Los DD.HH. en la región: derechos de las mujeres en deuda, educación sexual en falta y represión a manifestaciones
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y Argentina en 2019. «Mientras millones de personas salían a las calles para protestar contra la violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de nuestro continente restringieron el año pasado el derecho a manifestarse y también a pedir asilo, en desprecio de las obligaciones del derecho nacional e internacional», remarcó el organismo. El aumento de la pobreza, la caída de las jubilaciones, los despidos masivos, el deterioro del salario real frente al aumento de la inflación, «las obligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa», la continuidad de la penalización e ilegalidad del aborto, la falta de información sobre la Ley de Educación Sexual integral (ESI), la discriminación a los pueblos indígenas, obligados a salir de sus territorios para poder subsistir, y la procupación por el uso de los datos personales que hacen grandes compañías, como Google y Facebook, los principales problemas en Argentina, según el organismo. Por ANRed.
Como todos los años, ayer Amnistía Internacional difundió su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y la región en el 2019. La primera conclusión global del organismo, presente tanto en Argentina como en la región, es que «mientras millones de personas salían a las calles para protestar contra la violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de nuestro continente restringieron el año pasado el derecho a manifestarse y también a pedir asilo, en desprecio de las obligaciones del derecho nacional e internacional».
El informe regional el organismo de derechos humanos sostiene que «Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban».
En particular, Amnistía considera que «la represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
En cuanto a Chile, el organismo denunció que «el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más».
A nivel global regional, «al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras – sostiene Aministía – El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones —una cifra sin precedentes en las Américas-, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional».
En cuanto a la situación del medio ambiente, Amnistía considera que «la preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaban a pueblos indígenas de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Brasil se vio especialmente afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de tierras».
Argentina: derechos de las mujeres en deuda, educación sexual en falta, derechos económicos y sociales vulnerados, pueblos originarios discriminados y desplazados, y datos personales en riesgo
En su diagnóstico de los derechos humanos en Argentina, Amnistía Internacional destacó la necesidad de que Argentina legalice el aborto y garantice su acceso: «la transición mundial hacia modelos de eliminación total de la amenaza penal dejan a nuestro país inmerso en un retraso que lo coloca a la retaguardia de los principales países desarrollados en el mundo. Esperamos que finalmente en 2020 la despenalización y legalización del aborto se traduzcan a la realidad«, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
RTVE.es / EFE
Asimismo, el organismo destacó la falta de acceso a la información sobre la Ley de Educación Sexual integral (ESI): «la organización envió pedidos de acceso a la información pública en julio de 2019 a las 24 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo información sobre implementación de la ESI. A la fecha solo se recibieron seis respuestas, lo que impide obtener información precisa. Pese a los 12 años de existencia del Programa de Educación Sexual Integral, 8 de cada 10 estudiantes no reciben educación sexual en sus escuelas. En este contexto de falta de información, las cifras sobre embarazo no intencional en la niñez y adolescencia son alarmantes: cada 4 horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina», sostiene Amnistía.
En cuanto los derechos económicos y sociales vulnerados, y el peso del pago de la deuda como obstáculo para su cumplimiento, Amnistía consideró que «Argentina atraviesa una profunda crisis con retracción de la actividad económica; el aumento de los índices de pobreza; el deterioro en las jubilaciones y otras prestaciones sociales; la pérdida de empleos; la caída del salario real y del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación que produjo un deterioro en la agenda social y económica del país». Es por eso que en este contexto de austeridad, considera que «las obligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa no deben obstaculizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales».
Por su parte «los pueblos indígenas son discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir», denunció el organismo y agregó: «el Estado ha comenzado un proceso de relevamientos territoriales que debe terminar prontamente como paso necesario para que luego las comunidades puedan avanzar en procesos de reivindicación y titulación comunitaria».
Otro de los ejes que recorre el informe es el de los derechos humanos y las nuevas tecnologías. En ese aspecto, Amnistía detalla que «en Argentina, tres de cada cuatro personas están preocupadas por el uso de los datos personales que hacen grandes compañías, como Google y Facebook. Desde una perspectiva de género, los resultados indican que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales en nuestro país».