15/01/2012

Frigorífico Lisandro de la Torre: Entre los ajustes, la resistencia y el represivo Plan Conintes

image001-6.jpgPor Leónidas Ceruti. En este artículo centraremos nuestro análisis recordando la privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre, la heroica lucha de los obreros de la carne, la represión y la lucha en el barrio de Mataderos. Aprovecharemos para repasar las políticas de Frondizi para con la clase obrera: los ajustes, las privatizaciones, el pase a disponibilidad de los empleados estatales, congelamiento de salarios, despidos. A la vez rescataremos las huelgas y resistencia de los trabajadores, y la decisión del Ejecutivo Nacional de sancionar y aplicar el Plan Conintes para reprimir a los asalariados que se oponían a esas políticas, a los que llamaban «terroristas”. Finalmente abordaremos el panorama actual, con los planes tanto del gobierno nacional como de las gobernaciones.


«El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo
de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc. está toda
absorbida por su trabajo para el capitalista es menos todavía que una bestia
de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido es una simple
máquina para producir riqueza ajena. Y sin embargo toda la historia de la
moderna industria demuestra que el capital, sino se le pone un freno laborará
siempre implacablemente y sin miramientos por reducir a toda la clase obrera
a este nivel de la más baja degradación”.
Carlos
Marx, «Salario, precio y ganancia”
.

Sumario

Introducción
El proyecto del desarrollismo
Frondizi y los trabajadores
El Frigorífico Lisandro de la Torre y la privatización
Toma, represión y resistencia
La lucha pasó al barrio

Los conflictos aumentaron
El represivo Plan Conintes
El Plan Larkin
Aquellos años y estos

El proyecto del desarrollismo

En las elecciones presidenciales de 1958, Arturo Frondizi, que se había apartado
de la Unión Cívica Radical, supo capitalizar el fracaso de los golpistas del
55. Con la proscripción del peronismo, la porción mayoritaria del electorado
que no tenía posibilidades de manifestarse a través de expresiones políticas
propias, la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) se decidió a captar esos
votos a través de una negociación directa con el líder justicialista.

El pacto implicaba, por parte de Perón, desautorizar a los movimientos neoperonistas
y dejar en libertad de acción a la masa peronista a fin de que sufrague en la
forma que mejor exprese su repudio a la dictadura militar y a la política seguida
por ella en todos los órdenes. Frondizi se comprometía, en caso de asumir el
gobierno, a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes
social, económico y político; a anular todas las medidas de persecución política
adoptadas desde el 16 de septiembre de 1955: procesos, interdicciones, inhabilitaciones;
a normalizar los sindicatos y la CGT en un plazo de ciento veinte días; a devolver
la personería y los bienes al Partido Peronista, y a convocar, en un plazo máximo
de dos años, a una Convención Constituyente que declararía la caducidad de todas
las autoridades y llamaría a elecciones generales. Se aseguraba así el respaldo
numérico del peronismo.

Frondizi asumió con un programa que tenía entre los puntos
principales en el plano económico desarrollar un complejo industrial integral
poniendo el mayor énfasis en las llamadas industrias básicas o industria pesada
como el acero, química, petroquímica, celulosa, maquinarias. Todo a través del
flujo masivo de capitales extranjeros, para proveer los recursos requeridos.
La política industrial significó una apertura sin restricciones a la inversión
externa y se produjo una concentración creciente en manos de las empresas extranjeras,
que controlaron así importantes sectores de la economía.

En síntesis, desde el gobierno nacional se trataba de lograr una inversión
masiva de capitales en la industria pesada, infraestructura y secundariamente
en la renovación del capital constante ya acumulado, pero ineficiente por el
atraso tecnológico.

La fórmula Frondizi
– Gómez

Frondizi y los trabajadores

Las relaciones de Frondizi con los trabajadores y las organizaciones sindicales
se intensificaron unos días antes de su asunción a la presidencia, cuando respondió
al memorando que le remitieran las 62 Organizaciones, con una declaración en
la que prometió aumentos masivos de salarios para contrarrestar el aumento del
costo de la vida, ya que «la correlación salarios-costo de la vida ha sufrido
una variación sustancial en prejuicio de la clase trabajadora, el gobierno aplicará
de inmediato como anticipo de los convenios a firmar entre las partes un aumento
de emergencia, que no trabe la producción y eleve el costo de vida. El salario
deberá tener un apropiado poder adquisitivo”
. Además dejó en claro el «derecho
de las organizaciones obreras a desarrollar sus actividades en libertad y de
gozar de sus derechos, incluyendo entre ellos el derecho de huelga. Se propiciará
la derogación de toda legislación represiva que impida a los gremios defender
a los trabajadores, y se devolverá la CGT a los trabajadores
”. (1)

El trato con los sindicatos continuó con el cumplimiento de lo pactado: se
sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales el 8 de agosto de 1958, reclamada
por el sindicalismo, y que respetó los fundamentos que habían dado al peronismo
su dominio en las organizaciones sindicales: una sola central obrera, un solo
sindicato por rama de actividad y listas completas en las elecciones. Posteriormente
se normalizó la CGT, devolviéndose a sus legítimas autoridades diversas
federaciones.

