En medio de la crisis y el hambre, nuevo ataque del gobierno a la protesta social
Tras el megaoperativo y represión de la Policía de la Ciudad contra organizaciones sociales que acamparon durante 48 horas frente al Ministerio de Desarollo Social en reclamo de aumento salarial y cupos laborales, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich denunció penalmente por supuesta «incitación a saqueos» a Oscar Kuperman, dirigente de la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA)-Movimiento Teresa Rodríguez. Es por declaraciones que el dirigente realizó al canal A24. Amplio repudio de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos ante lo que consideran un nuevo ataque e intento de judicialización de la protesta social por parte del gobierno de Mauricio Macri. Por ANRed.
La nueva medida de judicialización de la protesta social se da luego del acampe por 48 horas que un sector de los movimientos sociales – el Frente de Lucha Piquetero, compuesto por 17 organizaciones – realizó el miércoles y jueves de la semana pasada frente al Ministerio de Desarrollo Social (a cargo de Carolina Stanley), en reclamo de trabajo digno, actualización en los planes sociales, apertura de nuevos cupos y entrega de alimentos a los comedores. Y después del megaoperativo de al menos 500 efectivos y la salvaje represión de la Policía de la Ciudad con golpes y gas pimienta contra los y las manifestantes, a pesar de lo cual el acampe se concretó.
En un claro mensaje a la creciente protesta social, la medida impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también se da luego de que otro sector de los movimientos sociales realizara una jornada nacional de lucha con ollas populares en Plaza de Mayo y al poco tiempo de que en diputados se diera media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria en el Congreso Nacional.
Foto: Nicolás Solo (Indymedia)
«Si el Gobierno no cumple con la entrega de los alimentos a los comedores, vamos a ir a buscarlos a los supermercados porque las góndolas están llenas de mercadería y las mesas de nuestros compañeros no tienen para comer«, aseguró el dirigente al canal A2, y fue la frase por la cual Bullrich lo denunció por supuesta «incitación a los saqueos» e «incitación a la violencia colectiva». «Sin realizar un esfuerzo mayor de interpretación, claramente, lo que está señalando el denunciado, es que van a ir a saquear los supermercados. Simple y sencillo – sostiene el texto de la denuncia presentada por Bullrich – Por supuesto que estas declaraciones no hacen más que incitar a grupos indeterminados de personas a realizar las conductas señaladas en distintas zonas del país».
La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y quedó en manos del Juzgado Federal N°11 de Claudio Bonadío. De esa manera, el mismo gobierno que no dio respuestas concretas a las organizaciones sociales a sus reclamos de aumento salarial y puestos de trabajo, y que al otro día garantizó el quórum y votó por uninimidad la Emergencia Alimentaria, es el que al poco tiempo denuncia a un dirigente social por sus dichos en un canal de TV.
Foto: Nicolás Solo (Indymedia)
Rápidamente se hizo escuchar el amplio repudio de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos ante lo que consideran un nuevo intento de criminalización de la protesta.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) señaló que «la denuncia se basa en una tergiversación de la declaraciones realizadas a los medios en el marco del acampe que llevaron adelante las organizaciones de desocupados que integran el Frente de Lucha. En lugar de dar respuesta a las demandas populares, el gobierno de (Mauricio) Macri persigue a los luchadores y avanza en su línea de criminalizar referentes«. Finalmente, el EMVyJ remarcó: «exigimos sean desestimadas por la Justicia estas falsas denuncias y estaremos junto a ellos hasta lograr el cese de la persecución».
La Comisión Educativa contra la Criminalización de la Lucha señaló: «en pocos años, el gobierno respondió con represión, denuncias, persecución, causas judiciales y cárcel a los reclamos de los sectores populares, como los casos de Sebastián Romero y Daniel Ruiz, las decenas de estudiantes de las universidades de Río Negro y Córdoba y terciarios de CABA, estatales y docentes de Chubut, choferes de la Línea 60 y Este«, denunció la comisión.
También se solidarizó con el dirigente social la Comisión Gremial Interna de Télam (SiPreBa), «ante el intento de acallar los legítimos reclamos que expresaron junto al resto de las organizaciones sociales que acamparon recientemente en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social».
Por su parte, el MTR-CUBa al que pertenece Kuperman, expresó en un comunicado: «entendemos esto dentro de las provocaciones que han hecho referentes del gobierno de Macri, propio de un gobierno decidido a no dar respuestas concretas y reales a las necesidades. No nos amedrentarán. Este fin de semana evaluaremos nuevas medidas para la semana entrante», remarcó el movimiento, que reclama un aumento de los planes sociales a $15.000, la apertura de más planes y la «entrega inmediata de alimentos».
En la misma línea se expresaron otras organizaciones, como la Corriente Sindical Jorge Weisz, Cadep, Correpi, varias seccionales de ATE y la CTA, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Liberpueblo, Pañuelos en Rebeldía, Marabunta, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie, el MTD Aníbal Verón, el PRML, el Suteba seccional Tigre, el Partido Guevarista, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), la Tendencia Universitaria Nacional (TUN) 29 de Mayo, Convergencia Socialista de Combate, el Colectivo Hombre Nuevo, Venceremos Partido de Trabajadores, Fogoneros y Votamos Luchar, entre otros.