Colombia: » El conflicto no es solo armado, sino social, económico y político»
Entrevistamos a Olimpo Cárdenas Delgado referente del Congreso de los Pueblos de Colombia. El objetivo de la misma es dar a conocer a los y las lectoras un panorama del conflicto en la actualidad, destacando las reconfiguraciones que adopta continuamente y las estrategias que los gobiernos utilizan para obstaculizar el desarrollo de los procesos sociales y populares que buscan formas alternativas a la violencia. Por corresponsal popular para ANRed
Cuando se habla de Colombia en Argentina, las personas suelen tener presente que ha existido un conflicto en el que el narcotráfico es un elemento muy importante, información casi siempre mediada por lo que se muestra en muchas series de televisión. Además, muchas personas piensan, tanto acá como en el resto del mundo, que la firma del acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC ha constituido la conclusión del conflicto interno que tantas décadas ha azotado a Colombia. Sin embargo, lo cierto es que todavía no hay paz en Colombia y el conflicto social, económico, político y armado persiste y se profundiza cada vez más. Las consecuencias del mismo siguen poniendo en riesgo las diferentes comunidades que habitan el territorio colombiano y por otro lado, siguen sosteniendo a los distintos actores que se benefician del mismo.
Para ampliar y profundizar sobre esta situación, el capítulo argentino entrevistó a uno de sus referentes, de la conducción política de su movimiento:
Olimpo Cárdenas Delgado
Hace parte del equipo nacional de derechos humanos y paz del movimiento social y político Congreso de los Pueblos de Colombia. Su trabajo de interlocución lo realiza con un amplio número de organizaciones que tienen esas áreas de trabajo como centro de su acción política y social. En la actualidad, hace parte de una de las articulaciones más importantes en esa materia: Defendamos la paz, una gran estructura diversa en el espectro político e ideológico que viene liderando las acciones más importantes con incidencia nacional e internacional en materia de paz y derechos humanos. Defendamos la Paz (DLP) fue responsable de impulsar la movilización multitudinaria que se llevó a cabo el 26 de Julio en cientos de ciudades y territorios de Colombia y el mundo, en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en este país.
Correponsal popular: Olimpo, nos gustaría que nos pudieras dar una mirada panorámica del Conflicto en Colombia, que nos brindes los elementos que consideras necesarios para comprender el sostenimiento de dicho conflicto, por tantos años, en nuestro país.
Olimpo Cárdenas Delgado: Yo creo que es muy complejo reducir y sintetizar la problemática colombiana en materia de conflicto, pero hay que intentar hacerlo. El conflicto no es solo armado, sino social, económico y político.
Primero hay que señalar los aspectos de la crisis del sistema socio-económico del país, que está basado a nuestro juicio, en una aplicación a fondo del modelo neoliberal que profundizó la desigualdad. Se dice que Colombia podría estar en el 3 o 4 lugar entre los países más desiguales del mundo, hay ricos muy ricos y pobres miserablemente pobres. Entonces, en este país hay una situación propicia para las confrontaciones de clases, un caldo de cultivo permanente para el nacimiento y desarrollo de diferentes expresiones de la guerra y la lucha armada, de manera que ese es un elemento que lo voy a poner como principal porque normalmente no se tiene en cuenta a la hora de proponer negociaciones de paz y de solución política a los conflictos colombianos, y sería un elemento a considerar para analizar el último periodo histórico de nuestro país.
Hoy la coyuntura es el tema de la paz y los derechos humanos, o mejor, del incumplimiento al acuerdo de paz de la Habana y de la violación sistemática de los derechos humanos. Las posturas institucionales del estado colombiano, y el nuevo gobierno, que es de ultra derecha, es de negación del conflicto armado o la reducción de este a una suerte de armisticio, de dejación de armas a cambio de nada; no se quiere reconocer el acuerdo, sino que se habla de la derrota militar de las organizaciones insurgentes revolucionarias, que se alzaron en armas justamente por las razones de desigualdad social y económicas y la falta de garantías para la participación política. En síntesis, el Estado colombiano y las clases elitistas nunca han reconocido ni reconocerán el origen político y social de la insurgencia. En este sentido el Estado impone una matriz política y comunicacional en la que lo único que deben hacer las guerrillas es dejar o entregar las armas y punto. Las armas solo deben estar en manos del estado. Se niega, por otra parte, el abuso de las fuerzas militares sobre la población y las organizaciones populares y la acción conjunta de estas con los paramilitares.
