Se inician audiencias del juicio por conflictos por la tierra en el noreste cordobés

La «fiebre de la soja» se instaló en el Noreste de Córdoba y desató la codicia de grandes empresarios que buscan apropiarse de los terrenos aptos para su siembra. Así familias campesinas enteras son brutalmente desalojadas, amenazadas y sus derechos, coartados. Pero la resistencia también está instalada en los habitantes de la región. Este martes 10 se inician las audiencias del juicio por conflictos por la tierra.

El martes 10, en los tribunales de Deán Funes, se iniciarán las audiencias del juicio iniciado por el campesino Nilo Calderón contra el empresario de la localidad de Toledo, Clodomiro Quinteros. El caso tiene como trasfondo la dramática situación de los pobladores rurales del norte de la provincia de Córdoba que ven violentados sus derechos ante la ambición de los empresarios dedicados a la actividad agrícola que buscan apropiarse de terrenos aptos para la siembra de la soja.

En el año 2000, parte del campo de Calderón, ubicado en el límite sur del departamento Río Seco, a unos siete kilómetros de la localidad de Puesto de Castro, fue tomado por los empresarios Giordano, Sterin y Gelso, quienes tendieron un alambrado sin respetar las posesiones de diferentes pobladores de la zona.

El alambrado ocasionó un notable trastorno para las normales actividades de los campesinos que, de ahí en adelante, tuvieron dificultades de comunicación entre los predios, acceso a caminos públicos y diversos problemas relativos al pastoreo del ganado, además de quitarle siete hectáreas a la posesión de Calderón y la totalidad del campo de su sobrina Gregoria.

En el año 2003, Giordano, Sterin y Gelso, le vendieron su supuesta «posesión» a Quinteros quien terminó de alambrar cerca de 300 hectáreas perjudicando a más poseedores y agudizando los problemas de los lugareños.

Entre los damnificados por la última acción, se encuentra Ramona Bustamante, vecina de Calderón, quien fuera violentamente desalojada en diciembre de ese mismo año, caso testigo de la operatoria de desplazamiento que tienen los empresarios para desposeer a los campesinos de las tierras que ocuparon por largas décadas. Que dicho sea de paso, a pesar de todo el ruido que trajo el río, lleva ocho meses viviendo junto a sus hijos en tristes condiciones, sin agua, sin seguridad, sin posibilidades de reestablecer el normal funcionamiento de su vida, pero con la frente alta, resistiendo con sus animales el legítimo derecho a vivir en su tierra, a pesar de que la justicia todavía se niega a reconocérselo.

El juicio en cuestión se inicio en noviembre último como un modo de detener los atropellos que se venían agudizando en la zona, límite norte de la expansión de la frontera agrícola.

Por lo general, este tipo de casos queda impune, ya que el acceso a la justicia es casi imposible para los pequeños productores, principalmente por motivos económicos, auque muchas veces, la falta de información y el accionar de justicia local (policías y jueces de paz) desalientan cualquier tipo de reclamo sobre los legítimos derechos de los habitantes rurales.

Tanto Calderón como su sobrina venían realizando denuncias en la Comisaría de Sebastián Elcano y en la Fiscalía de Deán Funes desde el año 2000 sin obtener respuesta alguna.

Es importante destacar que a fines del año pasado, cuando Calderón y otros vecinos realizaban trabajos de mantenimiento en el alambrado de Gregoria, fueron amenazados con armas largas por Quinteros y su hijo. Después de esto, Nilo y sus vecinos realizaron las correspondientes denuncias y siguieron sin recibir respuestas.

Los inconvenientes continuaron a la hora de iniciar el juicio, ya que Calderón tuvo nutridas dificultades al ser intimado y presionado en numerosas oportunidades.

Los campesinos de la zona, nucleados en la Unión Campesina del Noreste (UCAN), colaboraron solidariamente con la familia Calderón para que el juicio pudiera ser iniciado, con la esperanza de que alguna vez la justicia reconociera los derechos de los poseedores sobre sus tierras.

Contexto

Después de que el departamento Tulumba fuera literalmente barrido por los primeros empresarios que llegaron al norte de Córdoba, desplazando a los pequeños productores a la desocupación de las ciudades y los poblados urbanos, las comunidades campesinas del departamento Río Seco comenzaron a sentirse amenazadas por el descontrolado avance de los desmontes y la apropiación de campos.

Desalojos, acuerdos desventajosos, la llegada de abogados inescrupulosos y otros hechos, pintaban el mapa de una realidad que no se oía o que pocos querían reconocer por razones obvias.

La regulación por parte del Estado brillaba por su ausencia, a pesar de los fallidos intentos de la Ley de Saneamiento de Títulos y la Ley Nº 9.100.

Después de los acontecimientos del verano con el desalojo de Ramona Bustamante, que le otorgó un poco más de visibilidad a la problemática, y los posteriores casos que fueron tomados por la prensa como el de la Jueza Ramírez en el departamento Totoral, la compra de campo por parte empresas extranjeras en Catamarca y las amenazas de desalojo en la comunidad de Las Toscas, las comunidades campesinas siguen esperando una reacción por parte del Ejecutivo y la Justicia.

La opinión pública se ha sensibilizado con las aberraciones sociales y económicas producidas por el fenómeno de la soja, pero eso no basta, ya que los campesinos siguen esperando una política de Estado que ataque estructuralmente la desventajosa realidad que parece llevar a nuestro campo a convertirse en un desierto.

Contactos:

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