En su primer mensaje ante el Congreso, el 1º de
mayo de 1958, Frondizi en varios pasajes se refirió a la clase obrera y los
gremios, apuntando que «Cesarán las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones
gremiales, la entrega de las organizaciones sindicales que todavía deben reintegrarse
a sus legítimos dueños deberá cumplirse en término breve y perentorio. El debate
entre los trabajadores se desarrollará sin injerencia alguna del Estado. Quedará
descartada la intromisión policial en la vida sindical. El Poder Ejecutivo no
reconocerá ningún derecho a la dirección de un sindicato que no nazca de la
voluntad de los afiliados. Democracia sindical, elección de los legítimos representantes,
el gobierno garantizará el derecho de huelga, de asociación, de reunión, de
expresión”.
Puntualizando sobre las libertades democráticas que «Mientras
dure nuestro gobierno, en la Argentina nadie será perseguido
por sus ideas, ni por su actuación política o gremial, ni habrá otras comisiones
investigadoras que aquellas que se propongan estudiar las inmensas posibilidades
de progreso espiritual y material de la Nación”
. (1 bis)

La lucha de clases demostraría todo lo contrario.

Ese año, los acontecimientos más importantes fueron la
huelga de petroleros de Mendoza durante octubre, la denuncia de Perón de los
contratos petroleros a principios de noviembre, la huelga ferroviaria, las elecciones
en varios gremios donde triunfaron los dirigentes agrupados en las 62 Organizaciones.

Ferroviarios desfilan
rumbo al V cuerpo de ejército en el año 1958 (La Nueva Provincia, Bahía
Blanca)

A pesar de que el Ejecutivo
Nacional había decidido tanto aumentos de salarios como una amnistía general,
la relación del gobierno con el movimiento obrero se fue deteriorando, destacándose:

*.- El anuncio del gobierno, a fines de diciembre de 1958, del Plan de Estabilización,
que consistió en la aplicación de la ortodoxia monetarista recomendada por el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas que afectaron a la clase
obrera fueron la reducción del gasto público, las tarifas de los servicios que
fueron considerablemente aumentadas, como las ferroviarias entre el 50 y 60%,
el precio del petróleo aumentó el 200%, la electricidad el 50%, se congelaron
las vacantes del Estado, reduciendo el personal en 40.000 personas, las obras
públicas fueron paralizadas
. Además se estableció el mercado libre de cambios,
abolición de los controles de precio, eliminación de los subsidios a los productores,
etc.

*.- La huelga de los petroleros en Mendoza, en
noviembre de 1958, llevó al presidente a acusar a peronistas y comunistas de
un plan subversivo. Se declaró el Estado de Sitio, movilizándose tropas militares,
deteniéndose a numerosos dirigentes sindicales.

*.- Conflictos en bancarios, textiles y metalúrgicos.

*.- Huelga de los obreros de la construcción de
45 días.

En diciembre de 1958, en plena vigencia del Estado de
Sitio dictado para tratar de frenar las luchas obreras, el Gobierno había reprimido
duramente las protestas de los ferroviarios con el recurso de la movilización
del personal, lo que los colocaba bajo las leyes militares y los obligaba a
trabajar. Varios activistas ferroviarios fueron juzgados y condenados por tribunales
militares por su participación en las medidas de fuerza.

En los primeros días de enero de 1959, el presidente Arturo Frondizi tenía
previsto visitar los Estados Unidos; sería el primer mandatario argentino en
visitar oficialmente la potencia dominante de posguerra. Su política reciente
había dado muestras sobradas de su alineamiento.

Frigorífico Lisandro
de la Torre

El Frigorífico Lisandro de la Torre y la privatización

A fines de 1958, el gobierno nacional se olvidó de las
promesas y del pacto con Perón, y la industrialización avanzaba en manos de
capitales extranjeros. La crisis se profundizaba al compás de posibles privatizaciones
y del Plan de Estabilización que le había prometido al FMI.

Esto impactaba directamente sobre los trabajadores: congelación
salarial, despido de la planta de empleados públicos, además de las privatizaciones
en los sectores del petrolero, servicios y también en el sector productivo.

El Frigorífico Lisandro de la Torre, ubicado en el barrio de Mataderos, era
el más grande de América Latina. Nacionalizado por Perón y cedido a la municipalidad
de la Capital, para aprovisionar el consumo de los habitantes de Capital y Conurbano.
Se faenaban un millón y medio de kilos de carne vacuna por día.

Hacia fines de los 50, se había convertido en un objeto de deseo de los grupos
privados ligados a la industria de la carne por la importancia creciente que
iba adquiriendo en el rubro el mercado interno por sobre los negocios de exportación.
Su privatización formaba parte del Plan de Estabilización pactado por Frondizi
con el FMI.

El 7 de diciembre de 1958, los trabajadores del Lisandro de la Torre eligieron
una nueva comisión directiva sindical, mayoritariamente peronista, encabezada
por Sebastián Borro, un joven dirigente forjado en los duros años de la resistencia.
A ellos se sumaba un cuerpo de delegados representativo en el que participaban
en minoría algunos delegados comunistas. No era la primera vez que los obreros
del frigorífico se enfrentaban a un gobierno: en 1948 y en 1956 sendos conflictos
habían terminado en fuertes enfrentamientos callejeros.

