24 de febrero de 2003

Derechos Humanos

(28/6/2002) CORREPI afirma: El que dio la orden fue Duhalde

“El que dio la orden fue Duhalde”
Entrevista a Sergio Smietniansky, “Cherco”, abogado de CORREPI, y uno de los asesores legales de la CTD Aníbal Verón en el proceso judicial por las muertes en Puente Pueyrredón


- ¿En qué estado se encuentra la causa?
- Esta es una causa bien política, de jurídica tiene poco. Se puede decir que estamos en una segunda parte de la causa. La primera es cuando se quiso quitar cualquier responsabilidad del Estado en las muertes, planteando que había existido un enfrentamiento entre dos grupos de piqueteros.
El primer día nos entrevistamos con el fiscal de la provincia y nos dijo que no había dado la orden de reprimir. Ante nuestra pregunta de si podía haber sido una orden de un juez federal, nos comentó que él se había comunicado y que tampoco la orden de represión había emanado de esa instancia. A su vez, nosotros hablamos con el juez federal y él se declaró incompetente. Es decir, la Justicia no había dado la orden de reprimir pero la represión se había producido. Frente a esto quedan dos posibilidades: o fue una decisión de un par de locos que se calentaron y salieron a matar, o hubo una decisión política de reprimir y matar.
El primer día, que fue muy difícil, teníamos dos muertos pero lo primero que tuvimos que hacer fue gestionar la libertad de los detenidos en la Comsiaría 1ª de Avellaneda. Esa primera etapa se jugó en el terreno de ellos: cuando todo el mundo preguntaba por la situación procesal, preguntaba por la situación procesal de los detenidos, no de los posibles asesinos de los dos chicos.
Esa misma tarde, le preguntamos al fiscal general Alonso por el allanamiento del local de Izquierda Unida y nos contestó que no sabía nada. Era claro que el Poder Judicial no había intervenido en esto y que el tema era más amplio. Por otra parte, en esas horas el comisario Franchiotti dio dos conferencias de prensa donde dijo que las muertes habían sido consecuencia de un choque entre piqueteros. Y todos los medios tomaron e impulsaron esta versión; como mucho, los más “progresistas” hablaron de la teoría de los dos “demonios”.

- ¿Por qué motivos el gobierno cambia de discurso?
- Cuando nosotros tenemos las fotos, más los testigos que fuimos juntando, esas versiones empezaron a caerse. Hay un dato político muy importante, los medios tenían las fotos desde antes y no las habían publicado. Clarín y La Nación tenían la secuencia desde el día anterior e incluso había filmaciones de Canal 9, el 7 y Crónica que no se habían difundido. Evidentemente hubo una presión fuerte para que esos materiales no se conozcan.
Cuando una agencia de noticias larga un cable informando que nosotros teníamos las fotos y que las íbamos a entregar a un medio (que finalmente fue Página/12), ellos tuvieron que cambiar la versión. Entonces salió Solá a dar su versión, de que se había empezado a sospechar de los policías por las fotos que publicó Clarín, etc. Pero nosotros sabemos, por fuentes periodísticas, que esos dos diarios y el Gobierno tenían las fotos desde el primer día.
Ante esta situación modificaron el discurso y empezaron a plantear la idea de la “cacería”, que impulsó Duhalde y Solá profundizó. Ellos plantean que en los primeros momentos de la represión se producen choques entre la policía y los manifestantes, varios policías se “calientan” con un grupo de la Aníbal Verón, los persiguen y los matan. Creer esto, no sólo es caer en un análisis superficial sino que implica reforzar la teoría del “loco suelto”. Y esto es totalmente incorrecto. Cuando se ejecuta el terrorismo de Estado, y ese miércoles se aplicó, los tipos fusilan y hacen lo que hicieron ante las cámaras, porque saben que hay un respaldo institucional que los sostiene.
Para ser más claro, esto es un tablero de ajedrez y el Gobierno, como Franchiotti está totalmente quemado, te lo entrega y te dice: “Franchiotti se zarpó, se calentó con Darío y lo mató”. Luego de esto, dentro del marco de la provincia de Buenos Aires, saltan todos los fusibles: ya cayó la cúpula de la Bonaerense y el ministro de Seguridad, Luis Genoud. A su vez, el Gobierno nacional y el de la Provincia unifican el discurso y se hacen los más democráticos que les sale.

