Intentan desalojar a aborígenes en Chubut
Continúan los intentos de desalojos a aborígenes en Chubut. Fueron en la misma semana en que el estado argentino fue denunciado ante la ONU.
Las Comunidades Mapuche Tehuelche ’11 de Octubre’ denunciaron que el Juzgado de Instrucción Circunscripción Noroeste del Chubut a cargo del juez José Oscar Colabelli firmó una nueva orden de desalojo contra la familia «Fermín» de la comunidad mapuche Vuelta del Río, ubicada en la localidad patagónica de Esquel a 2050 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.
En declaraciones a ANRed la comunidad mapuche explicó que: «Cuando todas las pruebas presentadas por la familia Fermín y la comunidad Vuelta del Río confirman nuestros derechos sobre el lote que ocupa ancestralmente, el Juez Colabelli legitimó la usurpación alegando derechos inexistentes de José Vicente El Khazen sobre nuestro territorio.». Si la medida judicial se concreta la familia desalojada queda obligada a vivir a la intemperie «en la ladera de los nevados cerros, cuando el invierno ha llegado.»
El 15 de marzo de este año los dueños ancestrales de esos terrenos sufrieron el primer intento de desalojo «cuando la policía de El Maitén y Cushamen demolió la vivienda de nuestros hermanos y en más de una oportunidad los insultó y amenazó. Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante la Fiscalía, que hoy investiga el accionar policial, mientras que el juez actuante se desentendió de lo hecho por su -brazo armado-«.
En esa oportunidad la medida fue suspendida gracias a que las comunidades ocuparon los tribunales de Esquel y lograron un amplio apoyo nacional e internacional. Para ellos este nuevo atropello «deja al descubierto la hipocresía del Estado que dice reconocer nuestros Derechos Fundamentales como Pueblo Originario: Argentina continúa su política de despojo y exterminio.»
El intento de desalojo fue firmado esta semana, cuando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presentaron el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Estado Argentino a las obligaciones asumidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Pueblos Indígenas. Este tratado entró en vigencia el 3 de julio de 2001 y transcurridos dos años, el Estado Argentino debe dar cuenta de los pasos que se dieron para mejorar la situación de casi 1,5 millones de personas que integran los 19 pueblos originarios que habitan en la Argentina.
El informe de 105 páginas que será presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante las Naciones Unidas (ONU), demuestra las violaciones a los derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas en Argentina y denuncia «las carencias tanto del estado nacional, como de algunos estados provinciales sobre la escasa o nula Política de Estado para con los Pueblos Indígenas y, para los casos de que existan políticas de estado, la misma es abiertamente nociva y contradictoria con los mismos.»
Entre los dolorosos relatos que refleja el informe (disponible en www.endepa.org.ar) se puede apreciar el reclamo de todas las comunidades del país. De las atrocidades sufridas, el reclamo de la comunidad Toba Nam Qom ubicada en la provincia de Formosa, quizás refleje con precisión el tenor de la denuncia: «Con la palma de la mano en el corazón, decimos, desde las condiciones de existencia en las que nos ha relegado la omnipotencia, la soberbia, la discriminación y el egoísmo, queremos llamar la atención a los ojos de nuestra República y al corazón de nuestros hermanos conciudadanos, echando un poco mas de luz a nuestra realidad, e instando a quienes detentan el poder de decisión, a que se emprenda cuanto antes el venturoso camino de nuestra justa reparación histórica. Esto es: ejercer lo consagrado por la Constitución Argentina.»