En este contexto, el 10 de enero de 1959, el Poder Ejecutivo envió a las cámaras
un nuevo proyecto de Ley de Carnes que contemplaba la privatización del frigorífico.
El objetivo manifiesto era venderlo a la C.A..P. (Corporación Argentina de Productores),
controlado por los ganaderos. El interés de estos en la posesión de establecimientos
frigoríficos era reciente, pues el mercado internacional para las carnes argentinas
había decaído y el mercado interno era el destino obligado de las mismas.

El sindicato tenía un contraproyecto para aumentar la
productividad y el rendimiento de la planta mediante la adquisición de maquinaria
para la utilización y aprovechamiento del sebo, la cerda, la sangre, las pezuñas,
etc. Al decir de los trabajadores: «Lo único que no pudimos lograr fue
una forma de industrializar el mugido».

El 12 de enero, alertados por el inminente tratamiento de la ley, se entrevistaron
con el presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Gómez Machado, quién se
comprometió a darles una respuesta el día siguiente. A la salida, Sebastián
Borro expresó al diario Clarín que los obreros estaban dispuestos a luchar hasta
el fin para evitar la privatización: «…le diremos a usted algo que no le hemos
dicho al Dr. Gómez Machado. En camiones cargaremos los escombros del frigorífico…”.
Para el día siguiente, en que la ley sería tratada en Diputados, el sindicato
convocó a una concentración en la Plaza del Congreso. La seguridad de los parlamentarios
fue reforzada con la Guardia de Infantería, mientras dos mil obreros se movilizaban
con un ternero en el que habían pintado: «Señores Diputados, no me entreguen,
quiero ser nacional”
. Contra lo que les habían prometido, esa noche
la ley fue sancionada. Era la madrugada de la última sesión del año. En la Cámara
de Senadores se aprobó sin debate: todos los legisladores eran del oficialismo.
(2)

Siempre aprobando esas leyes a escondidas y a las apuradas.

Toma, represión y resistencia

El miércoles 14 de enero, el cuerpo de delegados convocó a una asamblea luego
de conocer la decisión de Frondizi de no recibir a la Comisión Directiva. La
noticia había corrido y el barrio se encontraba convulsionado por los acontecimientos.

La investigación de Ernesto Salas sobre lo acontecido en esas jornadas es
ejemplificador de una de las luchas de resistencia de la clase obrera que se
destacaron en el periodo, y por ello queremos compartir estas líneas: «Al otro
día, los obreros fueron a trabajar, pero no abandonaron el edificio. A una nueva
asamblea masiva concurrieron ocho mil obreros y decidieron mayoritariamente
mantener la toma y realizar un paro por tiempo indeterminado. La bandera del
frigorífico fue izada a media asta. En tanto, Frondizi recibió finalmente a
la comisión y a representantes de las «62 organizaciones” que le solicitaron
que vetara la ley, pero éste se negó. En el testimonio de uno de los participantes
de la reunión: «Entonces se preveía que iba a haber represión, los obreros
para atrás no íbamos a ir”.

Por la noche, la organización de la toma del frigorífico y la vigilia se extendió
a los familiares quienes, en gran número, se nuclearon sobre las rejas perimetrales.
Previendo la represión, no se apagaron las calderas y se prepararon los bretes
para largar la hacienda. El viernes 16 recibieron a los periodistas. La emisión
de una entrevista le costaría un mes de suspensión a Radio Rivadavia: Sebastián
Borro contó con detalles el intento de soborno que había recibido del presidente
de la C.A.P.; como fondo se escuchaban los bombos y, por primera vez, el grito
de «Patria sí, colonia no!”. Ese día, Frondizi designó como mediador en el conflicto
al jefe de la Policía Federal, el capitán Ezequiel Niceto Vega. Obviamente no
había lugar para un acuerdo, la confrontación era un hecho. Para afirmar esa
postura, esa noche el ministro de trabajo Alfredo Allende declaró ilegal las
medidas de fuerza y ordenó desalojar el establecimiento a las 3 horas del día
sábado. Una hora después del plazo, se desencadenó la represión.

La organización interna de los obreros estaba meticulosamente estudiada, un
grupo cuidaría las maquinarias para evitar sabotajes de los infiltrados mandados
por los patrones, otro grupo atendería a los animales. Se dispuso entonces grupos
de choque para defender el patrimonio nacional y la fuente de trabajo: se tendría
que mantener la caldera caliente para resistir el embate con las mangueras de
agua caliente, se largaría la hacienda para atropellar a los represores, desde
el segundo y tercer piso se tirarían rondanas para trabar las orugas de las
tanquetas o para pegar de lleno a los invasores. También había grupos externos
buscando apoyo en la barriada de Mataderos.

