Entrevista a abogada UTD Mosconi: «Parecería que la libertad de los trabajadores no vale nada»
Tres días después a las detenciones en Campo Duran, Mara Puntano se presentó ante el Juez Ricardo Martoccia como abogada defensora de todos los detenidos. Sin teléfono por falta de pago e imposibilitada de obtener un pasaje a Tartagal por sus propios medios, debió esperar que le llegara lo que pudieron juntar en la UTD. Abogada de derechos humanos desde hace 21 años, defiende a los ex trabajadores de YPF agrupados en la Unión de Trabajadores Desocupados desde el año 99. En la capital de Salta donde se encuentra su estudio jurídico, no sólo sigue más de 50 causas en las que está involucrado «Pepino» Fernández, sino que además está a cargo de la defensa en otras 300, en forma gratuita. Entre estas se encuentran, la causa de Aníbal Verón asesinado en la ruta 34 y la de Iván Dorado -un chico que quedó parapléjico por las municiones de guerra utilizadas por la Gendarmería en la represión del 17 de junio del año 2001. ANRed se acercó hasta su estudio, y conversó con ella sobre las situación de los detenidos en Campo Durán y el ejercicio de su profesión en una provincia donde el poder político, económico y judicial forman un entramado indiferenciable.
Tres días después a las detenciones en Campo Duran, Mara Puntano se presentó ante el Juez Ricardo Martoccia como abogada defensora de todos los detenidos. Sin teléfono por falta de pago e imposibilitada de obtener un pasaje a Tartagal por sus propios medios, debió esperar que le llegara lo que pudieron juntar en la UTD. Abogada de derechos humanos desde hace 21 años, defiende a los ex trabajadores de YPF agrupados en la Unión de Trabajadores Desocupados desde el año 99. En la capital de Salta donde se encuentra su estudio jurídico, no sólo sigue más de 50 causas en las que está involucrado «Pepino» Fernández, sino que además está a cargo de la defensa en otras 300, en forma gratuita. Entre estas se encuentran, la causa de Aníbal Verón asesinado en la ruta 34 y la de Iván Dorado -un chico que quedó parapléjico por las municiones de guerra utilizadas por la Gendarmería en la represión del 17 de junio del año 2001. ANRed se acercó hasta su estudio, y conversó con ella sobre las situación de los detenidos en Campo Durán y el ejercicio de su profesión en una provincia donde el poder político, económico y judicial forman un entramado indiferenciable.
ANRed- ¿Desde cuando es abogada de la UTD?
Mara Puntano- Soy abogada de derechos humanos. Desde el año 99 estoy defendiendo todo lo que sea conflicto social, y no pertenezco a ninguna organización. Defendí siempre integrantes del Partido Comunista, del Partido Obrero, de la Central de Trabajadores Argentinos, del Sindicato de Trabajadores del Correo, docentes universitarios, del Sindicato de Trabajadores Municipales (a los que les deben 9 meses de sueldo), entre otros luchadores populares. Soy la abogada de la causa de Aníbal Verón y de Iván Dorado. Llevo más de 300 causas en forma gratuita.
A- ¿Cómo hace para llevar tantas causas de esa forma?
MP- Con ganas y convencimiento. Yo creo, primero que nada, que lo que estamos peleando es justo, después que el derecho tiene que estar al servicio de la gente. Vivo de mi profesión y eso significa que en un feudo como éste se te cierran las puertas y se hace muy difícil en el aspecto económico.
Muchas organizaciones de derechos humanos políticas, sindicales, barriales, de ciudadanos comunes que reclaman la vigencia de estos derechos, son estructuras totalmente incompetentes y burocráticas. Por eso también hay muertes. Una sola cartita en cualquier lugar del planeta, sea o no sea de un abogado, que se haga llegar a un juzgado a una radio a un diario en el momento que a un compañero lo detienen, cosa que el silencio se diluya, puede salvar una vida. Porque en el momento en que detienen a una persona puede pasar cualquier cosa. Un golpe perfectamente dado por la policía mata sin dejar huellas, así de simple.
Para el caso de las últimas detenciones pedimos que manden adhesiones no sólo al juzgado sino con copia a nosotros. Porque el juez las recibe y las guarda, pero no las agrega a la causa. Nosotros las recibimos, las imprimimos y se las presentamos con un escritito y un moñito.
A- ¿Qué referencias tiene del Juez Martoccia?
