20/03/2005

La continuidad de los métodos represivos

hijos_web.jpg El gobierno de Kirchner intenta mostrar una imagen progresista en los aspectos vinculados a los derechos humanos. La derogación de las leyes de impunidad, la remoción de las cúpulas del Ejército y el acto en la ESMA con el descuelgue de los cuadros de los represores, no se tradujo -ni lo intenta-, en una política real por el cumplimiento de los derechos básicos en la actualidad.


En primer lugar, la derogación de las leyes y la reasignación de la ESMA es el resultado de la ardua lucha de los organismos de derechos humanos en nuestro país. Reivindicaciones que el gobierno toma para construir su tan mentada «transversalidad» y alinear a una parte de esos organismos.

La remoción de determinados represores de las cúpulas del Ejército, tiene la misma lógica de las leyes de impunidad: se trata de inculpar a individuos, «disculpando» la estructura. No deja de ser un saneamiento cosmético, mientras siguen existiendo las mismas redes de complicidad e impunidad. Lo mismo acontece en el ámbito del poder Ejecutivo. Mientras Luis Eduardo Duhalde, un hombre con trayectoria en los derechos humanos, es nombrado para encabezar la Secretaría de DDHH, la composición del resto del gabinete dista mucho del progresismo: el Ministro de Trabajo Tomada, es un ex abogado de la burocracia sindical de la CGT, y el Ministro de Defensa es duhaldista.

Mientras en el país estalla el escándalo de las valijas «voladoras», cada tanto nos enteramos de que otra vez un miembro de las fuerzas de «seguridad» está involucrado en un secuestro express. Qué decir cuando sabemos que los robos y actos delincuencia, que supuestamente se quieren combatir, se dan en verdaderas zonas liberadas por la policía.

¿Cuáles son las respuestas del gobierno K? En las villas y barrios carenciados los niveles de pobreza aumentan al mismo ritmo que el presupuesto para las fuerzas de seguridad. La idea sigue siendo atacar a los puntos débiles del sistema, sin tratar de remediar ni siquiera los problemas más urgentes. Esto es la llamada política de prevención contra el crimen.

La política de seguridad del gobierno enfatiza la cuestión del control social y la vigilancia pormenorizada de los ciudadanos, ¿cuento conocido?

Este proyecto contempla el incremento de la presencia policial en las calles, la reasignación de efectivos a tareas de prevención y vigilancia; el despliegue de agentes montados en Plazas y paseos; la coordinación de los móviles de la policía y la patrulla municipal y la articulación de la Justicia Federal, Provincial y de Faltas. La instalación de puestos fijos de vigilancia en lugares «estratégicos», entiéndase facultades, espacios públicos, y demás posibles lugares de reunión. Este paquete de medidas se complementa con la capacitación y reentrenamiento de los oficiales, suboficiales y agentes. Es el caso del Proyecto «La Plata Ciudad Segura en Ley» donde las medidas ya están vigentes.

Además se trata de concentrar el poder en la policía distrital, en palabras del mismo Arslanian » es un modelo que concentra el poder policial en una persona que de ahora en más será el interlocutor no solamente de la autoridad política sino también de la comunidad», articulándose con los Foros de Seguridad, donde confluyen sectores públicos y privados.

Desde estos espacios se intenta crear la ficción de un llamamiento por parte del «hombre común» difundiendo así la idea de que los pedidos de control y mano dura son un reclamo ciudadano, representando así una caricatura de democracia.

Por parte del gobierno, las acciones concretas se limitan a reforzar las estructuras en sus Fuerzas de Seguridad, haciendo caso omiso de los reales problemas de fondo como el desempleo y el hambre que, aunque disimulados detrás de las estadísticas engañosas, no dejan de existir.

Cuando decimos que la estructura represiva sigue en pie, nos referimos a la innumerable cantidad de casos que atestiguan y prueban que las violaciones a los DD.HH. forman parte de las acciones cotidianas de las fuerzas de seguridad.

Es un hecho que el aparato represivo no fue desmantelado nunca y que el tiempo, lejos de corroerlo, lo perpetua. Prueba de eso es el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde se registra una amplia gama de vejaciones a los DD.HH. con claras responsabilidades políticas.

La reclusión de una persona por un delito no puede ir en detrimento de sus derechos fundamentales. Hay que mencionar, que la figura de la prisión preventiva se ha instalado y aceptado como cumplimiento anticipatorio de la condena; como resultado, un gran número de la población carcelaria no tiene sentencia firme, es decir, no se ha comprobado su culpabilidad.