A las pocas horas de iniciada la toma, el frigorífico estaba rodeado por
miles de personas en señal de apoyo, estudiantes, vecinos, familiares, comerciantes.
La prensa nacional se apostaba en la entrada, ante el portón en el que se colgó
una bandera que rezaba: «En defensa del patrimonio nacional». (3)

Los piquetes de guardia en las esquinas del frigorífico fueron los primeros
en dar la alarma. Lo que vieron fue una poderosa fuerza represiva que avanzaba
hacia el establecimiento: 22 ómnibus cargados con agentes, carros de asalto
de la Guardia de Infantería, camiones de bomberos, patrulleros, cuatro tanques
Sherman del Regimiento de Granaderos a caballo y varios jeeps con soldados provistos
de ametralladoras, estos últimos al mando del Teniente Coronel Alejandro Cáceres
Monié. La fuerza así reunida era de unos dos mil hombres.

A las cuatro de la madrugada
llegaron refuerzos de Gendarmería y un tanque tomó posición frente al portón.
Los obreros en grupos se treparon a los muros y a la puerta de entrada. Ricardo
Barco, delegado comunista que observaba la escena, lo cuenta así: «Avanzan
los tanques. Estábamos colgados de los portones, porque un poco en la bronca
y otro poco de inconciencia, lo que pensamos es que iban a meter la arremetida
pero que lo iban a parar […] Yo, desde el portón, cuando el portón pegó el
cimbronazo, pasé por arriba de los árboles y fui a caer en un cantero allá como
a cinco o seis metros…y todavía allí cayeron otros […] En medio de eso, que
el tanque entra, avanza, la gente se da vuelta, se para en el mástil y empieza
a cantar el Himno Nacional…no hay palabras para decir lo que siente uno en ese
momento. Algunos corren a refugiarse de las balas y gases policiales; otros,
cuchillo en mano, se abalanzan contra la policía”
.

Quienes tenían la misión de largar la hacienda lo intentan en vano. «En
la huelga de 1948 las largamos y fue una estampida de decenas de miles de cabezas
que se llevaba todo por delante, no quedaba nadie, ni policías ni nosotros.
En cambio en el 59 salieron, pero al trotecito, y se pusieron a comer el pasto
de las veredas: parece que las vacas también habían hecho su experiencia…».

Los animales se movieron poco y nada, y se entretuvieron pastando en los canteros
de la planta. Quedó para la historia aquello de «las vacas estaban cansadas”.
(4)

La resistencia duró tres horas, aunque la mayoría de los obreros saltaron
los muros y se refugiaron en su barrio. Desde el cuarto piso, un grupo tiraba
con todo lo que tenía al alcance. A las siete de la mañana la policía retomó
el control: 95 obreros fueron detenidos y nueve resultaron heridos.

Las 62 Organizaciones,
hegemonizadas por el vandorismo, al frente de la
CGT, decretan un paro nacional. Sin organizar la medida y sin
tomar ninguna precaución, los dirigentes vuelven a sus respectivos sindicatos.
Al llegar, uno a uno fueron detenidos: la burocracia se quitaba así de encima
la responsabilidad de garantizar el paro que había declarado.

La lucha pasó al barrio

La indignación
por lo ocurrido recorrió el barrio. Durante varios días obreros y vecinos libraron
duras batallas contra las fuerzas de seguridad. Mataderos se convirtió en el
barrio de las barricadas, se hacían con adoquines sacados de las calles, vías
del tranvía, cubiertas de ómnibus de líneas incendiadas y clavos miguelitos.
Por la noche los activistas cortaron el alumbrado y la policía fue recibida
a pedradas desde las azoteas. Los trabajadores de las inmensas fábricas vecinas,
Pirelli y Federal, se unieron a los del frigorífico.

La clase obrera de la zona se transformó en el dirigente
espiritual de la población vecina. Era la industria frigorífica predominante
quien gobernaba y ordenaba la existencia misma de todo ese complejo urbano.
Los lazos informales de la familia, la vecindad y el lugar de trabajo adquirieron
una potente homogeneidad, reforzada en su máxima expresión cuando el Estado
y su aparato represivo se aprestó a atacarlos. Estos lazos primarios fueron
los que comenzaron de entrada a proveer la seguridad y defensa a los obreros
y activistas en un plano que ninguna organización formal podía igualar. El
barrio vivió una conmoción: en la calle, ¡con las manos!, se levantaron las
vías del tranvía. Se hicieron barricadas arrancando el adoquinado, se derribaron
árboles, se acumulaba madera, se prendía fuego. Participaba todo el mundo, los
obreros, los militantes, los familiares y los vecinos. Inclusive los comercios
se adhirieron, porque era una lucha que le pertenecía a todo Mataderos.

En tanto, el gobierno allanó varios sindicatos y detuvo a varios dirigentes.
Además declaró «zona militar” a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada
y ordenó su custodia con tropas militares. Entre tanto, Sebastián Borro y otros
dirigentes de gremios chicos, como Jorge Di Pasquale, organizaban la huelga.
Desde los Estados Unidos, Frondizi declaró: «…la conducción del país la
tiene el gobierno y no los gremios”
.

Luego de tres días el movimiento de fuerza se debilitó. El miércoles 21, las
«62 Organizaciones” decidieron el cese de las medidas de fuerza.

