«A nadie le importan los presos»
Luego de la represión sufrida por las personas privadas de su libertad cuando realizaban reclamos por el hacinamiento, falta de alimentos y las condiciones sanitarias, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) decidió autorizar a los familiares llevar alimentos y medicamentos a las unidades penitenciarias. Las condiciones de las cárceles se agudizan aún más con el aislamiento obligatorio por el Covid-19, déficit nutricional y sanitario, hacinamiento, alto índice de personas con tuberculosis, diabetes, etc, hace que las cárceles se conviertan en un blanco fácil para el Coronavirus. Por ANRed
Desde hace una semana aproximadamente, comenzaron varios conflictos en diversas unidades carcelarias, tanto del Servicio Penitenciario Bonaerense como el Federal, donde las personas privadas de su libertad reclamaban mejoras en sus condiciones de detención. En el marco de la cuarentena obligatoria, el Sistema penitenciario decidió el cierre de las visitas por cuestiones sanitarias, lo que implicó que no ingresen alimentos que llevan las familias de los detenidos, provocando que la mayoria de las y los detenidos no tengan nada que comer.
«Es mentira que el servicio les da comida, si mi hijo no ranchea* y si yo no le llevo comida se muere de hambre, el servicio les da fideos o arroz cuando les da algo. A nadie le importan los presos, ni adentro ni afuera, por eso los tienen así… todos juntos, amontonados, sin comida, sin trabajo, nada.. y si se enferma con suerte le dan un ibuprofeno. Ibuprofeno para la vesicula, para la presión, para dolor de muelas… lo único que tienen es eso», relata Rosa la mamá de un detenido alojado en una de las unidades de Florencio Varela.
En las cárceles bonaerenses de Batán, Olmos, Florencio Varela, Sierra Chica, La Plata, así como en las cárceles Santafesinas, que pertenecen al Servicio penitenciario federal ocurrieron conflictos de gravedad , con hechos de violencia donde se reprimió a la población carcelaria y en las cárceles de Santa Fé dejaron un saldo de 5 personas muertas, cuando reclamaban mejoras en sus condiciones de encierro. Para evitar otra huelga de hambre y que la misma se extienda a todos los penales, el servicio comenzó a reprimir. Es por eso, que para para evitar desbordes, protestas y huelgas de hambre en las cárceles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak decidió hoy autorizar a los familiares de las personas privadas de su libertad a llevarles alimentos y medicación a las unidades penitenciarias.
Las cárceles no se encuentran preparadas para afrontar la pandemía del Covid-19, las mismas hace décadas mantienen condiciones deplorables y con un constante incremento de hacinamiento, sobrepoblación, nula asistencia médica, condiciones edilicias deficientes, desidia judicial, escaso acceso a la educación y capacitación laboral. En la actualidad hay aproximadamente 60mil personas detenidas en las cárceles bonaerenses, con un faltante de 25 mil plazas carcelarias y 1000 camastros en las comisarías. Ante estas condiciones de hacinamiento, el Servicio decidió suspender las visitas en los penales, encerrar a las personas dentro de sus celdas, restringiendo las salidas a los pabellones o al patio, lo que provocó la protesta de varios internos. «En mi celda somos 5, cuando es para 2, y encima nos engoman, no hay lugar ni para respirar. Que la familia no venga esta bien, porque nosotros queremos que se cuiden, pero les tienen que dejar mandar mercaderia, sino acá no comemos ni limpiamos, si ni lavandina nos dan», relata a ANRed Juan que se encuentra privado de su libertad.
Según datos aportados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en los últimos años de las muertes registradas en cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), al menos el 65% fueron por problemas de salud mal o no atendidos, haciendo que las muertes por la deficiencia sanitaria aumenten año tras año. Como se muestra en los informes anuales de la CPM, al deterioro de la salud no le sigue una atención adecuada sino, al contrario, falta de profesionales, medicamentos, espacios de internación, acceso a hospitales públicos, tratamientos, estudios, curaciones. A toda esta carencia, se suma la falta de una alimentación adecuada, de dietas especiales o prescriptas médicamente, las condiciones edilicias que agravan los problemas y el quiebre del contacto con familiares, quienes generalmente proveen los insumos necesarios para la sobrevivencia, como alimentos, medicamentos y útiles de limpieza o desinfección.
«La falta de atención sanitaria se convierte en tortura porque hace que enfermedades que son tratables o curables de una forma simple, en el encierro se conviertan la mayoria de las veces, en mortales o con secuelas para toda la vida. Que haya un sistema sanitario deficiente no es casual, que las personas privadas de la libertad no tengan acceso a la salud, o el mismo sea escaso… no es casual, constituye una decisión estructural por parte del Estado», manifiesta una trabajadora del SPB.
*Rancho: Compartir con otras personas privadas de su libertad alimentos, utensillos, colchas, etc.