Las detenidas por pedir trabajo iniciaron una huelga de hambre
Tres mujeres de los seis detenidos por pedir trabajo en la planta petrolera de Caleta Olivia, van por su quinto día de huelga de hambre debido a los malos tratos recibidos por los policías de la comisaría en la que están presas.
(Buenos Aires, domingo 31 de octubre de 2004. ANRed). Tres mujeres detenidas en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia por reclamar trabajo en la planta petrolera Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) iniciaron el 28 de octubre una huelga de hambre para denunciar malos tratos y torturas psicológicas por parte de los oficiales de la comisaría tercera de esa ciudad.
Marcela Constancio, Selva Sánchez y Elsa Orozco, denunciaron «torturas psicológicas y maltratos» por parte de los policías. Uno de los abogados de los detenidos, César Amaya, relató a ANRed que las tres detenidas sufren «hostigamientos, requisas personales a cada rato y abusos de poder sobre los familiares que van a visitarlos, a los que hacen desvestirse siempre». También les habilitan el uso del teléfono por sólo una hora, cuando el resto de los presos lo pueden usar todo el día.
En total, los detenidos luego del violento desalojo de la planta de Termap en la madrugada del 2 de octubre, son seis: tres hombres y tres mujeres. Entre los detenidos varones se encuentra Jorge Mansilla quien se encuentra alojado junto a presos comunes y sufre malos tratos por parte de ellos. Los otros dos detenidos son Hugo Iglesias y Mauro Pelancho. Las tres manifestantes detenidas también exigen que se les otorgue el plan al que accedió el resto de los manifestantes luego de la toma.
Debido a la medida de fuerza, los desocupados de Caleta Olivia lograron que se les pague 400 pesos por mes bajo un régimen de capacitación en la empresa Cereal De la Torre, una constructora privada designada por el Estado, hasta que se los ubique en alguna compañía. «Sin embargo, cobran todos menos los seis detenidos; es ilógico porque el plan de ayuda se puso en funcionamiento debido a la medida por las que ellas están detenidas», sostuvo el abogado.
«Sobre los detenidos pesa como medio código penal. Los delitos de los que los acusan son privación ilegítima de la libertad, entorpecimiento del funcionamiento de la municipalidad, subversión económica, entre otros. Pero como las cámaras judiciales locales están tan saturadas, recién se iniciaría el juicio oral para junio de 2005», argumentó Arroyo. «Las pruebas son mínimas, pero los dejan pegados como una forma de escarmiento duro, para que no jodan más; están especialmente acusados de delitos para dejarlos adentro», sostuvo el abogado de los manifestantes.
En tanto, los abogados que llevan adelante sus casos también sufren acoso judicial por parte del Juez de Instrucción que entiende en la causa, Marcelo Bailaque. «Nos deniegan el acceso a las pruebas, nos impiden realizar careos, nos prohiben que estemos presentes durante la toma de testimonio a los testigos para impedir que hagamos preguntas», denunció Arroyo.
El miércoles 3, cuando se cumplen dos meses de las detenciones se realizará una movilización en Caleta Olivia para exigir la liberación de los seis presos políticos por reclamar trabajo. Hasta junio de 2005, los seis detenidos deberán permanecer dentro de las comisarías debido a que les denegaron la libertad por la suma de todos los delitos.