Nuestra mayor tragedia, es que mientras tenemos un genocidio permanente contra las organizaciones sociales y populares, y de la oposición al régimen por parte del estado y sus organismos, el resto del mundo cree que el conflicto ya fue superado. Ese fue el resultado y la idea que quedó tras el acuerdo con la guerrilla más antigua del continente que lideraba un conflicto armado de más de 50 años, o sea las FARC. También otro elemento que no es cierto, es que fuera la única guerrilla y la más antigua porque también existe el ELN, que tiene prácticamente el mismo tiempo de antigüedad y aún se encuentra en armas. Al haber llegado las negociaciones que se dieron en la Habana a la firma de un acuerdo, se posicionó la idea de que se superaban todos los problemas del país. Entonces, sobre la base de estos elementos, que simplifican el conflicto en Colombia, hoy lo que tenemos es una situación de exacerbación de las violencias que lo provocan.
Estamos viviendo un genocidio político de líderes y lideresas sociales. Desde la firma de los acuerdos hasta el día de hoy se superan los 750 líderes y lideresas sociales asesinados y poco más de 150 excombatientes de la guerrilla de las FARC. Si tenemos en cuenta que en menos de 3 años se ha presentado un genocidio de tal magnitud, entonces, habría que preguntarse ¿qué es lo que en este país se puede acordar, que se puede negociar? Es muy importante que a nivel mundial se conozca lo que está sucediendo en Colombia, que es todo lo contrario a alcanzar la paz.
Hoy podemos decir, que se llegó a un acuerdo con un gobierno y no con el Estado colombiano. Por supuesto, que, de acuerdo a la regulación internacional, en esta materia, los acuerdos se suscriben con el Estado, sin embargo, lo que hemos visto es que el nuevo gobierno que preside Iván Duque desconoce el acuerdo y manifiesta que ese no fue un acuerdo de Estado, sino, un acuerdo de gobierno, al ser percibido así ellos no se sienten en la obligación de cumplirlo. Uno de los emblemas de su campaña electoral era “hacer trizas el acuerdo” y efectivamente lo están haciendo trizas. Hay que decir que este gobierno representa los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por tener nexos con el paramilitarismo entre muchos otros delitos, por tanto, no creemos que haya voluntad política para avanzar sobre la implementación de los acuerdos con las FARC ni en la continuidad del proceso de paz con el ELN.
Por otro lado, Colombia está atravesando por una situación muy crítica, en donde no solo la situación económica, política y social sigue en detrimento del bienestar de sus pueblos, sino que la violencia se incrementó. Ahora la insurgencia de las FARC está desarmada, y sin capacidad política para responder al actuar del gobierno. Hoy día, en los territorios la agudización del conflicto se da por una proliferación de grupos armados, que, en mayor medida, representan a la estructura paramilitar están por todo el país y el Estado mira para otro lado. También la problemática del narcotráfico continúa siendo un flagelo para las comunidades, la erradicación forzada, la aspersión del glifosato y el hostigamiento de las fuerzas armadas, bajo el mando y la injerencia Estadounidense con la excusa de que Colombia volvió a ser el primer productor mundial de cocaína. En tanto, las comunidades siguen viviendo en medio de este conflicto sin ninguna opción para el desarrollo de sus economías propias y sus planes de vida.
¿Qué otros actores participan del proceso de paz?
