Alfonsín justificó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
El ex presidente Raúl Alfonsín, convocado por la defensa de Miguel Etchecolatz, declaró ayer por la mañana ante el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata. Volvió a repetir su tradicional defensa de las leyes de impunidad de 1987. Adujo
que «la situación militar estaba complicada» y que «no podíamos llevar a mil
militares en actividad a proceso».
Hoy, el Tribunal y las partes realizarán una inspección ocular en el
edificio en donde funcionó el «Pozo de Quilmes», otro de los centros clandestinos
bajo el mando del genocida Etchecolatz.
Por Vanina Wiman para Justicia Ya en La Plata.
En una de las jornadas más cortas de este juicio oral, el ex
presidente Raúl Alfonsín declaró como testigo de la defensa del represor Miguel
Osvaldo Etchecolatz.
Volvió a defender las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final que sancionó en 1987: dijo que «no podíamos llevar a mil militares en
actividad a proceso» porque «la situación militar durante mi gestión estaba
complicada». Así, justificó las leyes de impunidad gracias a las cuales
Etchecolatz y otros cientos de represores permanecieron en libertad durante casi
30 años.
La declaración de Alfonsín no tuvo grandes sorpresas. Ante las preguntas de Luis
Boffi Carri Pérez, abogado defensor de Etchecolatz, insitió en que tuvo que
promulgar esas dos normas como la única salida para las «presiones militares» de
la época. «Los militares me hacían conocer la situación de las fuerzas que
comandaban y eso me hacía suponer que era necesaria una solución», afirmó el ex presidente.
Alfonsín (único testigo de la defensa que quedó en pie, puesto
que María Isabel Martínez de Perón e Ãtalo Luder no pudieron comparecer) fue el
responsable de la sanción de la ley de Punto Final, que a fines de 1986 puso un
límite temporal a la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los
delitos perpetrados por la dictadura. Luego, en 1987, completó la tarea con la
ley de Obediencia Debida, que impidió el juzgamiento del accionar de cientos de
represores, amparándolos bajo la cadena de mandos a la que pertenecían, por
considerar que sólo cumplían órdenes de sus superiores. Esta situación, convalidada y complementada luego por los indultos de Carlos Menem, se prolongó
hasta 2005, con la anulación definitiva de ambas normas por parte de la Corte
Suprema de Justicia.
Hoy, Alfonsín quiso relativizar una vez más el efecto que estas leyes tuvieron
sobre la posibilidad de hacer justicia por los crímenes del terrorismo de Estado («nos atuvimos a la Constitución Nacional», dijo), pero calificó a los delitos que
quedaron excluidos de esas leyes (la apropiación de niños y el robo de bienes,
entre otros) como meros «excesos» represivos.
Cuando Guadalupe Godoy, abogada de la querella, le preguntó si realmente mantenía
el concepto de «exceso» en relación a crímenes de lesa humanidad, el ex gobernante
salió por la tangente: «Yo adhiero a que en este momento se realicen los juicios
que en esa época era imposible realizar». «Esto de la ‘posibilidad’ es una
apreciación del testigo», asentó en respuesta la abogada.
El testigo también pareció incomodarse cuando la Fiscalía lo interrogó sobre el
origen de las leyes de impunidad. «Yo no soy el imputado acá, ¿no?», ironizó
Alfonsín, aunque no logró arrancar risas entre el público.
El ex presidente tuvo además su cuota de escrache: al ingresar a la sala de
audiencias, varios familiares, sobrevivientes e integrantes de organismos de
derechos humanos se pusieron de pie y le dieron la espalda. Y cuando se retiró,
protegido por un corredor de paneles de madera y custodiado por la Policía
Federal, lo hizo bajo el sonido de un cantito coreado por varios integrantes del
público: «Alfonsín, no seas caradura, vos sos la impunidad de la puta dictadura».
Mañana, inspección ocular en el «Pozo de Quilmes»
Una vez más, sobrevivientes de centros clandestinos del «circuito Camps» volverán
a revivir el horror del cautiverio, cuando hoy a partir de las 9 se realice una
inspección ocular en la ex Brigada de Investigaciones de Quilmes, en la que
funcionó el campo de concentración conocido como «Pozo de Quilmes».
Las ex detenidas-desaparecidas Nilda Eloy (por cuyo caso está siendo juzgado
Etchecolatz) y María Cristina Gioglio guiarán a jueces, fiscales y querellantes en
la recorrida del edificio.
Allí, la dictadura mantuvo secuestrados a más de 200
detenidos ilegales a lo largo de un período que comenzó en 1975, antes del golpe
de Estado, y que se prolongó al menos hasta fines de 1979.
Uno de los comisarios que actuó como jefe de ese centro clandestino, Lucas
Gumersindo Belich, declaró en 2004 en el Juicio por la Verdad de La Plata que
recibió órdenes directas de Etchecolatz, por entonces Director de Investigaciones
de la Policía provincial, de mantener el funcionamiento de esa dependencia
policial como campo de concentración para prisioneros de la represión ilegal.
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