MP -Martoccia es un juez nuevo, que viene de carrera en Salta. Ha sido secretario y llegó a ese juzgado. Digamos que todavía no está tan viciado con todos los contactos que hay en la zona. Porque en el Departamento Gral. San Martín, -donde se encuentra el juzgado de Instrucción Nº2 a cargo de este juez-, primero que es más chiquitito, y después que es una zona petrolera en la que están todas las grandes empresas: Repsol, Refinor, Tecpetrol, Geopetrol, Pluspetrol. Todas empresas petroleras que están muy entrelazadas con las autoridades de la comunidad. Un ejemplo es la Jueza que los acusa por el incendio de la Tecpetrol. Cuando el Juez Nelsón Aramayo, ex empleado de una petrolera, pidió licencia fue reemplazado por esta jueza casada con un gerente de la Pluspetrol. Además, el anterior secretario de derechos humanos de la provincia de Salta, es el abogado actual de la Tecpetrol y de la Pluspetrol. Todo lo que sea impunidad se potencia por las presiones de las petroleras que son monstruos multinacionales. El objetivo es bien clarito: sacar a los referentes de los desocupados, de los trabajadores, que puedan resistir la aplicación de su plan de saquear la riqueza. Mientras están contaminando las aguas, mientras están depredando el medio ambiente, los fiscales y los jueces no hacen absolutamente nada en contra de eso. Muchísima gente se ha muerto de cáncer provocado por la contaminación del agua y los suelos y hay chicos que nacen con deformaciones congénitas. Los fiscales no hacen absolutamente nada ante eso, y miran para otros lado. Mientras que cuando los trabajadores muertos de hambre toman una medida de acción directa, ahí nomás les promueven una acción penal, y procesan a los referentes por instigación a cometer delito.
La causa judicial del operativo Refinor
A- ¿Cómo se encuentra la causa abierta a los detenidos en Campo Durán?
MP- El proceso sigue abierto, lo que se ha resuelto hasta ahora es la acción de detención, recién estamos en el comienzo. Hay una denuncia que pone la empresa Refinor, por la cual el juez ordena la detención. Presentamos la exención de detención vía fax, después nos constituimos en el juzgado, hicieron lugar a la exención, pero el proceso sigue abierto. La empresa puede presentar más pruebas, en contra de las personas para su procesamiento y por otra parte los imputados, los luchadores, pueden presentar pruebas a su favor, que hacen a su defensa. Además, nosotros consideramos que no existió delito, lo que estaban realizando era su legítimo derecho a la protesta. Por otra parte decimos que no hay un entorpecimiento del transporte de ninguna clase porque en el lugar hay varias puertas para acceder al cargadero de combustible. Mientras que los trabajadores lo que hicieron fue colocar una pancarta de tela sobre uno de los portones pidiendo la restatización del petróleo, algo totalmente legítimo, acampando pacíficamente frente del portón. No hay pruebas de que se haya obstaculizado el tránsito en ningún momento, y no hay una denuncia de ningún camionero al que le hayan impedido el paso.
La protesta lleva doce años y es demasiado pacífica ya. Desde hace doce años que están reclamando el pago de la propiedad participada. Hay una sentencia firme que los favorece y hasta ahora los trabajadores no han cobrado un solo peso. Por todo esto nosotros decimos que es manifiesta la criminalización de la protesta social. Los trabajadores no están reclamando sólo lo que legítimamente le corresponde, sino que están reclamando lo que le correspondería al Estado, defender el patrimonio nacional. Es un hecho político, es oponerse a monopolios tan grandes como las petroleras, a monstruos multinacionales. Ahí la justicia actúa como una marioneta de ellos y por eso utiliza el código penal para encarcelar a los trabajadores.
A- ¿Hay antecedentes de detención con maltratos en la comisaría 42?
MP- En esa comisaria las siete personas que se encontraban detenidas, estaban en una celda para cuatro. En estos últimos meses hubo dos causas grandes ahí, por las que hicimos denuncias por las condiciones infrahumanas en que estaban los detenidos. Cuando fueron detenidos el 23 de noviembre, que salieron a los 52 días, el trato de recibieron fue espantoso. Los golpearon, y hubo apremios ilegales. En la última detención hubo un poquito más de cuidado por la visibilidad inmediata que tuvo.
A- ¿Por qué el Juez los mantiene detenidos tantos días si la causa está caratulada por un supuesto delito que es excarcelable?