En Colombia, hay una insurgencia que inició un proceso de negociación, de dialogo con el Estado, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que como consecuencia de lo que sucedió con las FARC, parece que ha tenido un crecimiento. Del ELN se decía que era la segunda insurgencia del país, por ser de menor tamaño y por el enfoque más político que militar. Efectivamente era la segunda guerrilla si tomamos en cuenta el tamaño, la cantidad. Esta guerrilla, como decía, también inició un proceso de negociación con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y fue interrumpido por el actual presidente Iván Duque. Este es un gobierno al mando del Uribismo y por tanto, conciben que la guerra se gana en el campo militar y no a través de un diálogo político. Pero es porque necesitan la guerra para sacar adelante sus meganegocios, para tener un control social, para justificar el gasto militar, y su propuesta económica extractivista. Desde que Iván Duque llegó le ha pedido al ELN desmovilizarse, desarmarse y reincorporarse a cambio de nada; para retomar la mesa de negociación exige el gobierno Duque que el ELN entregue unos supuestos secuestrados que ni el mismo Estado sabe quiénes ni cuántos son. Lo que el gobierno no concibe es sentarse a dialogar con terroristas, es decir, que este gobierno no reconoce a las insurgencias como actores políticos. Lo que también deja por fuera de toda negociación los cambios estructurales, las reivindicaciones sociales y la participación de las comunidades y victimas de toda esta guerra propiciada por el régimen de gobierno. En resumen, lo que Iván Duque le propone a la insurgencia del ELN es la “rendición”. Desde hace más de 8 meses esos diálogos están suspendidos. Hoy vemos que la consecuencia de esto es que el ELN antes que disminuirse o debilitarse por el contrario ha crecido y ocupado algunos territorios que antes eran de control político de las FARC. Sin embargo, lo más preocupante sigue siendo la proliferación de grupos armados de tinte paramilitar, en su mayoría están en cabeza del Clan del Golfo y de los carteles mexicanos del narcotráfico que se encuentran en el país; además, de otra cantidad de grupos como los autodenominados caparrapos que se mueven en la zona del Bajo Cauca y Noreste Antioqueño y que están dominando todos esos territorios que tienen características estratégicas para la inversión de multinacionales mineras o para el negocio del narcotráfico. También, en el Chocó y en el pacifico nariñense que es en donde más están desarrollados estos conflictos y concentrados estos grupos, disputándose zonas bien sea por el control de las economías que ellas producen o bien sea por la producción directa de la cocaína y la salida al mar pacifico.
En el norte de Santander, en el Catatumbo frontera con Venezuela, están presentes también el EPL, que es una pequeña guerrilla con una complejidad muy grande. Algunos la reconocen aun como una guerrilla insurgente y otros, como un simple cartel o grupo narcotraficante. En esa zona, también está presente el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, los grupos Paramilitares y las fuerzas militares. Todos estos actores antes mencionados, también operan en el pacifico colombiano tanto en Nariño como en Choco, Cauca, el sur de Bolívar, Norte de Santander, frontera con Venezuela y Arauca. En todas estas zonas actúan las fuerzas militares, los grupos Gaula de inteligencia de la policía y el ejército. Ellos están ahí también para lucrarse de ese negocio que es el narcotráfico. Por lo tanto, podemos decir que hay conflicto armado para que haya narcotráfico. El conflicto armado es estructuralmente un conflicto por intereses económicos.
Para quienes no conocen la complejidad del conflicto en Colombia, cómo podrías explicar el fenómeno del paramilitarismo
No es un fenómeno, es una política de Estado e imperialista con fines de control insurgente y para garantizar las grandes inversiones y negocios del Capital transnacional. En Colombia tienen décadas de haber sido utilizados como estrategia contrainsurgente, lo hizo en los años 50, y luego en los años 80 más de la mano de los terratenientes y luego de los grandes carteles de la droga. Lo que pasa es que algunos de estos grupos se le salieron de las manos al Estado y crearon sus propios grupos como El Clan del Golfo. Éste es un grupo principalmente paramilitar, lo que pasa es que los grupos que eran netamente paramilitares, es decir, que su objetivo principal era la contención de la revolución insurgente que sostenían esa lucha apoyados por el Estado y sus fuerzas militares, dejaron esta prioridad para dedicarse más al negocio del narcotráfico, así como de otras economías como la megaminería y el agronegocio. Eso no quiere decir que hayan dejado de actuar como grupos contrainsurgentes, siguen haciendo la doble labor. Todos estos grupos paramilitares también se han fragmentado en una cantidad de bandas y de grupos como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre otras, que hacen este doble trabajo, ejerciendo así un control muy amplio del territorio y confrontado únicamente por la insurgencia.
¿Cuál es el rol que han tenido las multinacionales en el desarrollo del conflicto?
