21 de septiembre de 2013

Campesinos

Paraguay: La tierra sangra en el Norte

Si no es el actual gobierno ni los que le precedieron; si no son los militares ni la Policía. Si no fue la dictadura de Stroessner ni los partidos de la oligarquía. Entonces, quiénes son los que someten al pueblo todavía en esta agonía. Por Viento Fuerte.com


Imaginate que vivís en el campo y estás tomando tereré frente a tu casita. Imaginate que tu hijo ve llegar a dos tipos empujando una moto. Extraños, pero en apuros porque se les descompuso el vehículo. Eso fue lo que al menos dicen al llegar junto a vos que te levantas para saber que se les ofrece.

Imaginate que los ves sediento y le pedís a tu hijo que traiga agua para darles de beber. Imaginate que bajas la cabeza, esparcís con un pie un poco arena desprendida del suelo de la tierra reseca. Imaginate que surge un silencio entre vos y los desconocidos y miras al horizonte con el ceño fruncido, dudándo si preguntárle o no de dónde vienen y adónde van.

Imaginate que al volver la mirada hacia eso dos tipos, uno de ellos realiza un movimiento con uno de sus brazos, como queriendo sacar algo del interior de su campera, clavándote la mirada. Y saca un arma, la desenfunda. Imaginate que le miras a los ojos y al querer decir lo que sería lo último que digas te la descarga a balazos. Todo, en fracción de segundos.

Imaginate que tu hijo que venía con el jarrita de agua también recibe unos cuantos proyectiles. Imaginate que intenta cubrirse mientras vos sentís un peso que te empuja al piso. Un peso distinto a la gravedad conocida. Imaginate que mientras caes ves cómo uno de ellos sube a la moto y patea para emprender una rápida fuga.

Imaginate que tumbado en el suelo y con la sangre esparcida en la tierra, balbuceas y querés decir muchas cosas, todo en una misma vez, en el último suspiro que notas que se va para siempre.

Imaginate todo eso y mucho más. Y solo así, tal vez, podrás tener una idea -sin que este relato tenga el rigor científico de lo acontecido- de lo que le pasó a Inocencio Sanabria, en el Núcleo 4 de la comunidad de Arroyito (Concepción), la tarde del martes 17 de setiembre último.

Inocencio ha pasado a engrosar una oscura lista de dirigentes campesinos cuyas vidas han sido cegadas por las balas asesinas de matones pagados, al parecer, por agroganaderos de la zona.

Era vecino de Benjamín “Toto” Lezcano, histórico dirigente rural y secretario general de la Coordinadora Campesina Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, quien murió acribillado -el 19 de febrero pasado- de forma casi calcada: dos tipos que se bajan de una moto y pam!.

La sospecha de que estos “asesinatos selectivos" estén vinculados al modelo de agronegocio que impera en el país no es descabellada, pese a que desde los conglomerados mediáticos intenten vincularlos al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Lo cierto es que ambos, tanto Lezcano como Sanabria, se oponían fervientemente a la fumigación con agrotóxicos, que demanda la semilla de Monsanto, y lideraban la defensa en sus comunidades del cultivo cooperativo y de auto-consumo frente al avance imparable de la soja.

El reciente crimen, otra vez a un dirigente campesino, ocurre en pleno desarrollo de las fuerzas conjuntas, militares y policías, que se han desplegado en la zona Norte del país con el argumento de combatir al EPP.

El primero de los cuatro crímenes, al menos de los que se tiene noticia tras la masacre que derivó en la destitución de Fernando Lugo, tuvo como víctima a Sixto Pérez, dirigente de la Organización Campesina Norte Pyahu, en el distrito Puentesinho. Le siguió el de Vidal Vega, integrante de la Comisión Vecinal Naranjaty que ocupó las tierras de Marina Cué. Ambos el año pasado.

Y, hace un poco más de un mes, se sumó también la ejecución de Lorenzo Areco, secretario de la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), quien últimamente, estaba comisionado en la Dirección de Catastro de la Intendencia de Yvy Yaú, Concepción. Tenía a su cargo el censo y padrón estadístico de las fincas rurales en la zona de cara a la implementación de una eventual reforma agraria.

Todo esto permite ensayar que en el Norte la tierra duele, sangra y llora. Y duele con un dolor de antes, uno conocido por quienes lo padecen de generación en generación y en diferentes latitudes del Paraguay.

En San Pedro y Concepción han sido enviados los mismos que hace casi cuarenta años tuvieron a su cargo materializar el despojo y exterminio en comunidades cuyos habitantes resolvieron conducirse de forma autónoma, sin los dictados del mercado y lejos de la verticalidad impuesta por el régimen.

Mientras que los sobrevivientes del latrocinio en Colonia Jejuí siguen reclamando la devolución de sus tierras usurpadas en 1975 por esbirros del tirano, los campesinos hoy sufren el mismo acecho de antes, pero por partida doble: al tormento y tortura que llevan los militares, se suman los sicarios contratados por los sojeros.