MP- Porque se trata no de presos comunes sino de presos políticos. Y es un tema burocrático. Por ejemplo, Pepino fue el que más demoró en salir por las causas que tiene y todas por lo mismo, cortes de ruta. Tiene más de 50, porque a la vez de que se le abren causas provinciales también se le abren federales, pero en ninguna ha sido condenado todavía. Eso significaba que sí o sí debía estar en libertad. Sin embargo, en su planilla prontuaria aparecía que se requería la captura al 26 de junio del año 2001. En esa época Pepino y los luchadores de Mosconi se encontraban en la plaza del aguante. Después de la represión grande que hubo el 17 de junio de 2001 donde la gendarmería con franco tiradores mató a Oscar Barrios y a Carlos Santillán, toda la gente se agolpó en la plaza principal y allí estuvieron hasta octubre. Una vez que pudimos voltear las causas que se les imputaban por los delitos de asociación ilícita en el grado de organizadores, que no se podían excarcelar, se dejó sin efecto la captura. Sin embargo por una burocracia la policía no lo anotó, entonces eso sirve para tenerlos como rehenes. Pareciera que la libertad de los trabajadores no vale nada.
En una notificación del 2003 le prohiben a «Pepino» y a Mario Rearte entre otros, volver a la ruta 34 -la abogada revuelve una pila de papeles en los que busca la notificación y lee la resolución del juez federal Miguel Medina-:»notificar a los nombrados de la obligación de abstenerse de concurrir a la ruta nacional 34 y zonas de influencia a sus respectivos domicilios a fin de participar en hechos delictivos». Las cláusulas que se le imponen son medidas preventivas que a ningún político, a ningún delincuente común se las imponen los jueces. Sin embargo a los trabajadores, a los que está probado que están defendiendo el patrimonio nacional sí. Estas son las trabas que le pone la justicia que debiera defenderlos, no criminalizarlos.
La militancia en el Noroeste argentino
A- ¿Cuál es el desarrollo político de las organizaciones populares en Salta?
MP- El que tenga la oportunidad de venir a las provincias del norte, va a poder comprobar que se trata de feudos, y como feudos todo lo que sea poder es un botín de guerra. Botines de guerra que ya vienen de la dictadura militar. Acá no ha habido un cambio con la democracia. Las estructuras de poder siguen estando en las mismas manos que actuaron durante la dictadura militar. Tal es el caso del juez federal Ricardo Lona, que durante la época del proceso rechazaba sin investigar los recursos de Habeas Corpus por los desaparecidos y tuvo participación en la llamada «Masacre de Palomita». Ese hombre no sólo ha mantenido su cargo en la democracia sino que ascendió a camarista. Mario Nazario, el primer Secretario de seguridad de la Provincia en la democracia, fue denunciado en el libro de la CoNaDeP por represor en «El Vesubio». Este tipo ya no está en el cargo, pero sigue estando en la estructura del gobierno. Y sin embargo acá no pasa nada. Los juzgados federales son botines de guerra de familias bien nombradas de la zona, dueños también de los Ingenios azucareros donde históricamente existió la esclavitud y sigue existiendo.
Que la lucha acá exista es un milagro. Porque con tanta sumisión secular en donde la Iglesia tiene un poder muy grande y está emparentada con toda esta gente que mató en el proceso militar, con los legisladores que son oposiciones funcionales nada más, es muy difícil que haya lucha. Todo lo que sea lucha hay que primero reconocerlo, valorarlo y protegerlo, por que son fueguitos de resistencia, y a los fueguitos esos hay que ayudarlos para que no se apaguen nunca. Para que se conviertan como Bolivia y eso se contagie. Por esto es tan feroz la represión. Acá ya hay cinco muertos en la democracia por pelear en la ruta, por pelear por trabajo digno, en un lapso muy chiquitito y en un pueblito como Mosconi. Las puebladas que se hacen, cuando la gente sale a la ruta sale a poner el cuerpo, pelea cuerpo a cuerpo con la Policía y la Gendarmería porque ya no tiene más nada para perder. Cuando hay hambre, cuando no tenés trabajo, no hay más nada para perder y hay mucho para ganar. Porque hay dignidad. Se pide trabajo digno porque es una zona muy rica. A pesar de que en la frontera es fácil el narcotráfico, es fácil la venta de órganos, venden chicos como nada, la gente elige otra cosa, elige trabajo digno. Y está peleando, no con los supermercadistas o empresarios más o menos, sino con monstruos transnacionales que manejan la Gendarmería, la Policía y los Ejércitos. Acá desde el año 2000 nosotros denunciamos que la frontera está militarizada con el ejército norteamericano. El gobernador Romero los trajo con la excusa de controlar al narcotráfico, cuando su padre está denunciado en la DEA por narcotráfico. Nosotros sabemos fehacientemente que es para controlar la protesta y la lucha. Pero gente ya no tiene miedo a nada. Cuando sale a pelear, sale a pelear con todo, y sin balas, se pelea con bulones. Tienen tan buena puntería los hombres y las mujeres que cuando tiran con bulones a los cascos protectores de la Gendarmería, estos estallan como si fueran de vidrio.