Acto masivo por el desprocesamiento de estudiantes
Universitarios, secundarios, ocupados y desocupados participaron de la jornada contra el enjuiciamiento de los representantes estudiantiles de la UBA. Muchos de los presentes marcharon después a la Legislatura.
El miércoles 4 a las 10 de la mañana se dio comienzo al acto por la absolución de los consejeros estudiantiles de la Facultad de Sociales Sergio Salgado y Martín Ogando. A pesar de que el juicio a los estudiantes procesados se había suspendido un día antes, la actividad frente al Palacio de Tribunales convocó una gran cantidad de sectores opuestos a la «criminalización de la protesta».
Desde temprano se instaló un palco a metros de las escalinatas palaciegas por el que pasaron una veintena de oradores. Estuvieron presentes la agrupación de vendedores 16 de Junio, CTD Aníbal Veron, CCC, FITOD, UTP, UTL, UTD, FTC Nacional, Barriadas del Sur, Polo Obrero, Asociación Gremial Docente de la UBA (AGDUBA), la Federación Universitaria de Bs. As. (FUBA), el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL), el de Veterinarias (CEV), Psicología (CEP), Ciencias Sociales (CECSO), la agrupación Praxis, Viejo Topo, La Cantera, El Brote, CAUCE, FUL, CEPA, MUI, el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini (CECAP), la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES), la Agrupación de Secundarios Kombativos (ASKO), PO, LSR y PTS.
Martín Ogando, militante de Praxis, señaló: «el acto fue muy importante ya que contó con la presencia de todas las organizaciones. Esta unidad es la que debemos tener ante el juicio de cada compañero procesado». Frente a la suspensión repentina del juicio, Ogando explicó que las pruebas son débiles y se les hace difícil la condena; y dijo que la campaña por su absolución y la de Sergio Salgado cobró una dimensión muy grande.
El martes les avisaron personalmente a los imputados que el juicio se pospondría al enfermar Amaral, uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 a cargo de la causa.
Para Néstor Pitrola del Polo Obrero, «así se evitó una victoria popular puesto que es una causa que penaliza la protesta social como la de los presos por manifestarse en la Legislatura». Respecto a la situación en que se encuentra el Gobierno Nacional, el dirigente gremial agregó: «como los problemas populares se agravan y se profundiza la flexibilización laboral, hay un desbarranque represivo del Estado ante la movilización social».
En este sentido, Luis del FTC Nacional, criticó las medidas de seguridad «preventivas» que defiende tanto el jefe de Gobierno Ibarra como la gestión de Kirchner. «Aunque la policía no use armas de fuego, la represión continúa. En los barrios vemos el avance de la bonaerense todos los días. Nos sacan fotos, levantan compañeros con coches de civil y los golpean, o nos matan militantes como Diego Lucena. Desde que protestamos por su muerte nos tienen fichados y nos dicen que la cortemos».
Pini de Barriadas del Sur indicó que la represión de la protesta tiene varias aristas. «Por un lado procesan a los estudiantes y a los que estuvieron en la Legislatura. Por otro, sufrimos el gatillo fácil y la persecución en los barrios». Según la referente de la organización de desocupados, la semana pasada un joven del movimiento fue detenido por «usar pañuelo, ser negro y piquetero» cuando se retiraba de una marcha.
El acto no fue el único hecho político de la jornada puesto que a las 14 se marchó hacia la Legislatura en contra de la aprobación del Código de Convivencia. «Le jugó en contra al gobierno la confluencia de dos movilizaciones que tenían como punto fuerte el 4 de agosto», advirtió Javier Varvieri, presidente del CECSo. El problema es que tiene un doble discurso que genera simpatía en un sector de la población pero al mismo tiempo agiliza las causas judiciales contra miles de luchadores perseguidos».
Esta «celeridad» de la Justicia la viven los presos que el 16 de julio protestaron frente a la Legislatura. Miguel, uno de los vendedores ambulantes que asistió al acto por el desprocesamiento de los estudiantes, informó a ANRed que Margarita Meira, su esposa, es una de las 11 personas procesadas que aún permanecen en prisión. «El Código no nos deja trabajar en la vía pública, es peor que los edictos policiales. Ante la situación de hambre y desempleo que tenemos, nos reprimen y engrosan más la protesta», se quejó Miguel.
Es evidente que los diferentes casos de procesamiento corren el riesgo de sentar precedentes a favor de la judicialización de los reclamos sociales. Por ello hoy una de las reivindicaciones de las organizaciones sociales es la amnistía.
Frente a este escenario, uno de los consejeros universitarios encausados piensa: «el caso de la Legislatura como el nuestro es muy grave porque se pretende hacer una acción ejemplificadora. Tenemos que defender a todos los procesados».
Si bien la campaña por los estudiantes iba a terminar el viernes, la misma se redujo al día miércoles al conocerse la noticia de la suspensión temporal del juicio. De todos modos, una comisión multisectorial planea organizar para el 3 de septiembre un festival «contra la criminalización y por la amnistía de los luchadores populares».