Nosotros desde los movimientos y organizaciones sociales, desde la prensa alternativa y desde la investigación social, hemos señalado claramente el actuar de las trasnacionales en el conflicto. Estas tienen una actividad directa contra los procesos de defensa del territorio, de los procesos ecologistas y de los procesos de liderazgo social que actúan en defensa de la soberanía. Es tan claro que tienen las manos metidas en la financiación del paramilitarismo y la lucha contrainsurgente que en algunos países han sido condenados a pagar grandes sumas como sanciones económicas, por ejemplo la Chiquita Brams, empresa de los Estados Unidos por su apoyo a estructuras paramilitares; hay procesos contra la OXY, una de las petroleras más poderosas aquí en Colombia, también por su apoyo al paramilitarismo y así te podríamos citar numerosos casos. Nosotros sabemos que en prácticamente donde quiera que se desarrolla un megaproyecto, hay un procedimiento y un patrón de comportamiento, se desaloja el lugar, para ello se desplaza a los campesinos, y se deja libre el territorio para el megaproyecto; primero pasan los paramilitares y estos otros grupos, masacrando lideres o desplazando a la población campesina, afrodescendiente e indígena y luego, llegan las fuerzas militares para apropiarse de estos territorios que luego son entregados a las empresas de la élite colombiana o trasnacionales. Esto representa el modelo económico neoliberal, que arranca con una preponderancia del sistema financiero que se apropia absolutamente de todo, con una segunda fase que es la economía extractivista. Colombia no es otra cosa, que el proveedor de materias primas que ocupa el lugar que el imperialismo le ordenó en la economía mundial.
¿Qué pasa con las personas desplazadas y despojadas de sus territorios? ¿Cómo afecta el conflicto a la sociedad en general?
El conflicto armado, y la estrategia del régimen para enfrentarlo causó más de siete millones de desplazados, es Colombia el segundo país con más desplazados en el mundo. Sin embargo la sociedad no se percata de la tragedia humanitaria. Ese es otro problema grande que tenemos, y es que, por vía de otro poderoso aparato de dominación, digamos el aparato ideológico del Estado, que son los medios masivos de comunicación, la sociedad colombiana está polarizada. Lamentablemente, en los últimos años ha ganado la visión de la salida militar o lo que nosotros hemos denominado “la paz light”. Con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos algunos consideraron que este fue período de paz, sin embargo, nosotros consideramos que fue lo contrario. Ha sido en este periodo donde se logra desarmar a una insurgencia poderosa, sin hacer las transformaciones sociales y sin implementar las disposiciones que se habían logrado con la negociación. Por el contrario, lo que vemos hoy es un discurso guerrerista posicionado y la profundización del modelo neoliberal. No podemos olvidar que es en el gobierno de Santos donde se reforzaron las políticas contra los derechos laborales, el sistema de pensiones, los derechos territoriales, y las políticas contra los campesinos y las comunidades rurales. Es decir, por un lado Santos sonreía para la foto como premio nobel y por otro, seguía golpeando a las clases populares. Tampoco, podemos dejar de señalar que el asesinato y persecución de líderes y lideresas sociales comenzó en el Gobierno de Santos, sin demostrar ninguna voluntad política para contenerlo. Durante el último período del gobierno de Santos hubo, al menos, unos 400 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Por eso, nosotros no lo podemos ver como un gobierno de paz ni democrático.
Nosotros estamos viviendo en el peor de los escenarios políticos, porque se ha doblegado a todo el liderazgo social, los procesos de movilización mas fuertes han tenido que enfrentar no solo el asesinato y la represión, sino también el desconocimiento de los miles de acuerdos a los que se ha llegado con el Estado luego de paros y movilizaciones. En los territorios ya no solo se desplaza, sino que se posicionan esos actores armados de derecha y narcotraficantes y en algunos lugares se perciben como si fuera algo bueno. Los medios masivos de comunicación también han jugado un papel muy importante en la negación de esta realidad, para las personas que viven en las grandes ciudades el conflicto no existe, no pasa nada. Incluso, cuando hay un paro o movilización por parte de los indígenas, los afro o los campesinos, que bloquea las carreteras, lo que encontramos es una molestia de los ciudadanos y una legitimación del uso de la fuerza contra los que protestan, no conseguimos generar la indignación de la sociedad contra todas estas políticas de muerte y esto es por el papel enmascarador que cumplen los medios hegemónicos. Nos enfrentamos a muchas dificultades, no obstante, eso no quiere decir que el pueblo haya dejado de movilizarse, de confrontar y de seguir fuerte en esta lucha por la vida.
