«Lejos de realizar una investigación objetiva, hay intenciones de criminalizar a los compañeros»
Los gremios estatales realizaron el pasado sábado 19, en la ciudad de Río Gallegos, un acto en el predio de la ex Función Pública que fue quemado el 18 de octubre de 2013. Por este hecho culparon a cinco trabajadores estatales que hace un año se encuentran detenidos y procesados en Río Gallegos: Patricia Benítez (con arresto domiciliario), Diego Reyes, Juan José Vera, Ernesto Apendino y Alberto Arteaga. Por RNMA
En Santa Cruz se cumplió un año de prisión de cinco trabajadores de ATE. Durante el fin de semana, tanto familiares como trabajadores de ATE, CTA realizaron un acto en repudio de la privación ilegítima de la libertad de estos trabajadores. En contacto con Alfonso Lobos, de ATE Judiciales y miembro de la Comisión de Familiares, nos comentó sobre las circunstancias en que llevaron presos a los trabajadores y el avance de la causa.
Alfonso Lobos: El sábado pasado se cumplió un año de prisión. El hecho por el cual los compañeros están detenidos sucedió el viernes 17 de octubre del año pasado. Estaban en la reunión por las paritarias de los empleados públicos, una paritaria muy ansiada ya que el grueso de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Cruz venía aguardando con mucha necesidad desde el mes de febrero, porque en materia de salario es uno de los sectores más postergados en la provincia. Para darte una idea, en 2013 los salarios de los compañeros eran de $ 4.200 aproximadamente y la canasta familiar estaba estimada en unos $12.400. De allí la necesidad imperiosa de poder tener un aumento salarial para poder cubrir mínimamente los costos de vida en Santa Cruz, que son muy elevados. Así empiezan a organizarse como autoconvocados, realizando asambleas y marchas. Llevaron a cabo dos ocupaciones pacíficas, una en el Ministerio de Desarrollo y otra en el Ministerio de Economía en reclamo del aumento salarial y se continuó con las medidas de lucha hasta llegar a Octubre. El 17, en un corte de la paritaria, se anuncia que el ofrecimiento del gobierno era de un 4,5% , algo así como $180, lo cual era a todas luces una tomada de pelo. Todo esto dentro de un contexto político muy confuso debido a internas entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. En este marco ocurre el incendio de un edificio público donde trabajaban compañeros, por eso nosotros repudiamos fuertemente este hecho y exigimos que fuera investigado por un juez independiente, ya que la jueza a la que le tocó la investigación de la causa llevó a cabo una investigación parcializada, acusando a nuestros compañeros de la responsabilidad del hecho. La causa no tenía como propósito averiguar la verdad, sino culpabilizar a nuestros compañeros.
ELM: Ustedes denuncian cuestiones oscuras en torno a la causa, comentanos cuáles son algunas de ellas.
AL: En principio consideramos a nuestros compañeros presos políticos en cuanto su detención fue política porque se encontraban en el marco de un reclamo de paritarias y una reunión para tratar ese tema. Pero además el tratamiento que brindó la jueza a nosotros nos hizo dudar seriamente de la rectitud y veracidad de esta investigación. Por citarte alguno de los datos que a nosotros nos ponen en alerta es que originalmente eran seis los detenidos (actualmente son cinco), el sexto imputado era el Secretario Adjunto de ATE de la regional de Santa Cruz. Él fue detenido inmediatamente después del incendio, pero recuperó su libertad en el momento de prestar declaración indagatoria y luego de reconocer autores del hecho. Luego supimos que esa declaración había sido realizada bajo presión ejercida por parte de la jueza, que lo mismo hizo con los cinco compañeros actualmente detenidos, pero ellos se negaron a reconocer a los autores de un hecho del cual son inocentes. Por negarse a la extorsión, la jueza rechazó rotundamente todos los pedidos de liberación, aduciendo que revestían peligrosidad. Otro hecho que llamó la atención es que en el momento del incendio se encontraban policías, bomberos y un comisario a cargo del operativo de seguridad. También llamaron a testigos que no estaban presentes en el lugar de los hechos, y esos testimonios quedaron como relevantes para ordenar el procesamiento posterior de los trabajadores. Sumado a esto durante el momento del incendio se acercó a 100 metros del lugar un camión de bomberos, pero este no avanzó más ni se puso en acción para apagar el incendio. Nadie puede explicar por qué no avanzó, y la jueza tampoco lo investigó. El Gobernador de la provincia también hizo declaraciones, no sólo con respecto al incendio. En el año 2013 se sucedieron cuatro incendios en Río Gallegos, todos de edificios públicos. El Gobernador adjudica todos esos hechos a una interna que él venía teniendo con La Cámpora. Nada de esto fue tenido en cuenta para la investigación por parte de la jueza, quien, lejos de propiciar una investigación objetiva, mostró intenciones de criminalizar a los compañeros, algunos de los cuales ni siquiera estaban presentes en el momento de los hechos.
ELM: ¿Cómo sigue la campaña y la lucha por la liberación de los trabajadores?
AL: En Septiembre aceptamos una convocatoria que nos hizo el espacio «Memoria, Verdad y Justicia” a partir de contactos que veníamos teniendo con ellos y con otras organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos. Iniciamos una campaña nacional por la liberación de los compañeros y se vienen realizando diferentes acciones que tienen que ver con la visibilización de este caso. En este momento se está finalizando la redacción de un recurso que le permite a una tercera persona, que en este caso sería una organización vinculada a la defensa de los Derechos Humanos, se acerque al tribunal superior de la provincia la posición que se sostiene del caso, y pidiendo la libertad de los compañeros. Ese recurso no sólo va acompañado de la organización que lo impulsa, sino de la mayor cantidad de firmas posibles. Y seguir denunciando. Los medios no siempre todos son tan abiertos, ni nos dan lugar para decir estas cosas.