Ahora vienen por el agua de Chubut
Foto: Aníbal Aguaisol
El 10 de diciembre asumió Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación al mismo tiempo lo hacían los gobernadores Rodolfo Suarez y Mariano Arcioni por Mendoza y Chubut, provincias en donde las grandes movilizaciones populares habían logrado legislaciones que protegen el medio ambiente de la amenaza voraz de la megaminería. El viernes, en una sesión express se derogó la Ley 7722 que prohibía sustancias tóxicas utilizadas por la megaminería. Ahora, el próximo paso, es el intento de derogación de la Ley 5001 en Chubut. El viernes 27 de diciembre sesionará la Legislatura chubutense y mas allá que en el temario de proyectos a tratar no está contemplado discutir la derogación de la Ley 5001 ni el avance en la zonificación minera, los vecinos temen que la modificación de la ley entre por la ventana y tenga una aprobación fugaz al estilo mendocino. Por ANRed
Esta inquietud de los pobladores está fuertemente arraigada por la presión del lobby minero y el apoyo casi unánime de intendentes, legisladores, jefes comunales, el propio gobernador y hasta el Presidente de la Nación. Y es que al igual que el viernes pasado en Mendoza hay un acuerdo entre los legisladores de todos los partidos, para quitar todo obstáculo a la megaminería y al fracking. Por ello, las diferentes asambleas de los pueblos y principales ciudades de Chubut, tanto en la costa, en la cordillera como en la meseta, vienen realizando asambleas para debatir que actividades realizar. El jueves ya hay anunciadas movilizaciones, vigilias y presencia el viernes 27 en las puertas de la Legislatura, mientras se sesiona.
El gobernador Arcioni viene con una imagen sumamente deteriorada. Desde el año pasado no puede pagar en tiempo y forma los sueldos a estatales y docentes, y tampoco cumplir con las paritarias que el mismo prometió. Siempre menciona el diálogo, pero su respuesta fue la represión a las múltiples movilizaciones que reclamaban lo prometido. Aceptó gustoso la invitación del nuevo secretario de Mineria, Alberto Hensel, para idear estrategias que permita imponer la actividad, prohibida por ley, en la provincia. Todas las movidas del lobby minero hicieron causa común con las directivas de avanzar en la megaminería que expresó el Presidente Alberto Fernández ante los principales empresarios del país y que luego se plasmaron con el anunció de la baja de retenciones a la actividad minera en un 8 %.
Hensel prometió una “minería federal” y se comprometió con Arcioni a contribuir al «desarrollo sustentable» en la provincia. El primer objetivo es el megaproyecto Navidad, ubicada en la meseta central a pocos kilómetros de la localidad de Gastre, que busca extraer minerales metalíferos de la que es considerada una de las principales reservas de plata del mundo. A las promesas de miles de puestos de trabajo que generaría la minería (fácilmente contrastables por falaces con los múltiples proyectos mineros desarrollados en otras provincias) se le agrega los estudios de ambientalistas y cientificos que advierten el peligro por los altos niveles de contaminación y las grandes cantidades de agua utilizadas en una provincia, en donde escasea el recurso vital para otras actividades de subsistencia.
Ayer, mientras era modificada la Ley 7722 en ambas Cámaras, miles de pobladores se movilizaban a las afueras de la Legislatura mendocina. En el interior de la provincia, vecinas y vecinos de los pueblos paralizaban las rutas con bloqueos con música y cánticos a favor del agua. Se levantaban barricadas para tratar de evitar la modificación de la ley. A la par, el empresariado minero festejaba la resolución en Mendoza y señalaba que “ahora es Chubut la única provincia anti-minera”.
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En Chubut, al igual que en Mendoza, uno de los problemas fundamentales es el agua, y la imposición de proyectos que cuentan con el rechazo unánime de la población. Solo traen contaminación y destruyen otros proyectos, desarrollados o que pueden serlo, respetuosos del medio ambiente y de la gente que habita esas tierra.