El sindicato del «Lisandro de la Torre” nunca levantó la huelga; luego de
varios meses y con Borro capturado, 5000 obreros fueron cesanteados. El frigorífico
fue vendido a la CAP. Una investigación realizada en 1974 por una comisión de
la Cámara de Diputados descubrió que la CAP había pagado sobreprecios a sus
asociados durante años y que los quebrantos, que eran enjugados con fondos públicos,
habían constituido una virtual estafa. (5)

Los conflictos aumentaron

El gobierno nacional pretendía más Productividad,
Racionalización y Control Interno.

Entre abril y junio, durante 69 días se llevaron adelante dos importantes
conflictos como las huelgas de bancarios y seguro. Luego entre julio y agosto
se produjo una gran huelga de los azucareros de Tucumán.

Los bancos se habían visto alentados por la política
económica impulsada desde el ejecutivo nacional, y a pesar de sus millonarias
ganancias, se negaron a conceder el aumento de salarios solicitado y gestionado
por los trabajadores bancarios, y el gremio decidió recurrir al paro para apoyar
sus reclamos.

Durante toda la huelga, las asambleas generales se sucedieron casi con regularidad
diaria, y todos los trabajadores afectados pudieron seguir, con su presencia
y participación, las alternativas de la lucha y las gestiones realizadas por
el Comité de Huelga. Desde las asambleas partían vibrantes manifestaciones callejeras;
se realizaban concentraciones masivas como la concretada en plaza Congreso,
apoyadospor distintos sectores de la sociedad, hasta el puntode que elMUCS
y las «62» declararon un paro general en solidaridad, que se cumplió
el 15 de mayo de 1959.

Manifestación
bancaria

Elconflicto duró varias semanas y la huelga debió ser
levantada y dejó 5.000 cesantes. Ello representó un duro revés, pero, como decían
los bancarios en un folleto de balance «… la lucha, lejos de haber terminado,
no ha hecho más que cumplir una importantísima etapa; la victoria final pertenece
a las fuerzas sociales que crecen y se desarrollan: a la clase trabajadora,
dueña del porvenir”
. (6)

Del 23 de julio al 13 de agosto se produjo otra importante huelga, esta vez
de los obreros azucareros de Tucumán. La política de los empresarios azucareros
incluía no sólo no conceder los aumentos de salarios pedidos, sino que pretendían
no levantar la cosecha ese año a fin de aplastar al proletariado azucarero,
destruir su organización sindical, arruinar a miles de pequeños y medianos cañeros
obligándolos a venderles sus tierras, provocar la intervención federal a la
provincia y lograr la vuelta de los cuatro ingenios oficiales a manos privadas.

La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y la Federación
de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) formaron un frente único para
coordinar la lucha. Se sumaron a la lucha los cañeros, organizados en la Unión
Cañeros Independientes de Tucumán, quienes realizaron grandes asambleas los
días 2 y 4 de agosto, en Concepción y en Monteros. Por su parte, la Regional
de la CGT, en su plenario del 1 de agosto, resolvió una huelga general para
los días 6 y 7; ésta se cumplió con manifestaciones y la policía intervino brutalmente,
sableando a los trabajadores y dejando como saldo un muerto y dos heridos de
bala. En repudio a ese asesinato, se decretó la huelga general.

La huelga azucarera y el paro general conquistaron un aumento de salarios
del 70 por ciento. El gobierno retiró la personería gremial a la FOTIA por solicitud
del gobernador Gelsi. Castigados por la represión los azucareros volvieron al
trabajo el 13 de agosto. (7)

A nivel nacional hubo intentos de unidad para enfrentar
la ofensiva patronal y del gobierno. El sábado 22 de agosto de 1959, se realizó
el plenario del MUCS y las 62 Organizaciones que conformaron el Movimiento Obrero
Unificado y aprobaron una «Declaración de Principios” para la acción conjunta,
que firmaron los Gremios Independientes, como la Federación Argentina de Trabajadores
de Luz y Fuerza, Asociación del Personal Aeronáutico y Asociación Argentina
de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines.

Plantearon el siguiente programa de reivindicaciones:

1.-Libre discusión de los convenios colectivos de trabajo y defensa del carácter
nacional de los mismos, de acuerdo con la Ley 14.250,

2.-Lucha efectiva contra la carestía, mediante la fijación
de precios máximos,y la creación de una comisión con amplia participación obrera,
que estudie los costos, reajuste los salarios y vigencia del salario mínimo,
vital y móvil.

3.- Medidas concretas para asegurar la estabilidad de
los trabajadores. Paralización inmediata de suspensiones y despidos, derogación
del Art. 13 de la ley 14.794 y reincorporación de todos los cesantes por motivos
gremiales y / o políticos (bancarios, seguro, petroleros, etc.)

