Política de mano dura: ¿control social o más seguridad?

Desde la semana pasada la ciudad de Córdoba se encuentra en alerta por la presencia de gendarmería en colectivos revisando bolsos y mochilas en una actitud que generó polémica y malestar en gran parte de la sociedad. La requisa de bienes personales debería estar avalada por algún delito previo que la justifique, pero existe un convenio firmado por la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich y el gobernador Juan Schiaretti que la promueve sin demasiadas razones. Ezequiel Peressini, legislador provincial del Frente de Izquierda, presentó una nota pidiendo la citación a la legislatura del Ministro de Seguridad Provincial para que dé explicaciones sobre esto. Por Enredando las Mañanas.

Ezequiel Peressini, legislador provincial del Frente de Izquierda, se presentó en la semana en el programa radial de Enredando las Mañanas para hablar un poco del tema que mantiene alerta a todo el pueblo de Córdoba.

«En el mes de abril», contó el Ezequiel, «el gobierno de Córdoba y el ex Secretario de Seguridad, Diego Hak, junto con la Ministra de Seguridad de la nación Patricia Bulrrich firmaron un convenio de cooperación mutua, el cual se puso en acción el día miércoles con la presencia de 300 gendarmes en la ciudad de córdoba. Este convenio que implica operativos conjuntos entre gendarmería y policía, no solamente está reñido con la ley vigente, sino que muestra claramente el objetivo del gobierno de Córdoba de apoyar el presupuesto del FMI. El Presupuesto 2019 conlleva un ajuste que tendrá resistencia por parte de la clase trabajadora y los sectores populares. Frente a esto, el gobierno se prepara  para fortalecer el aparato represivo. Creemos que no es un hecho aislado sino que forma parte de la política que tiene este gonierno de fortalecer al cuestionado y repudiado aparato represivo que siempre está ligado al crimen organizado.»

«Además, la gendarmería se creó como una fuerza especial durante la dictadura con la potestad y exclusividad de trabajar en las fronteras. Lo que sucede es que con las modificaciones a la legislación nacional impulsadas por el secretario Aguad, se ha retirado de la frontera a la gendarmería para colocarla en la ciudad con el falso argumento de garantizar un combate a la delincuencia y el narcotráfico. De esta manera, se promueve una falsa expectativa en que estas políticas de mano dura generarían mejores condiciones de seguridad para el pueblo trabajador.»

«Algo parecido realizó Scioli en Buenos Aires con el Operativo Centinela en 2015, con disposición de Cristina Kirchner, llevaron a gendarmería a la provincia de buenos aires para controlar la delincuencia y el narcotráfico. Años después de eso, la delincuencia no sólo no ha parado sino que se ha extendido porque consideramos que son las fuerzas de seguridad, policía o gendarmería, las que garantizan la impunidad para que el crimen organizado funcione en nuestras ciudades.»

En cuanto al pedido de citación a la legislatura del Ministro de Seguridad Provincial presentado por el FIT, Ezequiel recordó que «nosotros presentamos el mes de mayo un pedido de informe para que se haga público el convenio que firmaron desde el gobierno provincial con la ministra Bullrich. Luego de aproximadamente tres meses, no hubo respuesta. Modificamos y mandamos un nuevo petitorio, donde pedimos que el ministro se haga presente para informar cuáles son las tareas dispuestas, quiénes están a a cargo de los operativos, cuál es la cadena de mando, y cuáles son las herramientas que van utilizar.»

En la semana, la sociedad cordobesa pudo ver a agentes provistos con armas largas, cascos y vestidos con indumentaria de enfrentamiento subiendo al transporte público para pedir identificaciones y realizar pesquisas. Se ha extendido el repudio entre las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. La situación se hizo viral a partir del video que subió una pasajera en el Barrio Marqués de Sobremonte, Córdoba.

https://www.facebook.com/dojo.puentedeotono/videos/1861718720542522/

«El gobierno trabaja de forma colaborativa con las falsas fuerzas de seguridad y también la justicia que le da un marco de impunidad. El ex secretario Diego Hak, quién firmó el convenio en un principio, tuvo que renunciar cuestionado por las relaciones de su padre con el narcotráfico y también por el polémico memorándum de la Dirección de Armas y Equipamiento de la policía que advierte un faltante de 1200 armas de las cuales todavía no se sabe nada.»

«La situación no depende del gobierno, porque tanto De la Sota como Schiaretti profundizan esta política tal es así que uno de los argumentos que utiliza el gobierno para poder solicitar identificación es uno de los artículos del Código de Convivencia, ex Código de Faltas, en el cual se dictamina que la no identificación se transformaría en una falta que podría ser imputada con hasta tres días de prisión.»

«Toda la estructura legal de nuestra provincia y del país sostiene la impunidad del aparato represivo qué tiene estructuras delictivas desde la dictadura hasta la fecha. Por eso creemos necesario seguir visibilizando esto, en la última marcha de la gorra y la marcha ontra el gatillo fácil, se expresó la necesidad desmantelar el aparato represivo. Y si el gobierno quiere efectivamente garantizar seguridad para las mayorías populares debe garantizar trabajo, salud y educación.»

En definitiva ¿qué herramientas tiene la ciudadanía para enfrentar a las requisas?

«La lucha de los derechos humanos contra la impunidad y la represión ha permitido tener herramientas legales para que por lo menos se les complique el accionar imprudente a las fuerzas de seguridad. Varios abogados han dicho que uno puede negarse a entregar el documento a un policía porque uno no está obligado a transitar con el documento.»

«Con el tema de las requisas es más profundo porque todo ciudadano se puede negar a ser requisado por un miembro de la fuerza de seguridad. Dado que para hacerlo debe mediar una autorización de la justicia y sino debe estar documentada la sospecha por la cual se vincula a la persona requisada con algún presunto delito. Las requisas masivas que se hicieron en la semana son irregulares en ese sentido.»

«Tenemos que utilizar estos elementos dentro de la legalidad vigente pero también va a ser muy importante organizarse efectivamente para poder coordinar la oposición a estas medidas. Porque el gobierno ha ratificado que los gendarmes se van a quedar y que estos procedimientos para nosotros ilegitimos los van a continuar haciendo.»