Frente a todo este panorama que nos has planteado ¿qué vendría a ser el proceso de paz en Colombia?
El proceso de paz vendría a ser un fracaso. Porque no se entiende la paz como un asunto integral de reorganización social, económico y político de la Nación, sino un acuerdo entre las fuerzas militares del Estado y las insurgencias, y no tiene en cuenta las reivindicaciones de la gente. Por ahora ese proceso, para quienes estamos movilizándonos y organizados, pasa principalmente por detener el genocidio político del que estamos siendo víctimas y después, por la implementación de los acuerdos firmados en la Habana con las FRAC y la reactivación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En este último punto está planteado un debate, porque entre las fuerzas democráticas que nos movilizamos por el cese de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y por retomar las negociaciones con el ELN, tenemos algunas diferencias. Algunas personas o sectores liberales pretenden que se llegue rápido a una negociación con el ELN, en los mismos términos que se hizo con las FARC. Hay una crítica fuerte hacia el Estado para que respete los acuerdos, pero quienes nos movemos en procesos sociales y populares como el Congreso de los Pueblos, lo que hemos dicho es que la paz debe ser con justicia social y ambiental, y esto último implicaría otro tipo de negociación. Entonces, es difícil hacerles llegar a la sociedad en general esta convicción que tenemos, nosotros decimos: “paz hay, pero si hay educación, salud, vivienda, empleo, si para la explotación y el saqueo de los bienes comunes, la creación de hidroeléctricas que afectan a los ríos y a las comunidades…”. Entonces cuando nosotros empezamos a decir que la paz no es solamente el desarme, el “silenciamiento de los fusiles”, entonces ahí empieza el debate.
Nosotros creemos, por lo menos, desde el Congreso de los Pueblos y algunas otras organizaciones como la Cumbre Agraria y otros procesos, que sí es necesario que se reactiven los diálogos con la insurgencia del ELN, pero este dialogo no debe ser solamente entre el Estado y la insurgencia, sino que debe facilitarse y validarse en diálogos regionales con las comunidades y con los actores que existen en cada uno de los territorios, que como vimos no se reducen a las guerrillas. Son las comunidades las que saben hacia donde quieren caminar en sus territorios, las comunidades tienen muchas propuestas y tienen proyectos de vida digna. En ese sentido, nosotros validamos el proceso de paz y los diálogos, pero siempre y cuando sea con reales transformaciones sociales. Y eso comienza con la participación directa de la sociedad en general y de las comunidades más afectadas, esto es democratizar el proceso de paz. Lo que no admitimos o en lo que no creemos es que un proceso de paz manejado por las élites que siempre han dominado en el país y que han impulsado las guerras vaya a ser una paz democrática y duradera, como decimos nosotros una “paz con justicia social”.
¿Qué va pasar con el incumplimiento de los acuerdos con las FARC? y ¿en qué va la mesa de negociación con el ELN?
Pues con el proceso con las FARC hay un sentimiento de derrota, es importante aclarar en qué sentido decimos esto. En los distintos espacios donde nos movemos se resaltan los puntos del acuerdo que iban dirigidos a resolver la problemática de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional, entre otros. Estos avances es muy importante defenderlos, pero uno tiene que reconocer por ejemplo, y en eso hemos fracasado, que la ideología de la élite latifundista colombiana ha sido incorporada por un amplio sector de la sociedad que sin tener acceso a la tierra defiende la idea de que “la propiedad de la tierra no se puede tocar y que los que la han comprado se la merecen y se la han ganado trabajando”, cuando sabemos que la realidad el latifundio en el país ha sido logrado con el derramamiento de mucha sangre de nuestros pueblos. Detrás de eso, como es de esperarse, están ganaderos, agroexportadores, terratenientes y paramilitares. Las mismas trasnacionales que quieren y necesitan mucha tierra para desarrollar los megaproyectos. Entonces, ese punto que es uno de los más importantes está muy atrasado, no se ha avanzado prácticamente en nada. Quedaron de distribuir tres millones de hectáreas y hasta ahora no se ha hecho nada. En sustitución de cultivos, no solamente no se inició la sustitución de cultivos ni se proveyeron los recursos para ello, sino que el Estado adelantó fumigaciones, lo hizo bajo las ordenes de los EEUU, ahora se está impulsando que se apruebe la fumigación con glifosato y vemos que la Corte Constitucional tiene unas posturas muy tibias frente a esto, por ejemplo ha dicho que “no, que no se debe fumigar con glifosato, pero sí, sí se podría si se hace controladamente”. Es decir, nuevamente el gobierno uribista, o el uribismo manejando a su albedrío las instituciones del Estado. Las mismas instituciones que algún momento nos han dado un poco de aire a las organizaciones sociales.