Este modelo, que cuenta con la complacencia de los gobernantes de todos los turnos, sigue regando la tierra de sangre de muchos dirigentes que se resisten a abandonar su forma de vida.

De abusos, errores y excusas

Mientras uno desde el Ministerio del Interior habla de absoluta prudencia y discreción, a saber las estrategias que despliegan para la captura de los miembros del EPP; otro desde la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) admite “un error “de procedimiento el cual le permitió huir a Néstor Martínez, supuesto integrante del grupo criminal y hermano del líder de la banda armada.

Asumir el error, aunque el accionar esté plagado de sospechas, es loable. Y eso fue lo que pasó recientemente con Luis Rojas, titular de la Senad.

Pero negar sistemáticamente hechos o denuncias de violación de las garantías constitucionales hacen parte del mismo argumento que otrora se abalanzaba para acallar voces contrarias y atemorizar a quienes se atrevieran a subvertir el orden del régimen.

“Se busca debilitar a las fuerzas conjuntas que operan en el Norte”, esgrime Francisco De Vargas, ministro de la cartera de seguridad interna.

La excusa permanente, la negación constante son útiles para desacreditar testimonios de los pobladores que efectivamente padecen el terror de los militares encapuchados.

Es el caso de Ramón Denis Cardozo, docente y poblador de la colonia Oñondivepa, distrito de Nueva Germania, quien llegó hasta Asunción para radicar una denuncia por supuesto atropello de domicilio y abuso de poder por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas.

Según relató, un grupo de militares con rostros cubiertos por pasamontañas ingresó con violencia a su domicilio la medianoche del jueves 5 de setiembre pasado, portando armas largas y sin acompañamiento fiscal.

Cardozo junto a otras dos familias de la misma colonia dejaron constancia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso la violación garantías constitucionales por parte de los uniformados.

El docente cree que lo confundieron Elvio Ramón Cardozo, presunto integrante del EPP y sobre quien pesa una orden de captura. Según dijo, fue sometido interrogatorios y a torturas, frente a sus hijos menores de edad y su esposa.

Ahora, exige la reposición de los daños materiales sufridos, le destrozaron dos puertas de la casa y su computadora (su elemento de trabajo), ya que el daño psicológico y moral ya está hecho.

La metodología que aplican los militares es similar al de la dictadura. Los niños son apuntados con rifles y los amenazan con matar a sus padres si no les dicen lo que ellos quieren saber.

“Cuando iban a venir los militares dijimos por fin vamos a tener seguridad, pero en este caso es al revés se le persigue a los inocentes mientras que los delincuentes siguen campantes”, señaló.

Penosa situación es la que le tocó pasar a Sabino Dávalos, dirigente de Tekojoja y miembro de la Comisión Pro-Agua del asentamiento Kokuere San Pablo, situado en la zona del distrito de Choré, también en San Pedro.

A él en particular, de acuerdo a su versión a este medio, unos particulares armados (al parecer policías de civiles) le pararon en una calle vecinal cuando volvía de la cancha hacia su casa. A punta de armas largas le reclamaban por el paradero de un tal Carmelo Recalde (buscado por el crimen de Lindstron).

Le mostraban una foto, en un celular, y le preguntaban si lo conocía: “ndaikuái ha’e akue, moõpio che aikuaáta”, repitió más de una vez.

Así estuvo, a la vera del camino con armas apuntándole por delante y por atrás durante más de quince minutos. Hasta que llegaron en otros vehículos, cargados de militares y policías (esta vez con uniformes), en compañía del fiscal Cristian Roig y otros funcionarios del Ministerio Público.

Pese al acompañamiento fiscal, igual la zozobra en la comunidad no se hizo esperar. Eran cerca de las once de la noche e ingresaron -siempre por la fuerza- a la casa de la familia Recalde. No encontraron más que una pareja de ancianos y criaturas, según lo narrado por Dávalos.

Contó, además, que a un poblador le hicieron cavar pozos diciéndole que era para su tumba; así también otro le amenazaban con tirarle a una braza que ellos mismos le hacían preparar.

“A otro le hicieron arrodillar en un nido de hormiga, a otro niño le amenazaban con matarle a su padre”, enumera sumándo los casos de apremios, torturas psicológicas y físicas cuya denuncia están tramitando.

“Quién nos devuelve ahora la tranquilidad”, se pregunta el dirigente campesino al indicar que solicitarán una indemnización por daños y perjuicios por los abusos cometidos por el Estado.

Mario Restituto González, jefe del operativo de las fuerzas conjuntas en el Norte) niega el hecho. “Si no son ellos, quiénes son, eso nos preguntamos. No podemos callarnos ni quedaron de brazos cruzados”, dijo y cerró de esta forma la conversación:

“Uno puede ser bueno, manso, va a llegar el momento en que la gente se puede cansar”.

Fuente: Viento Fuerte

(Foto: AFP)

Info relacionada: Paraguay: asesinan a Inocencio Sanabria, referente campesino




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