4.- Aplicación inmediata de la ley 14.449 que fija el
82% y 75% móvil para jubilados y pensionados,

5.- Sanción definitiva de la reformas de la ley 11729.
Actualización y reforma de las leyes Nº 9688 y 11.933 (de accidentes de trabajo
y de maternidad),

6.- Defensa y desarrollo de la industria sin afectar
el patrimonio y la soberanía del país. Cese del plan de desnacionalizaciones
(Transportes, Aerolíneas Argentinas, etc.) y cierre de la importación de todos
los artículos de fabricación nacional,

7.-Solución inmediata al conflicto del Frigorífico Nacional
de acuerdo al plan propuesto por los legítimos representantes obreros,

8.- Cese inmediato de todas las intervenciones en las
organizaciones obreras, y convocatoria de elecciones en todas aquellas que aún
no lo hubieran hecho, de acuerdo con la ley de Asociaciones Profesionales, en
un plazo no mayor de 30 días,

9.- Defensa de los derechos y libertades sindicales.
Devolución de la personería gremial a FOTIA,

10.-Derogación de la ley inconstitucional que cercena
el derecho de huelga,

11.- Normalización inmediata de la Confederación General del Trabajo,

12.- Levantamiento del estado de sitio. Derogación de todas las leyes represivas
y plena vigencia de la Constitución Nacional,

13.- Entrega de las tierras a quienes trabajan, mediante
una profunda reforma de la actual estructura latifundista. (8)

Todo se complicaría para la clase obrera en 1960, ya que como hemos comentado,
el año anterior se habían producido varias huelgas y según algunos analistas
las derrotas sufridas trajeron «desmoralización y aislamiento”. En síntesis,
producto de los paros en Capital Federal, no se trabajaron en total 1.078.138
días, y fueron a la huelga más de 1.400.000 obreros. En el año los enfrentamientos
más importantes fueron los protagonizados por los obreros del frigorífico Lisandro
de la Torre, los bancarios durante tres meses extendieron por todo el país su
huelga, posteriormente se sumaron los metalúrgicos, con 41 días de lucha y
los textiles con su paro por tiempo indeterminado. A ese panorama, de cuatro
importantes conflictos, se agregaron cientos de disputas menores y tres huelgas
generales.

Frondizi observa una
manifestación desde la Casa Rosada

El represivo Plan Conintes

Frente a la situación económica que se agravaba y la resistencia de amplios
sectores obreros, hicieron que el gobierno pusiera en funcionamiento el «Plan
Conintes”, establecido a principios de 1960, para reprimir a obreros y opositores,
sometiendo a jurados militares a los acusados de terrorismo y las condenas fueron
extremadamente severas. Los ferroviarios fueron movilizados militarmente tanto
a fines de 1958 como en 1961, luego de dos conflictos que se extendieron por
todos los ramales del país.

Se aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra,
y en marzo de 1960 decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna
del Estado)
, que permitía dividir el país en zonas de operaciones, y a partir
de esa fecha los actos de terrorismo y similares ser sometidos a la jurisdicción
de los tribunales militares. El Artículo 15 preveía la aplicación de la ley
marcial, que implicaba previo juicio sumarísimo el fusilamiento de las personas
halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de
ministros, y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes en Jefe
de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías provinciales.
Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos
gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de
delegados de las fábricas, y comenzaron a circular las listas negras.

Manifestación del 6
de diciembre de 1961 en solidaridad con los obreros ferroviarios despedidos.

El Plan Larkin

Las relaciones durante 1961 de los gremios con el gobierno
fueron cada vez más conflictivas, y la CGT realizó varios paros generales, el primero el
18 de julio, el segundo el 6 de octubre, y finalmente en noviembre uno de 72
hs. La disputa gremial más importante fue la huelga ferroviaria entre el 30
de octubre y el 10 de diciembre, que finalizó con un triunfo de los ferroviarios.

Conocido el Plan Larkin de liquidación de los ferrocarriles,
a instancias del Banco Mundial, que consistía en una larga serie de cancelaciones
y levantamiento de vías, el gremio ferroviario reaccionó con distintas medidas
de fuerza. La clase obrera en su conjunto se vio identificada con esa huelga
que contó con masivo respaldo, lo que se expresó en un paro general de 72 horas.

Los ferroviarios realizaron varios paros durante el año:
el 15 de mayo por 24 horas, el 21 y 22 de agosto por 48. Frondizi y su ministro
Acevedo respondieron dictando el Decreto 4061, que disponía la cesantía de
80.000 ferroviarios, sumada a la «jubilación” anticipada de otros 20.000; la
clausura de once talleres ferroviarios y el levantamiento de 23.000 kilómetros de vías. Otro decreto reformó
los escalafones (convenios), sin discusiones ni acuerdo de partes.

Las medidas del ejecutivo nacional fueron una provocación a los trabajadores
y la reacción se dio en distintos puntos del país como en Junín, Liniers, Santos
Lugares, Remedios de Escalada, Rosario, Tafí Viejo, donde hubo asambleas y manifestaciones.
En Rosario se declaró inmediatamente la huelga. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad,
ante las demandas de acciones contundentes, dispusieron la huelga general del
gremio.

Ferroviarios en paro
el 30 de octubre de 1961. Foto: El Litoral

Una vez más, el gobierno respondió con la represión contra los huelguistas.
«Un comando especial, a las órdenes del capitán Recaredo Vázquez, decretó la
«requisición” del gremio ferroviario. Por la noche la policía invadió miles
de hogares, sacó a los ferroviarios de sus casas y los llevó a trabajar. Pero
la medida fue inútil. Los huelguistas se negaron a trabajar; centenares de ellos
fueron a parar a la cárcel. En el río de la Plata, a quince kilómetros de la
costa, se ancló el vapor Bruselas, donde quedaron alojados destacados militantes
del gremio. La sede de la Unión Ferroviaria y de varias seccionales fueron asaltadas
por la policía, y por elementos que pretendieron constituirse en «comisión directiva
provisional”, pero se vieron rodeados por un vacío total”.