Por otro lado, la política de «mano dura» frente a delitos menores, llevó a un aumento de la población carcelaria: mientras que en el año 2000, el numero de reclusos no superaba los 15.500, en el 2004 asciende a 24.400 (aumenta el 66%) a lo que se le suma las 5.800 personas detenidas actualmente en comisarías bajo la disposición de la justicia (Investigación del Comité Contra la Tortura, área de la Comisión Provincial por la Memoria).

De acuerdo a este informe, la infraestructura no fue modificada, en relación al incremento de reclusos. Son por lo tanto insuficientes los sanitarios, cocina, patios y talleres. Así mismo, genera una situación de hacinamiento e insalubridad proclive, entre otras cosas, al contagio de enfermedades.

A este estado de cosas se le suma la violencia sistemática ejercida por los agentes del SPB hacia los reclusos, que incluye vejaciones, apremios, torturas, suicidios inducidos y homicidios. Así también se registran hechos delictivos de otras índole como la provisión de estupefacientes a los presos, enriquecimiento ilícito de los jefes de los penales por negociados; «permisos» a algunos presos para salir a robar en beneficio del personal de los penales y comisarías

Igual situación se registra para los detenidos en comisarías. En el caso de la policía, los índices de gatillo fácil no sólo que no han bajado, sino que aumentaron durante el gobierno de Kirchner: a comienzos del año 2003 el Estado asesinó a una persona cada 60 horas, y a partir de mayo del 2003 hay un asesinato cada 48 horas (Informe Anual de la Coorrepi). También durante el gobierno de Kirchner se profundiza la política «preventiva» hacia los sectores humildes no organizados, mediante la ocupación por las fuerzas de seguridad en villas miserias y barrios humildes; el aumento de la presencia policial en las calles; combinado con la criminalización de la protesta social y el aumento de aprietes y amenazas a militantes.

La continuidad de los métodos represivos de la dictadura no sólo tiene que ver con la persistencia de determinados personajes en las estructuras de las fuerzas de seguridad, sino más bien, con que siguen siendo funcionales a los lineamientos políticos de este sistema. Los dueños del poder utilizaban el método de la desaparición forzada de personas para quebrar las organizaciones políticas del pueblo; en la actualidad , la criminalización de la protesta y la judicialización de la pobreza, intentan «mantener a raya» a los sectores populares estén o no organizados.


Archivos de la represión

La existencia de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Pcia de Bs As, prueban que la investigación, persecución de personas y organizaciones políticas es una constante tanto de la dictadura como de la democracia.

Estos archivos fueron creados en el año 1956 y recién en el año 1999 fueron entregados a la Comisión Provincial por la Memoria. Y abiertos a la comunidad en octubre del 2003.

La DIPBA se dedicaba a investigar y registrar todo tipo de actividades comunitarias, sociales, políticas, culturales y sindicales, así como todas las personas que se vinculaban con ellas.

El archivo consiste en un gran fichero alfabético de personas de aprox. 270.000 legajos con datos de todos los ciudadanos de la Pcia. que han sido fichados, donde se registran datos privados como dirección, actividades, profesión.

También hay otras fichas por organizaciones políticas, llamadas «temáticas», (30.000 aprox.), aunque las anteriores son mucho mas sistemáticas y detalladas.

De acuerdo a la cantidad de fichas, hay dos grandes sectores en los que la policía centró su investigación: el «Gremial», donde se investigaba en los lugares de trabajo a los militantes y simpatizantes de todas las tendencias políticas; y el «Estudiantil», en el cual se consignaban tanto las actividades de los centros de estudiantes como de las agrupaciones políticas.

Estos documentos importantes para el esclarecimiento de los Juicios por la Verdad.

El Archivo de la DIPBA viene a confirmar lo que de alguna manera todos sabemos: la investigación y persecución del campo popular organizado. El secuestro de materiales internos y publicaciones de diferentes organizaciones, fue una política sistemática que apuntaba no sólo al rapto y desaparición de las personas sino al de sus ideas.

Acceso al archivo

Las organizaciones de DDHH pueden acceder libremente. Cualquier persona puede acceder a su ficha personal mostrando el DNI y/o a la de sus familiares acreditando el vínculo., tienen esa prioridad Desde el 22 de marzo 2005 se va a inaugurar un espacio para los investigadores sociales, con acceso a los documentos públicos, relacionados con las diferentes organizaciones.

En la Comisión Prov. por la Memoria está funcionando el Comité contra la Tortura, que recibe denuncias sobre casos de apremios ilegales y maltratos en cárceles y comisarías.



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