24 de febrero de 2003

Derechos Humanos

“Si vamos a discutir sobre violencia, discutamos la violencia del Estado” (Entrevista a María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI)


La represión estatal no es un hecho nuevo, ni aislado sino que responde históricamente al nivel de desarrollo y lucha del campo popular. Ante la profundización de las estrategias de “seguridad” del Gobierno, los sectores organizados incluyen en su agenda la cuestión antirrepresiva.

- ¿Qué relación observás entre la represión actual del Estado y la de otras épocas?

- El gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias empiezan a ser mecanismos detectados por quienes empiezan a analizar el fenómeno represivo, en los finales de los ’80 y principios de los ’90. Aunque en realidad, si haces un poquito de historia, encontrás que en la década del ’30 y ’50 ocurría lo mismo. Ya Walsh escribía sobre las sectas del gatillo alegre o las torturas de la sección especial en la avenida Jujuy de la Policía Federal. En los ’70, se cumplen los objetivos de la dictadura con la limpieza social y política que significó la destrucción de las redes intersolidarias de la sociedad, los 30.000 desaparecidos, los secuestrados, los asesinados y los exiliados. Todo esto indudablemente marca un fenómeno que es histórico por un lado y universal por el otro.

- ¿Qué estrategias represivas utilizó el Estado en la vuelta a la democracia?

- Se generó una situación en la cual, desde el punto de vista del control social, existía una suerte de represión preventiva, dirigida a los sectores sociales que eventual o potencialmente podían enfrentar al sistema. De hecho, no había una resistencia concreta, por la derrota sufrida en el campo popular en los ’70. De todos modos, era necesario el disciplinamiento, y crear una cultura dirigida al individualismo, al “quedate en tu casa” y al “no vayas a la marcha que es peligroso”.
Este período represivo coincide con la etapa fundacional de la CORREPI que parte de la noción de que existe la represión policial en Argentina, que no son casos aislados, “loquitos sueltos”, ni tampoco resabios de la dictadura como había dicho Duhalde siendo gobernador de Bs.As.
Sino ¿cómo es posible que haya casos de gatillo fácil cuyos autores tienen menos de 25 años? Hoy, esta etapa de represión continua ampliada, modificada y profundizada, por los escuadrones de la muerte en algunas áreas como en zona norte.
A partir de finales del ’94, empieza a evidenciarse una segunda etapa, de represión directa que coincide con el inicio de una mayor organicidad de la resistencia, como es el caso de los estudiantes que pelean contra de la Ley Federal de Educación, y los jubilados con sus marchas de los miércoles.
Desde esa época, se ven prácticamente en todas las moviliza­cio­nes dos mecanismos represivos: por un la­do, el de la represión directa con el palo, las razzias, las balas de goma, y de “las otras”. Así, en abril del 95’ muere Víctor Choque en una movilización en Tierra del Fuego. Por otro lado, se aplica un mecanismo novedoso y perfeccionado progresivamente, que es la “criminali­za­ción de la protesta social”. Por medio de causas judiciales enmascaradas de legalidad, se aplican figuras penales como co­acción agravada, asociación ilícita y sedición, entre otras, para reprimir a los sectores mas organizados que reclaman cambios en sus condiciones de vida.

- Esta segunda etapa coincide con la irrupción de los movimientos de desocupados...

- Claro, tenés el Santiagazo del ’93 que desde un análisis sociológico, no pasa de la situación de motín, no deja un saldo organizativo concreto pero suma en el proceso de acumulación. En el ’95 y ’96, apa­recen los gérmenes de los MTD con base real de clase. Entonces el sistema responde necesariamente adaptando sus herramientas represivas. Así, se instala consenso en la sociedad para reprimir, y se tergiversa el significado de la palabra “seguridad” que en esta época equivale a “no me robes, no me mates” y está directamente vinculada con los delitos que cometen los pobres.
En diciembre del 99’, la masacre del puente Chaco-Corrientes, donde asesinan a dos trabajadores, parece no dejar un saldo organizativo. Sin embargo, este acontecimiento produjo el sustrato sobre el cual se construiría después un sector importante del movimiento piquetero.

- ¿Que estrategia represiva adoptó el Estado a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001?

