27 de enero de 2018

Trabajadoras/es

Combo Cambiemos: Despidos, paritarias a la baja y flexibilización de los convenios

Ayer se conocieron nuevos despidos: en Buenos Aires, 250 en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y, en Salta, 170 cesantías en el ingenio azucarero El Tabacal. En dicha provincia, el lunes pasado el ingenio San Isidro anunció el cierre y 730 familias quedarían en la calle. En Santa Cruz, 400 trabajadores de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también recibieron la peor noticia. Mientras, para los empleados registrados que aún conserven su puesto laboral las noticias tampoco son alentadoras: paritarias por debajo de la inflación y flexibilización de los convenios laborales. Por ANRed.


El “urgente” enviado por los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzaba a multiplicarse en las redes sociales: tras la confirmación de 250 despidos, los trabajadores realizaron ayer un corte en la Avenida General Paz, a la altura de Constituyentes, en las inmediaciones de la sede central del INTI en Buenos Aires. Denuncian además que Javier Ibañez, presidente del Instituto, se negó a dar a conocer el listado de cesantías. Los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente, decidieron la permanencia pacífica en el predio (Avenida General Paz 5445) y el próximo lunes 29 a las 8:00hs llaman a una concentración en rechazo a los despidos.

En Salta, las noticias para los obreros azucareros tampoco son buenas. Ayer, Tabacal Agroindustria emitió un comunicado en el que la empresa dice verse obligada “a implementar una reorganización integral de sus operaciones”. Esto “implicará la desvinculación de menos del 10% de su nómina”: unos 170 obreros.

El lunes los trabajadores de San Isidro, también en Salta, vieron un papel pegado en el portón del ingenio: en el mismo la empresa señalaba el cese de actividades alegando una crisis en el sector. 730 familias en la calle. Pero, para los obreros azucareros, el cierre obedece a “una maniobra para abaratar costos, no quieren dejar pasar el momento de abaratar costos”. Un “método extorsivo”, en palabras de Mariano Cuenca, secretario general de SOEASI, el sindicato que los agrupa.

En Santa Cruz, los trabajadores de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) denunciaron que después de los aprietes para aceptar retiros voluntarios se efectivizarían 400 despidos. 200 telegramas ya llegaron y otros 200 ya fueron emitidos. La intervención estatal -a cargo de Omar Faruk Zeidan, funcionario de Cambiemos- emitió la Resolución 14/2018 donde sostiene que esta situación forma parte de la “reestructuración operativa interna”. Cabe señalar que 300 gendarmes llegaron a la zona, lo que recuerda la reciente militarización en el Hospital Posadas el día que se anunciaron las 122 cesantías.

En Campana, provincia de Buenos Aires, la química Bunge y Born resolvió detener su producción para importar los fertilizantes nitrogenados y de este modo despidió a 170 obreros. Marine Sur, una fábrica de lanchas, comunicó 80 despidos, aunque los empleados aún no recibieron notificación formal. La empresa les adeuda la última quincena y los trabajadores también denunciaron que el dueño no aparece. Una situación similar a la que viven los trabajadores de la metalúrgica Stockl, en Burzaco, Buenos Aires: pelean por los 130 puestos de trabajo, mientras el dueño está de vacaciones en Pinamar y quedó adeudando 3 quincenas y el aguinaldo a los obreros, en el marco del vaciamiento de la autopartista.

En Tortuguitas, los trabajadores advirtieron sobre otro vaciamiento: la industria plástica autopartista Plascar les adeuda dos quincenas y los obreros temen el cierre de la misma, lo que dejaría a 250 empleados en la calle.

Todos estos despidos se suman a los ya conocidos, como los 232 en Fanazul (Fabricaciones Militares en Azul, Bs As), los 700 en municipios bonaerenses gobernados por Cambiemos y los 300 en medios de comunicación públicos y privados, entre otros.

Empleo registrado: paritarias a la baja y flexibilización de convenios

Ayer finalizó la 48° edición del Foro Económico Mundial de Davos, del cual participó Mauricio Macri y también el presidente de Brasil, Michel Temer. Los discursos de ambos se centraron en el destierro del “populismo”, en la “lucha contra la corrupción”, en la transparencia gubernamental y en la apertura sin control del Mercosur. Aseguraron como parte del objetivo de “reinserción en el mundo” permitir la apertura comercial y financiera, la flexibilización laboral y la reducción de impuestos y cargas sociales a las empresas.

En nuestro país la reforma previsional ya es ley desde el 18 de diciembre, cuando tras un acuerdo con los gobernadores de distintas provincias se alcanzó el quórum y Diputados aprobó el proyecto presentado por Cambiemos. Junto con la reforma tributaria, aprobada también en diciembre, el combo incluye beneficios para los empresarios y baja salarial o de asignación para los sectores vulnerables, como los jubilados, los beneficiarios de planes sociales, los trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares de la ANSES y los ex combatientes de Malvinas.

La reforma laboral, tras idas y venidas y aún sin fecha de tratamiento, se trastocó en ir sector por sector. Se apunta a flexibilizar los convenios laborales, tal como sucedió el año pasado con el acuerdo petrolero por Vaca Muerta primero y el de los trabajadores lecheros después. Otro ejemplo a finales del 2017 fue la paritaria del Satsaid, donde el gobierno mediante el Ministerio de Trabajo de la Nación condicionó el acuerdo salarial a la introducción de modificaciones del convenio a la baja.

La excusa es la que esgrimen los empresarios y la que pagan los trabajadores: mejorar la competitividad del sector. Esto implica la baja en los costos laborales y el ajuste en los salarios. Se discute el valor de la hora extra, se busca la asistencia perfecta, se crean figuras como el “franquista”, se permiten los contratos a plazo fijo, se incorpora el “principio de multifuncionalidad”, se reduce el tiempo de reserva de puesto ante ausencia por accidente o enfermedad y se abre las puertas a la tercerización. En suma, se busca la revisión de los convenios colectivos de actividad para "adaptarlos a la realidad actual del empleo". Esto es: que continúen los beneficios empresariales y que el ajuste lo paguen los trabajadores.

Asimismo, el gobierno nacional habló de paritarias por debajo del 15%. Marcos Peña, jefe de gabinete, tras la advertencia de varios sindicalistas de que no aceptarían este porcentaje, sostuvo que "el 15% es una referencia, pero se va a aplicar la paritaria libre. Nosotros esperamos que siga creciendo el salario real, aunque entendemos que cada sector tiene su propia realidad”. Dejando nuevamente en claro que el esquema de sector por sector.

Lo cierto es que en sus primeros dos años de gobierno el macrismo acumuló una inflación del 73%. En el 2017 la inflación terminó en 24,8%, por encima de lo supuesto por Cambiemos que esperaba un máximo de 17%. Ahora esperan para el 2018 una inflación del 15%, pero los analistas privados estiman un piso del 20. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es clara.

La discusión paritaria recién comienza. A los trabajadores bancarios se les ofreció un 9% anual, lo que consideraron una “provocación”. A los docentes, por decreto, se les anuló la paritaria nacional y será cada provincia la que negocie el incremento salarial, en una maniobra que además busca quitar peso a la Ctera.

Despidos, paritarias a la baja, flexibilización de los convenios, en un marco además de tarifazos en los servicios públicos, es el combo que el gobierno nacional está aplicando. En sintonía, Cambiemos continúa atacando a las estructuras sindicales, invitando a la desafiliación así como lanzando auditorías a los gremios, sirviéndose de las burocracias sindicales como excusa para atacar la única herramienta de defensa colectiva de los trabajadores: la organización gremial.


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