Todo el pueblo se solidarizó con la huelga. En Temperley,
Rosario, Laguna Paíva, Junín, Bahía Blanca, se formaron comisiones populares
de apoyo. El pueblo se instaló en las vías para no dejar pasar los trenes manejados
por soldados. En Rufino y Laguna Paiva (provincia de Santa Fe) se ametralló
desde los vagones, provocando un muerto y dos heridos graves. La población de
innumerables pueblos del interior realizó colectas para ayudar a los huelguistas.
También en otros países los sindicatos se solidarizaron.

La CGT declaró un paro general de 72 horas, que se cumplió los días 7, 8 y
9 de noviembre; fue el tercero del año. El 8 debía realizarse una concentración
frente a la CGT, pero fuertes contingentes policiales ocuparon el lugar y detuvieron
a unos 500 manifestantes. Los dirigentes de la CGT el 30 de noviembre en un
plenario de secretarios generales resolvió: 1) que las organizaciones confederadas
dispongan el aporte inmediato de medio jornal por afiliado para los ferroviarios;
2) realizar un gran mitin de solidaridad el 6 de diciembre, en Parque Patricios;
3) llamar a todos los partidos políticos e instituciones populares a constituir
una comisión nacional de solidaridad. Los partidos políticos y organizaciones
populares se reunieron el 1 de diciembre en la Unión Ferroviaria, y el 4 en
la CGT, y proclamaron su total apoyo a los ferroviarios y su repudio a la política
ferroviaria del gobierno. El 6, en Parque Patricios, se congregaron más de cien
mil personas y ratificaron aquellas decisiones.

El gobierno tuvo que ceder: el 10 de diciembre sancionó el decreto 11.578,
que disponía el retorno al trabajo sin ningún represaliado, libertad de todos
los presos, pago del 80 por ciento de los días de huelga, aumento del 20 por
ciento sobre los sueldos, mantenimiento del reglamento de trabajo y el escalafón
anteriores, levantamiento de las clausuras de ramales y talleres, discusión
posterior de los problemas pendientes. Ante el triunfo de la huelga, esta
fue levantada.
Las disposiciones del decreto no fueron totalmente cumplidas,
ya que quedaron 3.000 cesantes, 90 detenidos y ocho talleres cerrados. Por otra
parte, el interventor de los ferrocarriles, Recaredo Vázquez, y el ministro
de Trasportes, Acevedo, tuvieron que renunciar. El gremio ferroviario y toda
la clase obrera alcanzaron una gran victoria.
(9)

Si bien el plan se suspendió, dejaron de correr trenes
en la casi totalidad del ex Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, ramales
del ex Ferrocarril Patagónico así también como del Ferrocarril Central del Chubut,
del Ferrocarril Roca y otras líneas.

Aquellos años y estos

De aquellos años que hemos analizado lo destacable fue
el ajuste, las privatizaciones, el pase a disponibilidad de empleados estatales,
congelamiento de salarios, despidos, pero a la vez huelgas, luchas y resistencia
de muchos gremios, y también la decisión del Ejecutivo Nacional de sancionar
y aplicar el Plan Conintes, para reprimir a los trabajadores que se oponían
a esas políticas, se los llamaban «terroristas”, algunos fueron movilizados
militarmente, a otros se los encarceló. El objetivo era aplicar un plan económico
cuyo eje era el desarrollo de la industria pesada como el acero, química, petroquímica,
celulosa, maquinarias. Para ello era necesaria más explotación.

Y hoy, vemos que en las maratónicas jornadas de fines del 2011, en el Congreso
Nacional, se aprobó la Ley Antiterrorista, y se conoció el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 324/2011 (dispuesto a fines del 2011 por el gobierno
nacional) que somete a revisión los salarios de los empleados de la Administración
Pública Nacional, en todo aquello que denomina como pagos «extraordinarios”,
o que no se adecuen a la normativa general.

Sobre la Ley Antiterrorista, la CORREPI, nos comenta entre otros
conceptos «Esta nueva reforma al código penal, igual que las
de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir
servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), uno de los organismos «especializados” internacionales usados por el
imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI
y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono
ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II,
y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región.
Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de
su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control
indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación
mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional,
que denomina «terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó «subversivo”,
y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa,
sino en la defensa de la «gobernabilidad democrática” sustentada por la «cooperación
continental”.

«La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas
para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar
la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que,
pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros
sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben
que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados
para defender sus privilegios. Las leyes antiterroristas -ésta, y las siete
anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar
a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad,
son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses
imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante
es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia”.

