4 de diciembre de 2014

Campesinos

Juicio por Cristian Ferreyra: La lectura de los alegatos

El inicio de la quinta semana del juicio a los asesinos del joven campesino estuvo marcado por dos datos que llamaron la atención de los presentes: el incremento de los veedores y campesinos que se acercaron hasta Monte Quemado para participar de este hecho histórico, y la reducción a la mitad del público permitido en la sala mientras se doblaba la presencia policial y se reforzaban los vallados. Por Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP) desde Monte Quemado, Santiago del Estero


Diario del Juicio de Monte Quemado

3 de diciembre

La lectura de los alegatos

25 años de prisión para Javier Juárez, autor material del asesinato. 16 años de cárcel para el empresario Jorge Antonio Ciccioli, instigador del conflicto que se cobró la vida de Cristian Ferreyra en noviembre de 2011. Tal fue el pedido de los abogados querellantes en la extensa jornada de ayer, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y terminó a las 10 y 30 de la noche, cuando el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio.

El inicio de la quinta semana del juicio a los asesinos del joven campesino estuvo marcado por dos datos que llamaron la atención de los presentes: el incremento de los veedores y campesinos que se acercaron hasta Monte Quemado para participar de este hecho histórico, y la reducción a la mitad del público permitido en la sala mientras se doblaba la presencia policial y se reforzaban los vallados.

La solicitud de la querella, de la que no pudieron participar los representantes legales del MoCaSe por inconsistencias formales durante la etapa de instrucción, fue desarrollada por el Dr Pedro Ibañez, quien sin embargo hizo suyos los argumentos del Movimiento Campesino. Además del reclamo penal, se presentaron demandas civiles en concepto de indemnizaciones por un total 1.900.000 pesos por los daños causados a Darío Godoy (baleado el mismo día, herido de gravedad), a Beatriz Juárez (viuda de Cristian) y al hijo de ambos.

Durante la mañana se escuchó también el alegato de la fiscalía, representada por Guillermo Lozano y Ana María González Ruiz, quienes pidieron condenas efectivas para todos los imputados, aunque con penas más bajas que las solicitadas por la querella. 14 años de cárcel para Javier Juárez y 5 años para Ciccioli, dueño de la empresa Pampa Gringa. También pidieron 2 años de prisión para el resto de los miembros de la banda para-policial al servicio del empresario sojero, por los cargos de amenazas y abuso de armas. Ellos son los hermanos Carlos y Mario René Abregú; y Víctor Hugo y Walter Juárez. El eje de la argumentación de ambos fue la mentirosa declaración de los acusados, quienes evidenciaron su imposibilidad para explicar los hechos acontecidos. Asimismo, llamó la atención el esfuerzo de los fiscales por evitar en todo momento cualquier apelación a la conflictividad social que enmarca el hecho criminal analizado.

A su turno, y durante la audiencia vespertina, el defensor Hugo Frola pidió con argumentos técnicos la nulidad de distintos aspectos de los alegatos presentados por la querella e incluso de la fiscalía. Mientras que el abogado Miguel Angel Torres, cuestionó en duros términos la estrategia judicial de la querella conducente a involucrar de todas maneras a su defendido (el empresario Ciccioli), con un doble objetivo: conseguir un resarcimiento económico abultado para los familiares de las víctimas, y politizar el caso ganando espacio para la estrategia del MoCaSe. Cuando Torres se encaminaba a solicitar la absolución del empresario santafecino, y en atención al horario, la Dra Elida Suárez de Bravo, presidente del Tribunal, abrió un cuarto intermedio hasta la mañana de hoy jueves 4 de diciembre, día en que originalmente estaba prevista la sentencia.

Sin embargo, las versiones que llegan desde Monte Quemado indican la posibilidad de que la culminación del juicio sea postergado para la próxima semana.

En cualquier caso, voceros del Movimiento Campesino evalúan como una experiencia muy positiva la realización de este proceso judicial que hizo visible la magnitud y naturaleza de un conflicto por la tierra cada vez más intenso y urgente. Su resultado impactará en la dinámica de esa conflictividad que cada día produce nuevos episodios. Por eso, más allá de la pena, se espera que el Tribunal reconozca y determine la responsabilidad empresarial en el crimen.

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