a militares condenados por delitos de lesa humanidad, encontrados culpables por su accionar en la dictadura militar ejercida entre 1976 y 1983 del siglo pasado. Fue la última y la más sangrienta.
La noticia se conoció sobre comienzos de 2020, pero el regalo se produjo a fines de 2019, cuando los pronunciamientos festivos entre religiosos y catárticos empañan otros acontecimientos.
En abril de ese año ya había pasado algo: “A mi pueblo diocesano, a mi gente, a la familia militar, a aquellos que se sientan heridos, que vivamos esto, la Beatificación de los Mártires Riojanos desde la fe, sabiendo que la verdad hace libre y tiene una fuerza esplendorosa”, soltó el obispo titular de las Fuerzas Armadas, Santiago Olivera, mediante un comunicado. Sus palabras obedecieron a la furia contenida, desatada por un hecho inesperado: el cura asesinado por manos militares en la Rioja el 4 de agosto de 1976, Enrique Angelelli, había vuelto desde el fondo de la historia católica para convertirse en beato. Es decir, la Iglesia reconoció la ejemplaridad cristiana de la vida del cura asesinado.
Para el sacerdote castrense, Ezeiza es uno de sus lugares de visita predilectos. Pero no el aeropuerto, sino el penal y Alfredo Astiz, Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, Luis Enrique Beraldini y Miguel Etchecolatz, sus reos confesores. Otro tanto intenta hacer por Campo de Mayo. En ambos lugares es donde se encuentran la mayoría de los genocidas encarcelados, que no son muchos, si se los compara con el número de prisiones domiciliarias que benefician a la totalidad de militares presos.
Santiago Oliveira había sido elegido el encargado titular del Arzobispado Militar de la Argentina por el propio Papa en 2017. Y fue él mismo el encargado de repartírselos a los genocidas. El jefe del catolicismo se los había dado durante una reunión en el Vaticano. Oliveira, con los collares en mano, no perdió el tiempo y, luego de la juntada, dio detalles de la reunión en declaraciones públicas, en donde, entre otras cosas, resaltó que «hablamos (con Francisco) sobre la situación de muchos de mis fieles, entre los cuales, el Papa se interesó sobre el caso de quienes están presos sin condena, con prisión preventiva».
La defensa corporativa de los genocidas condenados fue una constante del obispo castrense designado por Bergoglio. En una nota de su autoría para el diario La Nación, cuyo titulo fue “¿Esto es Justicia?” Oliveira declaró que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”.
De todos modos, y ante la luz de los números (obviando, además, las imputaciones y señalamientos que pesan sobre el Papa y su comportamiento cómplice y colaborativo en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar) dónde reflejan que sobre un total de 7848 victimas sufrientes del Genocidio que recurrieron a la Justica, se cristalizan un total de 589 causas, de las cuales sólo el 40% tuvo sentencia (es decir, 238). Que de los 3000 imputados, 1580 fueron procesados. Que de allí se desprendieron 975 condenas y 204 absoluciones, lo cual implica que, desde la anulación de las Leyes del Perdón en 2003, sólo el 48% de los imputados fue llevado a juicio y sólo un 29% fue condenado, la denuncia mediática del obispo cae por si sola.
Y cae más aún si se considera la inclusión de los 630 imputados que murieron antes que se desarrolle el juicio y si se entiende que de las 589 causas nombradas arriba, 260 (el 44%) se encuentra en etapa de instrucción; 70 expedientes (21%), a la espera de un juicio y 21, en pleno debate (sólo el 4%).
Sobre lo expuesto, a su vez, se debe considerar que en términos promedio, la justicia tarda en desarrollar este tipo de juicios 5 años y ello hace ver que si aunque fuera un tercio de las causas en instrucción se elevaran a juicio ya mismo, esos procesos estarían terminando recién en 2025. Y si los otros dos tercios se elevaran en 3 y 5 años cada uno todos los procesos aproximadamente en 2035.
Por su parte, también, cabe agregar que el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200 genocidas.
Además, si se toman como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.300 imputados siguen representando una investigación sobre el 2% del total de los responsables y los 975 condenados equivaldrían a 1,5 represor por cada CCD.
Al parecer, el cura de los militares nunca tomó ni toma en cuenta los datos que demuestran otra realidad.
Según trascendió, Oliveira le había solicitado al Papa 30 rosarios bendecidos. Bergoglio le dio 50. A pesar de su afecto hacia los medios y las declaraciones, el arzobispo castrense jamás pronunció a que genocida condenado le brindó el obsequio papal.