(10)

A la vez, el Consejo Directivo Nacional de ATE expresó su rechazo al decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011. Plantean que, tal como lo establece la
Constitución Nacional en su Artículo 14 bis, el Estado debe garantizar un «salario
digno”, que asegure al trabajador (como lo define la ley) «alimentación
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte
y esparcimiento, vacaciones y previsión». Y que «no se permitirá que por
la aplicación de este Decreto o cualquier otra norma, se eliminen de las remuneraciones
de los trabajadores del Estado cualquier rubro o suma que sea percibida como
contraprestación por el trabajo”.

Además, en las últimas semanas en la prensa escrita hemos
podido leer «Se amplía el déficit y extienden los ajustes en las provincias,
el rojo provincial este año superaría los $ 12.000 millones. Pese a que la Nación les refinanció deudas,
varios gobernadores aumentaron impuestos, revisan el gasto en empleados y podrían
retrasar obras. El 2011 cerró con 24% de inflación. Los gobernadores arrancaron
2012 con la lupa puesta en la evolución de las cuentas públicas. La imagen que
se proyectó desde esas cajas mostró un rojo más profundo que en años anteriores.
El resultado: el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno nacional, con recortes
de subsidios, suba de tarifas y revisión de los sueldos de empleados públicos,
también se está generalizando en las provincias.

«Una postal de la crítica situación de las provincias pudo verse el último
28 de diciembre, cuando la Presidenta anunció una nueva refinanciación para
que los gobernadores se pongan al día con la Nación por las multimillonarias
deudas de sus distritos. Y es por el manejo de la caja que hace el Gobierno
nacional, que se queda con más del 70% de lo que se recauda por impuestos y
después lo gotea a las provincias, en muchos casos de modo discrecional y como
premio (o castigo) político.

«Ante este escenario, las provincias más apremiadas decidieron
aumentar los ingresos con subas en las tasas (Ciudad y Provincia de Buenos Aires,
por caso), otros servicios locales, y despidieron personal o demoraron el pago
de salarios. Los casos más sonoros: el gobierno de Santa Cruz dejó en stand
by el proyecto para incrementar la edad jubilatoria, pero avanzó en su estrategia
para reducir el gasto público y suspender la contratación de personal. En Río
Negro, habilitaron al pase a disponibilidad de más de 20 mil empleados estatales.
En Puerto Madryn (Chubut) decidieron suspender una resolución que transfería
a una porción de los empleados a planta permanente. En Córdoba capital, se retrasaron
los pagos del sueldo de diciembre de los empleados estatales y el secretario
de Gobierno de esa municipalidad, tuvo que rogarles a los trabajadores que «esperen
para que se puedan juntar los ingresos”. El Gobierno catamarqueño anunció la
suspensión de 178 contratos y dos municipios de esa provincia tomarían el mismo
camino. En San Salvador de Jujuy ocurre algo parecido que en la capital de Córdoba:
los trabajadores estatales con dificultades los salarios de diciembre. Macri,
aumento considerablemente el boleto de los subtes. Con provincias endeudadas
y dependientes de un Gobierno nacional que tiene menos recursos y encaró su
propio recorte, es una incógnita hasta dónde llegarán los ajustes provinciales.
Por lo pronto, recién comenzó el año y ya se están generalizando.

Y la frutilla del
postre es el deseo del gobierno nacional de fijar un tope del 18% en las subas
salariales a negociar en paritarias.

Con este panorama, los
meses que se avecinan son de Resistencia, Lucha y Solidaridad de Clase. Debemos
referenciarnos y tomar el ejemplo de aquellos trabajadores que resistieron la
privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, las políticas económicas
del desarrollismo y al represivo Plan Conintes.

Leónidas Ceruti, historiador


Citas

1.- La Capital, 26 de abril de 1958, pág. 5.

1 bis.- La Capital, 2 de mayo de 1958, pág. 7.

2.- Salas, Ernesto José, «La resistencia peronista: la toma del frigorífico
Lisandro de la Torre, CEAL.

3.- Salas, Ernesto José, op. cit.

4.- Salas,
Ernesto José; «La toma del «Lisandro de la Torre”

5.- Salas, Ernesto José, op. cit.

6.- Iscaro, Rubens, «Historia del Movimiento Sindical”, Tomo 4, Editorial
Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1974.

7.- Iscaro, Rubens, op. Cit.

8.- Unidad Popular, 1º Quincena de Setiembre 1959, pág. 4.

9.- Iscaro, Rubens, op. cit.

10.- CORREPI, «De la Doctrina de la Seguridad Nacional
a la «gobernabilidad democrática con cooperación”.

Obras consultadas

Salas, Ernesto José, «La resistencia peronista:
la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, CEAL.

Mercedes Petit, «Hace
50 años Frondizi privatizó el frigorífico Lisandro de la Torre

Salas, Ernesto José;
«La toma del «Lisandro de la Torre”

Baschetti, Roberto, «Documentos de la Resistencia Peronista”. Buenos Aires.
Puntosur, 1988

Portantiero
Juan Carlos, «Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, en Revista Mexicana de
Sociología, 1985.

James, Daniel, «Resistencia e Integración. El peronismo
y la clase trabajadora argentina, 1946-1976”,
Editorial Sudamericana.

Iscaro, Rubens, «Historia del Movimiento Sindical”, Tomo 4, Editorial
Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1974.



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