8 de febrero de 2018

Derechos Humanos

Juicio Ford: Dos civiles y un militar al banquillo

Continuó hoy el juicio por los crímenes cometidos contra 24 trabajadores en la planta de General Pacheco de la firma Ford a partir del golpe de 1976. Informe y fotos por Mario Frias Casado para ANRed.


Los hechos por los que están imputados los ex directivos de Ford fueron denunciados incluso durante las leyes de impunidad. Pasaron más de 10 años hasta que la justicia acusó finalmente a los directivos de la automotriz, a partir de lo cual se dio comienzo a la elevación a juicio, muy postergado pero que inicia el debate oral y público. Cabe destacar que un cuarto imputado falleció el año pasado, se llamaba Guillermo Galárraga y era gerente de Relaciones Institucionales.

Las leyes e indultos que durante dos décadas impidieron juzgar los crímenes de la dictadura no incluyeron a los empresarios y gerentes que entregaron a delegados y activistas gremiales. En el caso Ford Motor Argentina SA, el pasado 19 de diciembre, la impunidad comenzó a cesar, cuando dos ex directivos de la automotriz norteamericana debieron sentarse junto al ex general Santiago Riveros para rendir cuentas en la justicia.

Los imputados son el ex gerente de manufacturas Pedro Müller, segundo en la escala jerárquica de Ford debajo del presidente Nicolás Courad (fallecido en 1989), el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta de General Pacheco y un militar, Santiago Omar Riveros. Los dos primeros se desempeñaban como gerentes de la automotriz al momento de ocurrido los hechos. Si bien los imputados estuvieron presentes en la audiencia, se negaron a declarar y, al final de la audiencia, el Tribunal Oral Federal nro 1 (TOF 1) de San Martin, conformado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetavles, los premió con la posibilidad de seguir el juicio desde sus casas.

De la audiencia participaron tambien los fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.

"El año anterior al golpe de Estado estuvo marcado por conflictos con la empresa pero también por la tensa relación entre las bases, nucleadas en la Coordinadora Interfabril de Zona Norte y la dirección del Smata, el sindicato que encabezaba José Rodríguez. A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede de Smata para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados. En ese proceso los delegados presentaron su renuncia al sindicato, al que la empresa aceptó aportar un 2 por ciento de los salarios de cada obrero, aún de los no afiliados. La lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta, y el desplazamiento de la comisión interna", según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.

El 25 de marzo de 1976, un día después del golpe, los delegados fueron citados a una reunión. Galárraga les leyó una esquela, que adjudicó a un coronel, que los exhortaba a olvidarse de todo reclamo gremial. "Se acabaron todos los problemas", ironizó el gerente. "La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar", afirmó. Cuando el delegado Juan Carlos Amoroso insistió en reclamar el pago de salarios incompletos se produjo un diálogo elocuente sobre el conocimiento de los responsables de Ford de la etapa que comenzaba.

Se espera fecha del tribunal para realizar el reconocimiento de la empresa, y no se permitirá el ingreso a la prensa por decisión del tribunal a partir de las testimoniales.

El debate se lleva a cabo en la localidad de San Martin en el TOF 1, Pueyrredón 3728. Para participar hay que llevar DNI. La próxima audiencia es el 20 de febrero a partir de las 9:30 hs.




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