Continúa el reclamo de destitución del fiscal Fernández Garello por participar del terrorismo de Estado
Foto: Jaime Flores
Familiares y amigos de Ana María Martínez, secuestrada, torturada y asesinada en febrero de 1982, junto a la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), organizaciones políticas y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) concentraron ayer por la tarde en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, en reclamo de la destitución del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad. El jurado debía discutir el tema, pero por falta de quórum (sólo cinco de los 12 integrantes del tribunal estuvieron) no lo trató. «Estaremos en las calles exigiendo que este tipo esté preso. Juicio y castigo a todos los responsables de la última dictadura. Esa es la verdadera justicia que necesitamos por los y las 30 mil compañeras desaparecidas», expresó una manifestante. Por ANRed | Foto y video: Jaime Flores.
En noviembre de 2016 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentos que involucran al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernandez Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. Y en abril de este año el Juzgado en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, dictó el procesamiento del actual fiscal general de Mar del Plata por su participación en crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, las pruebas recabadas y el procesamiento, sigue trabada la destitución política del fiscal, que reclaman organismos de derechos humanos y familiares de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar.
Ayer por la tarde, el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, ubicado en La Plata y presidido por el titular de la Corte Suprema provincial, Eduardo De Lazzari, debía tratar el tema, pero como sólo asistieron a la audiencia cinco de los 12 que conforman el jurado, no se pudo sesionar (la ley 13.661 exige que al menos debe haber seis presentes). Así lo informó a los y las presentes la CPM, y adelantó que seguirán impulsando que este tribunal trate la destitución del fiscal antes de fin de año: «No sabemos quién concurrió ni quienes faltaron de los legisladores», expresó.
Por su parte, un trabajadores delegado de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) – también presente en el acto – expresó: «tenemos que garantizar que se fije una fecha lo antes posible para que el juri no se demore. Lo que hicimos recién fue pedirle al presidente de la Corte una entrevista urgente con las organizaciones que vienen bancando esta pelea. Y se comprometió que a mañana o a más tarde el lunes, vamos a a tener esa entrevista, donde la idea es que le podamos exigir que se defina una fecha dentro de la agenda».
En entrevista con ANRed, una representante de los organismos amplió: «mañana (por hoy) va a haber una nueva reunión donde nos van a pasar la nueva fecha de convocatoria para el juri. Estaremos en las calles exigiendo que este tipo esté preso. Juicio y castigo a todos los responsables de la última dictadura, en particular al fiscal Fernández Garello. Y esa es la verdadera justicia que necesitamos por los y las 30 mil compañeras desaparecidas en la dictadura«.
En 2016, la CPM denunció que en los archivos de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) se hallaron documentos que probaban que el actual fiscal participó en hechos de terrorismo de Estado entre 1978 y 1981, cuando era subinspector de la Policía bonaerense, participando de un operativo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
Es por eso que en abril de este año el Juzgado en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, dictó el procesamiento del actual fiscal general de Mar del Plata, como «partícipe necesario de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos» a tres víctimas que integraban el Partido Comunista, en un hecho ocurrido en julio de 1981.
Entre las víctimas, se encontraba la militante marplatense del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) Ana María Martínez, secuestrada, torturada y asesinada en febrero de 1982, por quien sus compañeros de militancia, familiares y amigos continúan pidiendo justicia.