Lo de Justicia Especial para la Paz (JEP), esa parece que la ganamos, pero fue del absurdo al ridículo. El presidente Iván Duque objetó la JEP, y perdió. Perdió en todos los terrenos, sin embargo, ahí siguen pataleando, a pesar de que en la JEP hay filas de miles de actores del conflicto: empresarios, altos mandos militares, generales, parapolíticos, es decir, de toda clase está llegando a cubrirse bajo la protección de la JEP, porque les conviene, ya que, si llegan a la JEP y dicen algo de verdad, se reducen las penas por los delitos cometidos. Entonces, a pesar de que el gobierno de Uribe hace todo lo posible por destruir la JEP porque sabe que van a llegar a él, y no lo logra, lo cierto es que a la JEP no se le ha permitido tampoco desarrollar su trabajo.
En cuanto a la negociación con el ELN uno ya no sabe que es lo mejor para ellos y para el país. Nosotros creemos en la salida política al conflicto, pero no en los términos que quiere el gobierno. Si el acuerdo va ser planteado igual como se hizo con las FARC pues va a ocurrir lo mismo. Se va a firmar algo que después no se quiere implementar. Además como dije antes la negociación no debe ser solo entre el gobierno y el ELN, sino también con nosotros, con las comunidades y la sociedad.
¿Se perdió la confianza en el proceso de paz?
Sí, estamos ante una situación en donde no se tienen las garantías de un Estado derecho y tampoco hay un jefe de estado. En Colombia, hemos tenido una debilidad muy grande y es que aquí no ha habido estadistas, aquí lo que hay es representantes de los terratenientes, de los ganaderos, de los empresarios, de los comerciantes, pero no hemos tenido estadistas que materialicen el bienestar para los pueblos, la nación, la sociedad civil. Entonces, imagínate si se firma un acuerdo con este gobierno y viene el otro y dice: “no, yo no reconozco el anterior acuerdo, no me gusta y yo voy a hacer otra cosa diferente”, no tenemos políticas de Estado realmente. Lo que estamos viviendo es una burla permanente de las élites para con los procesos históricos revolucionarios y sociales de este país.
¿Cómo pueden participar las comunidades y movimientos sociales en la construcción de ese proceso de paz dónde intervengan los diferentes actores del conflicto?
Esa parte es muy complicada. Se ha intentado una cantidad de propuestas, especialmente por los pueblos y comunidades que habitan los territorios más afectados por la violencia: los pueblos indígenas, afrodescendientes y las organizaciones campesinas. Estos tres sectores de la sociedad, están posicionados en algunos territorios y tienen algo de control territorial y autonomía, tienen autogobierno. Han sido los más golpeados por el paramilitarismo y las fuerzas represivas del Estado. Una de sus propuestas principales ha sido la de impulsar “diálogos regionales de paz”, fundamentados en la defensa del territorio. Pero estos gobiernos que hemos tenido lo que han dicho es que la política de paz es exclusiva del presidente de la república. Entonces, tienen digamos así, el monopolio de la paz, de hecho, Santos dijo “las llaves de la paz las tengo yo”, abrió la puerta a la participación de la sociedad cuando quiso y como quiso. Este presidente dice “no hay llaves para la paz, aquí es rendición y listo”. Realmente a estos gobiernos, a estas élites, no les interesa en lo más mínimo la opinión y la participación de la sociedad y muchísimo menos de la sociedad organizada. Hay propuestas serias y buenas para el desarrollo en los territorios que seguramente si se llevan adelante puedan tener resultados contrarios a los intereses del gobierno. Por eso, lo que se quiere es evitar que cualquier iniciativa que nazca de los pueblos y sus organizaciones haga parte de ese proceso.
¿Cuáles son esas propuestas que han surgido de los territorios desde esa visión de paz con justicia social?
