El informe completo que detonó la intervención a Santiago del Estero
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre ataques paramilitares y robos a campesinos fue el detonante final de la intervención federeal que está por aprobar el Congreso Nacional. Junto a este despacho, adjuntamos el informe original completo elaborado por la Defensoría. Va adjunto en Word libre de virus y posee 13 páginas.
Un informe elaborado por una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación que visitó Santiago del Estero los días 16, 17, 18 y 19 de marzo fue del detonante final de la intervención federal que el Gobierno Nacional presentó ayer en la Cámara de Diputados y que sería aprobada mañana.
Bajar el informe:
Informe completo de la Defensoría del Pueblo
El «Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Provincia de Santiago del Estero» fue elaborado por 4 funcionarios de la Defensoría y fue presentado en la Cámara de Diputados el pasado 23 y días antes fue recibido por el Presidente de la Nación Néstor Kirchner.
Al igual que este informe, el primero que recibió la Presidencia de la Nación fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos a raíz de una reunión que mantuvo el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) con el ministro Gustavo Béliz el 25 de julio de 2003. En esa oportunidad el ministro, para sorpresa de los presentes, ordenó el envío de una comision especial bajo absoluto secreto para corroborar las denuncias campesinas que luego fueron corroboradas. Ese primer informe fue difundido por el matutino Página 12 el 22 de septiembre de 2003.
Nueva visita a Santiago. Las mismas calamidades.
La delegación arribó a esa provincia en el marco del convenio celebrado entre el Defensor del Pueblo y el Obispado provincial. Durante los días de observación, los funcionarios pudieron comprobar las denuncias reiteradas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), donde concluyeron que «funcionarios públicos tanto provinciales como municipales» han aprovechado la falta de cumplimiento de algunos habitantes de tierras que «por desconocimiento, pobreza y/o ignorancia» no han registrado sus tierras de acuerdo a las tramitaciones legales exigidas, pero «que se encuentran en la posesión pacífica» de ellas «desde hace más de 20 años y continúan con el legado de generaciones.»
«Estos funcionarios visualizan la oportunidad de avanzar en la venta de las tierras, actualmente cotizadas a un alto valor, sin importar ni reparar en la existencia de familias que viven desde siempre en el lugar.» En tanto, los compradores «en algunos casos son de buena fe y en otros no tanto, ya que compran conociendo la existencia de los pobladores en el lugar. En estos casos, se suele pagar adicionales a la policía para mantener libre a la tierra de los campesinos, utilizando metodologías de amenaza, amedrentamiento y violencia, como en el caso de Quimilí», ocurrido el pasado 18 cuando una camioneta Chevrolet sin patente con cinco matones armados disparó tres tiros contra el domicilio particular de uno de los referentes del movimiento, Ángel Strapazzon, después de meses de hostigamiento y amenazas denunciadas a los distintos organismos de Derechos Humanos locales y nacionales.
El MOCASE responsabilizó de este atentado al agente de la Empresa de Seguridad Privada «Cóndor», Miguel Ángel Zurita, quien según testificaron los campesinos «trabaja con la policía de Quimilí y está financiado directamente por el dueño de la cerealera cordobesa «Morell-Bullez SRL», Carlos Moller, quien tendría intereses en esas tierras santiagueñas.
El accionar paramilitar fue constatado esta vez por la comisión de la Defensoría del Pueblo que solicitó la intervención de la Policía Federal y decomisó las armas a Zurita y suu hombres.
El informe además detalla las calamidades sufridas por una campesina viuda en Pozo Cavado que «vive con su hija mayor y sus tres nietitos» y ha perdido los 15 animales que tenía para alimentar a su familia. Al respecto la comisión informó que esta situación «pone en evidencia la realidad de los minifundistas y propietarios de pocas hectarias y animales, que se encuentran a no más de 30 km de la ciudad de Santiago del Estero. Estas personas en muchos casos no tienen agua potable y dependen de sus amistades y contactos políticos para acceder al agua potable, de no ser así, tienen que comprarla.»
«Al igual que en la problemática de Quimilí, en Pozo Quemado, funcionarios de diversas esferas del Estado provincial utilizan sus contactos para facilitar la venta de los campos del lugar. Pero a diferencia de ésta, las presiones y amedrentamientos no se realizan con armas abiertamente, se utiliza una metodología más sórdida, el ‘abigeato'».
«El robo de vacas, cabras y caballos a personas humildes que las necesitan como forma de subsistencia, obliga a los pequeños minifundistas a abandonar sus tierras y trasladarse a los barrios marginales de la ciudad.»
La soja y la frontera agrícola
Entre las razones capitales de los atropellos que vienen sufriendo los campesinos santiagueños, el informe resalta «la importancia que adquiere ‘la soja Trangénica’. La expansión de la frontera agrícola liderada por la soja trangénica y acompañada por el maíz, trigo y algodón, ha generado un aumento en la valoración de las tierras y un interés de empresarios internacionales y extraprovinciales, especialmente cordobeses y santafesinos dispuestos a pagar altos precios por esta tierras.»
«Esto potencia la ambición desmedida de funcionarios y otros actores que participan dentro de un sistema político y social en deterioro y que utilizan los espacios del Estado para obtener beneficios y ganancias personales.»
La comisión compuesta por Ricardo Scoles y los abogados Mariana Becerra, Carla Sialle y Raúl Smeriglio concluyen su relatoría señalando que: «Es muy difícil, siendo una persona, parte integrante del género humano, no sentir un cachetazo a la dignidad, cuando se escucha y se percibe la realidad de los protagonistas de un infierno digno de la literatura fantástica latinoamericana.»
«Fojas enteras resultarían escasas para ilustrar lo que cada uno de los integrantes de la comisión ha sentido y percibido frente a la realidad de miles de santiagueños. Sólo resta por decir, que ningún órgano Institucional Argentino puede permanecer inmutable ante esta realidad que requiere hoy más que nunca de decisiones firmes y políticas claras, para evitar mayores historias de desencuentros, atropellos y dolor, que se vislumbran en un futuro próximo.»