Campesinos cordobeses hacen frente a los abusos a que son sometidos
Comunidades enteras de campesinos cordobeses se organizan para recuperar lo que siempre les perteneció. Continúan su lucha contra los desmontes y demandan políticas gubernamentales de fondo que les garanticen la tenencia de la tierra y el acceso a derechos fundamentales como el agua y la salud.
(x Prensared)
Las organizaciones campesinas de la provincia de Córdoba (1) desde hace tiempo vienen luchando por la obtención de distintas reivindicaciones entre las que se destacan: el derecho veinteñal de posesión, la promulgación de leyes que garanticen esos derechos y la escrituración de los campos de pequeños productores que carecen de recursos.
También solicitan el libre acceso al agua de calidad para los habitantes, animales y cultivos ya que se han realizado estudios que dan cuenta de contaminación con arsénico y otras sustancias tóxicas. En un documento denuncian que hay una injusta distribución del agua ya que beneficia a los grandes productores. Por caso, citan como ejemplo emblemático al dique Pichanas donde el 75% del agua se destina a 15 empresarios, y el 25 restante a unas 400 familias.
Otra demanda urgente es la suspensión inmediata de las topadoras que destruyen el monte patrimonio de todos los cordobeses.
Ramiro Fresneda, abogado de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba y miembro del Movimiento Campesino de Córdoba, en diálogo con Prensared, recordó que desde el año 1998 empezaron a constituirse en organizaciones para peticionar colectivamente y defender sus derechos; sin embargo no son escuchados. «Desde entonces, venimos haciendo reclamos muy concretos al gobierno para que brinde una solución de fondo al problema de la tenencia de la tierra, en el norte y noroeste de la provincia».
Fresneda apunta que «más del 70% de la población rural de la provincia carece de título de propiedad pero tiene el derecho posesorio que está consagrado y reconocido por todos los reglamentos jurídicos del país. Lamentablemente, por presiones y por malas políticas, no se está respetando ese derecho».
Como se sabe, desde hace unos años, cientos de pobladores han sido y son despojados de sus tierras a causa de la expansión de la frontera agrícola producto de la siembra indiscriminada de soja. «Los empresarios que tenían ganadería en el norte de Córdoba, compran territorio en la zona norte de nuestra provincia, para llevar la ganadería a ese lugar. Otros, con la complicidad del gobierno, de catastro y de registro de la propiedad, logran tener acceso a la información sobre las tierras». Fresneda subraya que al no haber un reordenamiento territorial, grandes extensiones son adquiridas mediante escrituras públicas o con maniobras tales como entrar al campo y aprovecharse de la desprotección en que viven las familias de los campesinos.
En Alberto Gómez -uno de los vecinos de la comunidad de «La Costa» donde viven unas 800 familias que se dedican a la cría de gallinas, vacas y cabras-, se resume el problema de todos. «Somos gente que hemos vivido siempre ahí. Nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. Los empresarios de la soja están avanzando y entonces quieren llevar su ganado a los campos nuestros».
Los campesinos aseguran que los compradores se ven favorecidos por el precio de la hectárea que está entre los 400 y 500 pesos. Además, cuentan con la ayuda de los gobiernos y de los municipios.
Se violan derechos fundamentales
Fresneda advierte sobre un nuevo fenómeno social. Miles de campesinos ya están formando parte de los cordones urbanos de pobreza. «Como organización campesina creemos que la única forma de revertir esta situación es la lucha, la acción directa». El problema de acceso a la salud es dramático. Muertes por aislamiento, malos diagnósticos, falta de medicamentos y equipamiento son moneda corriente. En ese sentido reclaman la aplicación de planes de Atención Primaria de la Salud.
Finalmente, Fresneda precisó que si bien la correlación de fuerzas es muy desfavorable, habida cuenta de que no hay administración de justicia y que las denuncias no son receptadas por los jueces de paz de las poblaciones, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos condenaron estas prácticas. En este sentido, – dijo- «en agosto de 2004 miembros de una organización de defensa alimentaria internacional han visitado varias provincias argentinas – entre ellas Córdoba -constatando que en el norte cordobés se violan los derechos humanos: a la alimentación y la tierra, reconocidos por pactos internacionales que nuestro país ha ratificado en el año 1994. En la práctica tenemos muchos problemas entre las declaraciones públicas que hace nuestro gobernador y la secretaría de justicia con lo que está pasando en la realidad», concluyó.
Rostros curtidos, convicciones firmes
Un día luminoso acompañó la multitudinaria marcha organizada por las organizaciones campesinas el 12 de noviembre pasado. Uno de los manifestantes, Ismael Quinteros, explica el porqué de su lucha «marcho por la situación de injusticia que vivimos, todos los días, desde los gobiernos. Pero seguiremos luchando y defendiendo nuestros derechos». José Quinteros vino desde Mendoza a participar del foro. «Soy de la Unión de Trabajadores Sin Tierra la (UST) y allá tenemos los mismos problemas. Se nos niega el acceso al agua y a la tierra que son elementos que allá sobran».
Dea, una joven santiagueña que pertenece al MOCASE afirma «el problema es que no disponemos de agua ni de tierra. La justicia no existe. Vienen grupos de empresarios que compran grandes extensiones y desmontan. Los poderes judiciales y económicos se unen para desalojarnos. Nos ponen paramilitares». Cuenta que desde las organizaciones deben enfrentar no sólo los intentos de expulsión y desalojo sino a quienes matan animales y queman ranchos. Estas atrocidades ocurren en las comunidades de Pampa Pozo, Villa María, Nueva Alza, Charquina, Papacharquina, Libertad, departamento Coco, Atamisqui y en todo Santiago del Estero.
Desde la universidad, Gerardo Bergamin, egresado de Ciencias Agropecuarias dijo «desde el foro de economía sustentable, nuestra idea es traer los problemas a los claustros universitarios. No sólo nos solidarizarnos sino que luchamos en la formación de estudiantes y trabajando codo a codo con ellos».
La marcha se detuvo en la secretaría de Minería, en la Legislatura y en la secretaría de Justicia, lugares en los que se realizaron actos simbólicos relacionados con las demandas. También se entregó un petitorio.
(1)- Organizaciones Campesinas: Asociación de Productores de Córdoba (Apenoc), Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (Ocunc),Unión de Campesinos del Norte (Ucan) entre otras.
Por Katy García – Prensared – 12/11/04
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