Los indígenas tienen sus resguardos, que son territorios colectivos, y en ellos desarrollan sus políticas y autogobierno, ellos mandan en sus territorios, tienen incluso legislación propia y tienen guardias indígenas para la defensa de la madre tierra. Los afros también tienen territorios colectivos, están conformando sus guardias cimarronas y posicionando cada vez más, lo que son los gobiernos mayores. Dentro del campesinado, en este momento, se está dando una lucha muy fuerte, que incluso ya ganó a nivel mundial, en Naciones Unidas, y es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Aquí en Colombia, toda esa lucha por la autonomía territorial causa pavor, pero ha venido tomando fuerza y hay varios territorios campesinos en este país que están llevando la propuesta de los territorios Agroalimentarios. Estos al igual que los territorios indígenas y afros buscan el autogobierno y la defensa de la soberanía alimentaria. Entonces, sí hay experiencias y propuestas territoriales de poder popular y que por supuesto, a la institucionalidad del Estado no le interesa darle lugar porque esas propuestas son todo lo opuesto al modelo neoliberal y extractivista.
Además, porque los procesos sociales históricos que se han peleado por cambiar este país y por construir la paz en los territorios han logrado pequeñas pero a la vez grandes batallas en la búsqueda de autonomía y poder popular. Entonces, nosotros creemos que el camino no está en una guerra frontal contra el establecimiento, sino por el trabajo en los territorios con las comunidades.
Dentro de las propuestas de la sociedad civil, en todo este proceso de paz, acá en Argentina supimos de la “Mesa social para la paz” ¿en qué va ese proceso?
La Mesa social para la paz ha sido una de las tantas iniciativas que se han generado en Colombia. En el último tiempo se ha ido transformando hacia un espacio que se llamó primero “Por la paz” y ahora, ese espacio ha cambiado hacia algo que se llama “Defendamos la paz”.
La Mesa social para la paz fue una iniciativa que caminó de la mano de más de ochenta organizaciones sociales, populares y ONGs. Tenía como propósito: fortalecer las propuestas de las comunidades para la participación en la construcción de paz; el debate interno de la mesa era si ese proceso debía ser solo para participar del proceso de negociación Gobierno-ELN o era también para trabajar directamente con la sociedad en general, así no hubiera mesa de negociación. Eso fue el proceso social de la Mesa social para la paz, pero como se pararon las negociaciones con ELN, se fue disminuyendo, se fue marchitando y dio paso a una Mesa, más amplia y plural, con otros sectores, incluso que llamamos de “centro”, este espacio se llamó “Por la paz”. Hoy tenemos una propuesta todavía más grande “Defendamos la paz”, que tiene sectores de la derecha Santista, los defensores del acuerdo de paz de Santos y que también piden el reinicio de las negociaciones con el ELN.
Por último, cuéntanos un poco más sobre este genocidio político del que nos hablaste ¿Quiénes son los líderes y las lideresas sociales? ¿Quiénes son los responsables de estos asesinatos?
Voy a iniciar por quiénes son los líderes y las lideresas sociales, para no entrar en equívocos, el Estado colombiano habla de una treintena de categorías de líderes, siempre nos quieren confundir diciendo que “liderazgos hay de toda clase” y que “cualquiera pues es un líder o una lideresa”. Ese es el enredo y el debate al mejor estilo uribista en el que nos quieren meter, para decir que un líder empresarial o un líder de la derecha es un líder social. Hay que dejar absolutamente claro que cuando nos estamos refiriendo a líderes y lideresas sociales, estamos hablando de las bases sociales de nuestros movimientos y ¿quiénes son? Son todas esas personas que históricamente se han organizado en los territorios para defenderlo, para construir su propia forma de vida. Estamos hablando, por ejemplo, del Coordinador Nacional Agrario, el CNA que tiene más de cien organizaciones campesinas en su interior, que hablan de soberanía alimentaria, de protección de las semillas, de territorios agroalimentarios, de protección del agua, de acueductos comunitarios, estamos hablando es de eso. Estamos refiriéndonos a los líderes y lideresas afro que se han peleado los territorios colectivos para tratar de desarrollar lo que sus ancestros llamaron palenques, que tienen el mismo espíritu de autonomía, autodeterminación y de desarrollo cultural y social, donde lo económico no está ligado a la ganancia individual sino al desarrollo colectivo. Nos referimos a las organizaciones indígenas y la defensa histórica que han tenido de los bienes comunes y la madre tierra. Los líderes y las lideresas sociales son también aquellas personas que se dedican a la defensa de las víctimas del conflicto armado, son las organizaciones de mujeres que han venido reivindicando los derechos al aborto legal y seguro, a la autodeterminación, a que cesen la violencia contra las mujeres y los feminicidios, a dar el debate de género y paridad en toda la sociedad. Esos son lideresas y líderes que están asesinando. Es decir, cuando nosotros nos decimos “líderes y lideresas sociales” nos estamos refiriendo a un sector de la sociedad que quiere transformar el statu quo, que quiere un país en donde se posibilite la construcción de sujetos y sujetas políticas capaces de autodeterminarse, con conciencia política para la transformación de sus entornos y con capacidad de decisión sobre sus proyectos de vida. Ahí también están los y las estudiantes, los jóvenes, todos aquellos que están pensando en otra cosa diferente a llenarse los bolsillos destruyendo la naturaleza y los bienes comunes de las futuras generaciones.