- El estado reaccionó como pudo y no como quiso, porque la característica de esta etapa es la enormidad de la crisis interburguesa. Lo positivo fue la participación activa de los sectores medios, el fenómeno de las asambleas y de las fabricas recuperadas.
En cambio, antes, durante y después del 26 de Junio del 2002, el gobierno y los medios masivos hicieron todo lo posible por instaurar el discurso de “los piqueteros violentos”. Sin embargo, no encontraron eco fácilmente en las capas populares, e incluso en las no organizadas o no politizadas, para generar aceptación respecto de las políticas represivas. Si el 27 de Junio, en pleno clima macarthista instalado por el gobierno, no hubiera habido una movilización multitudi­naria, indudablemente el proceso no se hubiese desarollado de una manera tan feliz. La gran vuelta de tuerca fue la masi­vidad de esa protesta; por supuesto, también fueron importantes las del 3 y la del 9 de julio, pero había que tener firmeza para estar el 27 en la Plaza, y la gente estuvo, no se comió la galletita de la violencia piquetera.
Posteriormente, se producen las “convocatorias por la paz” de Carr y de Pelloni, que forman parte de esta misma operatoria de un discurso represivo, en el que presentan a la violencia como si fuera una entidad sobrenatural que hay que combatir y “que nos afecta a todos”. Esto resulta peligroso porque se confunde y se oculta el origen de la violencia, que se encuentra en el Estado y las capas poderosas.

- ¿Considerás que las organizaciones populares están asumiendo con mayor responsabilidad la cuestión antirre­presiva?

- En este aspecto, el 26 de noviembre, en Puente Pueyrredón, se dio un paso adelante. En esa ocasión se hizo mucho hincapié en el tema del intento de cacheo, pero desde CORREPI nos pareció que no había que enfatizar sólo en eso, porque en última instancia el tema pasaba por una medición de fuerzas entre el gobierno y el movimiento popular.
En ese momento, los factores determinantes fueron la masividad - marcharon casi 20.000 personas - y la reacción en cadena que se dio en todo el país. Muy a su pesar, no les dieron las relaciones de fuerza para matarnos a todos, porque si hubieran podido seguro que lo hubieran hecho. Pero lo más positivo aquí, fue que las mismas organizaciones que protagonizaron la pelea social, tomaron el tema anti­rrepresivo como pro­blema propio y asumieron que no podían llevar sus propios planes de lucha si no incluían esto en su agenda.

TRES MASACRES, UN MISMO RESPONSABLE
La represión en el puente Chaco-Corrientes (en diciembre del ’99), el operativo represivo en las jornadas de diciembre del 2001 y la masacre de Puente Pueyrredón tienen elementos en común: la actuación combinada de fuerzas represivas y el intento por ocultar la responsabilidad política de las autoridades.
En la represión de Corrientes “fue novedoso cómo se implementó un operativo de contrainsurgencia multifuerza con una dirección compartida, donde tenías prefectura, gendarmería, las fuerzas provinciales, y en alerta a la policía federal de la zona”, explica Verdú. “La causa hasta al día de hoy no tiene un imputado y esto se explica porque el grado de efervescencia social era mucho menor y el reclamo de esclarecimiento de la sociedad prácticamente nulo”, agrega.
Algo similar ocurre con las causas del 20 de diciembre en el interior, donde encontraron un “techo” inmediato: “los que están imputados, en algunos casos procesados y detenidos, son los autores materiales, es decir, el policía que le disparó, y ahí se corta la cadena”.
A diferencia de las causas anteriores, en la causa de la represión en Plaza de Mayo se da un hecho novedoso: “porque la jueza de turno, Servini de Cubría, como responder al menemismo, se pone a investigar la legitimidad de todo el operativo represivo e imputa al Presidente, ministro de interior y a la cúpula policial”.
Sin embargo, como en todas las causas en las que Servini de Cubría interviene, la jueza realiza un doble manejo: “por un lado, produce hechos para los titulares de los diarios, pero al interior del expediente lo hace de otra forma. Entonces, procesa a Mathov y a Santos por su negligencia e impericia, es decir, los procesa por pelotudos y no por homicidas”.




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