- Ante esta estrategia ¿ustedes qué plantean?
- Que en el operativo intervinieron cuatro fuerzas, que Franchiotti no estaba al frente del operativo, que en diferentes lugares integrantes de distintas fuerzas actuaron de la misma manera, que está claro que estos tipos no compraron las municiones en el kiosco de la esquina. Cuando se designa la tropa, se les asigna arma y munición en el lugar de donde salen. Y les asignaron balas de plomo, no solamente balas de goma y gas lacrimógeno como corresponde para este tipo de manifestaciones.
Esto indica que fue una decisión política, como también el hecho que los testigos apuntan a miembros de Prefectura como los autores del asesinato de Maximiliano. En Alsina y Mitre, donde estaba el Bloque Piquetero, y creo que también Barrios de Pie, hay heridos con la misma metodología, con balas de plomo.
Es decir, hicieron lo que habían anunciado durante la semana previa, nadie se puede hacer el sorprendido. Antes del corte existía la duda de si era sólo una amenaza o si efectivamente iba cambiar la coyuntura política de este país. Estamos frente a un gobierno débil, que necesitaba dar una muestra de dureza y la aplicó. Ahora hay dos posibilidades: la primera es que ésta haya sido una terrible amenaza, con muertos inclusive, o que a partir de ahora ésta sea la metodología sistemática para reprimir cada corte. Al parecer, el costo político es tan grande, que un segundo hecho similar parece difícil, pero ésa es una especulación política y una hipótesis.

- Cuando se implementa un operativo conjunto de fuerzas de distintas áreas y jurisdicciones como el de Puente Pueyrredón, ¿a quién corresponde la responsabilidad política sobre lo actuado?
- Indudablemente al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a los Ministerios del Interior o Defensa. Por más que el jefe del operativo haya sido de Prefectura, Policía Federal o Bonaerense, lo que está claro es que ése no era el que dirigía. La directiva fue del PEN por eso se dispuso un operativo conjunto. Concretamente, el que dio la orden fue Duhalde. Ni el tipo más ingenuo en política ignoraba que ese miércoles iba a pasar algo, y Duhalde no podía no saberlo. El mensaje era claro: en Argentina, donde las Fuerzas Armadas han aplicado el terrorismo de Estado de manera sistemática, cuando se dice “vamos a desalojar el puente sea como sea” está claro que eso significa muertes. Es lo mismo que hizo Yrigoyen cuando le dijo a Varela “vaya y haga lo que tenga que hacer” con el costo de la Patagonia trágica.
Además, cuando montan un operativo que incluye hasta un helicóptero, y dejan a 10 policías entre dos columnas de miles de personas es porque montaron un “señuelo” y quieren mostrar a la policía como víctimas. En otras palabras, había una decisión política de “meter bala” y meter bala significa que haya muertos.

- ¿Hasta dónde puede llegar la investigación?
- Nuestro objetivo es demostrar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en estos asesinatos. Claro que no somos ingenuos, sabemos de las limitaciones de la Justicia de este sistema y sabemos que eso no vamos a poder probarlo. Es como en la causa por los hechos del 20 de diciembre pasado, sólo que cambia el títere de arriba. Justo el día anterior a la represión de Puente Pueyrredón, nosotros nos presentamos en Comodoro Py a hacer la apelación del dictado de falta de mérito que determinó la jueza Servini de Cubría en relación a la responsabilidad de De la Rúa por la muerte de Petete Almirón y de 4 personas más que murieron en Plaza de Mayo. Es como cuando planteamos que al “gatillo fácil” le sobreviene la “absolución fácil”, lo que estamos diciendo que ésta es una política sistemática, y que el Terrorismo de Estado, precisamente porque es de Estado, va a estar garantizado por el Estado. Depende de la lucha de clases ver hasta dónde llegamos y la cuestión jurídica es un humilde aporte en un marco político mucho más amplio. Ésa es la contribución que desde lo jurídico vamos a hacer a la lucha de clases.




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