Teniendo esto claro entonces nos podemos imaginar quiénes son los responsables de estos asesinatos. Todo al que no le convenga, al que no le guste ese modo de desarrollo de la humanidad y que tenga el poder económico, político y militar para poder silenciarlos.
Entonces en ese orden de ideas pues ¿a quienes tenemos con esas características? Los tenemos con unos niveles básicos: Los sicarios, los asesinos directos, las fuerzas militares, pero los tenemos con un nivel de sofisticación también, que son las instituciones del Estado. Otra forma de silenciarlos es encarcelándolos. Si no los pueden matar entonces los involucran en procesos de criminalización de la protesta social, los judicializan y los meten a la cárcel. A muchos líderes asesinados los han involucrado también en procesos de crimen organizado para justificar su muerte, para que parezca un “ajuste de cuentas”, por poner un ejemplo. En esta lista también podemos poner a los que tienen el dinero y se les perjudica por un megaproyecto, los defensores de los bienes de la naturaleza aparecen como enemigos del progreso y por tanto, hay que sacarlos del medio para continuar con el negocio, si no los pueden matar buscan que les saquen una Ley para limitar su protesta.
El genocidio del campo social y popular no es solamente el asesinato físico, sino también otro tipo de genocidio, llamemos un ideologicidio. Se está profundizando en las medidas que criminalizan, persiguen, judicializan a quienes se pronuncian en contra de los intereses de los poderosos y esto vemos que es un fenómeno global. Estamos enfrentando tal vez uno de los momentos más duros del terrorismo de Estado, esto no es nuevo en Colombia. Desde hace muchos años se vienen asesinado líderes y lideresas sociales. El solo sindicalismo, en los últimos 30 años ha sido víctima de más de 3200 asesinatos. Imaginemos que esto pasara en Argentina hoy día, seguramente que se hablaría de terrorismo de Estado, de dictadura. Entonces, estamos hablando es de una burguesía atornillada en el poder, de una oligarquía asesina, que tiene absolutamente el control de todas las instituciones del Estado y paraestatales, para posicionarse y borrar del mapa a quién lo contradiga.
Olimpo, muchas gracias por esta entrevista ¿quisieras agregar algo más?
Sí, me gustaría terminar diciendo que a pesar de que esta es una lectura muy negativa, muy dura de nuestra realidad. Esto es para dejar claro que no estamos en una Colombia en paz, ni viviendo en un paraíso. Sin embargo, No podría dejar de compartir algo interesante que nos ha pasado en el último tiempo. La semana pasada, el 26 de Julio se movilizaron millones de personas en repudio contra los asesinatos a los líderes y lideresas sociales. Esos millones de personas que nos movilizamos, y digamos los que hoy estamos siendo perseguidos también estamos siendo quienes le estamos poniendo el cascabel al gato, es decir, este país lo salvamos solo nosotros. Estamos con la confianza de que lo vamos a lograr, más temprano que tarde, pero lo vamos a hacer. Y lo más importante es que también vemos una reactivación de la lucha social. Le vamos a seguir disputando el poder a las élites, tal vez nos vayan ganando hasta ahora, pero creo que la confianza está en el pueblo, tenemos que ser una alternativa para construir el país que soñamos “un país en paz con justicia social”.
Esta entrevista se llevó a cabo el 29 de Julio de 2019.