Paraná, Entre Ríos: Comunicado de agrupaciones políticas, sociales y sindicales por la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de los pueblos originarios

Comunicado de Prensa:

Paraná, 26 de septiembre de 2017

Sí a la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de los pueblos originarios

Los colectivos, agrupaciones políticas, sociales y sindicales, instituciones de bien público y sectores autoconvocados hemos consensuado aprobar el presente documento en apoyo a los pueblos originarios que solicitan la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia territorial. En este sentido, considerando que:

1) el Estado Argentino a) ha plasmado en la letra los derechos de los pueblos originarios preexistentes en al art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, donde reconoce su preexistencia étnica y cultural, se garantiza el respeto a su identidad, la posesión y propiedad comunitaria de sus comunidades, la regulación de entrega de tierras aptas para su desarrollo, etc.; b) ha sancionado la LEY Nº 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, la cual, en su artículo 7 dispone la «adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria»¦”, etc.; c) ha firmado convenios internacionales, como el 169° de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se comprometen a tomar medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y a no «emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados” (Ley Nº 24.071) y d) ha adherido a la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas; pero ha incumplido en gran medida en la materialización y consecución de estos derechos en múltiples aspectos. Podemos citar, por ejemplo, el incumplimiento en la adjudicación de tierras; el permanentemente abuso, persecución, asesinato de los habitantes de estos pueblos; el despojo y la contaminación de sus tierras por parte de los sectores económicos concentrados y del mismo Estado que se ha erigido en represor, persiguiendo sus luchas sociales a pesar del justo reclamo y del hecho de que las reivindicaciones reclamadas están plasmadas en las leyes antes citadas.

2) el Estado Argentino tampoco cumplió con lo previsto por la Ley 26.160/06 que proyectaba, en un plazo no mayor a tres (3) años, llevar a cabo un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las 1532 comunidades originarias, trabajo dirigido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este relevamiento sería una condición indispensable y un paso previo para la posterior adjudicación de tierras a las comunidades. La Ley prevé también que, mientras dure este proceso, el Estado no podrá desalojarlas de sus territorios ancestrales. Pero, la Ley se ha venido prorrogando porque el relevamiento se ha cumplimentado en un escaso porcentaje. Actualmente, solo se ha registrado alrededor de un 30 % y se ha comenzado a relevar otro 10 % aproximado. La última prórroga vence el 23 de noviembre de 2017. Cumplido dicho plazo, alrededor de un 60 %, o sea cerca de 1072 comunidades, corren peligro de ser despojadas de sus tierras, a lo que se suma otras comunidades que jamás podrán tener acceso al derecho a sus territorios.

Los abajo firmantes exigimos que:
–Se prorrogue la Ley 26.160 por cuatro años, a partir del 23 de noviembre de 2017, y se lleven a cabo todos los mecanismos para cumplir lo que dicha legislación regula.
–Se cumpla con la titulación de las tierras de los pueblos originarios, de acuerdo a lo que disponen las leyes antes mencionadas.
–Se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
–Se termine con todo tipo de acción represiva hacia los pueblos originarios, así como las torturas, amenazas y privaciones ilegítimas de la libertad a los que son sometidos a causa de la lucha por sus derechos.
–Se libere e indemnice a todos los presos políticos pertenecientes a los pueblos originarios que luchan en defensa legítima de sus derechos, víctimas de causas armadas por parte de las fuerzas represivas.
–Se efectivicen todos los derechos sociales que prevén el art. 75. Inc. 17 de la C.N., la LEY Nº 23.302 y los convenios internacionales de la ONU y el 169° de la OIT.
–Que el INAI, el organismo creado por la Ley 23.302 que implementa las políticas sociales destinadas a los pueblos originarios, legitime a todas las comunidades, no dejando a ninguna fuera de su amparo.
–Se termine con la estigmatización y criminalización de las luchas sociales de los pueblos originarios, hecho que ha generado el repudio en diversos sectores de la sociedad que desconocen su situación real de marginación y persecución. En este mismo sentido, repudiamos todos los dichos de parte de funcionarios estatales y medios de prensa que han tergiversado información con el fin de justificar el despojo y la represión a las comunidades mapuches y de muchas otras silenciadas por los medios.
–Se reconozca oficialmente en lo discursivo a las comunidades mapuches como pueblos preexistentes, ya que la documentación histórica así lo demuestra, lo cual ha sido ratificado por antropólogos y otros científicos de la UBA e investigadores del CONICET. El hecho de permitir que sigan circulando las versiones falsas que afirman que «los mapuches son chilenos”, así como las afirmaciones que relacionan a estos pueblos con grupos terroristas internacionales «“sin dar ninguna prueba de esto»“ contribuye a alimentar los sentimientos xenófobos en la población, hecho que no favorece a «consolidar la paz interior”, previsto por la Constitución Nacional. En relación a este punto, es necesario aclarar que se trata de una cuestión de índole mediática, para desacreditar su lucha, ya que estatalmente se reconoce y se ha dado personería jurídica a comunidades mapuches del territorio que hoy constituye la República Argentina. Sostenemos que estas posturas son irresponsables ya que desconocen la ley y como se ha venido aplicado desde hace años.
–Se realce el valor de los pueblos originarios que despliegan sus actividades productivas respetando y protegiendo la naturaleza, partiendo el paradigma que aportan al desenvolvimiento actual de la sociedades, desde el amor a la tierra y el buen vivir, y el desarrollo en equilibrio con el resto de los seres de nuestro planeta.
–Adhiriendo a todas las solicitudes de la familia de Santiago Maldonado respecto a la investigación por su desaparición, se promueva también la incorporación de organismos internacionales que garanticen un correcto desenvolvimiento de la misma.

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