17 de enero de 2018

Trabajadoras/es

Militarización, mails y listas: así se despide en la Argentina precarizada

Ayer, 120 trabajadores del Hospital Posadas, ubicado en Morón, Provincia de Buenos Aires, se enteraron de su despido tras hacer largas filas y estar en las listas de cesantes. Mientras, otros 19 trabajadores del Canal de la Ciudad, cuya sede está en el barrio porteño de Balvanera, recibieron un mail donde se les notificaba que estaban despedidos. La presencia de efectivos policiales fue la otra cara de los despidos. El objetivo: amedrentar e impedir que los trabajadores pudieran reunirse con las autoridades. Por ANRed.


No es la primera vez que los trabajadores se enteran así de los despidos. A fines de diciembre de 2017, 228 empleados de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires, recibieron un mail que les confirmaba el cierre de su lugar de trabajo. A 116 de ellos se les reubicaría aún sin destino. El 2 de enero, 16 trabajadores de Radio Nacional se notificaron de su cesantía cuando no pudieron ingresar a la emisora. También se hizo viral el video de un delegado de Fabricaciones Militares leyendo una lista con los nombres de quienes perdieron su empleo.

Ayer, los trabajadores despedidos del Hospital Nacional Posadas y del Canal de la Ciudad de Buenos Aires se enteraron también de esa forma: listas o mails. Ya no hacen falta los telegramas de despidos en la Argentina precarizada. Tras años de exigir el pase a planta permanente y tener como respuesta contratos anuales, el “plan de transformación del Estado” -en palabras de funcionarios de Cambiemos- lejos de dar estabilidad se traduce en pérdida de puestos laborales.

La reiterada afirmación de que “el Estado es el mayor empleador en negro del país” se refuerza día a día con estas noticias. En contravención con las leyes laborales, los contratos que se renuevan in eternum, implican facturar como monotributistas, tener un salario inferior al de quien realiza un trabajo similar, carecer de aportes a la seguridad social y no tener aguinaldo y vacaciones. Incluso hubo fallos de la Corte Suprema de Justicia que ratificaron la ilegalidad de esta forma de trabajo en el Estado.

Lo cierto es que a la hora de despedir sirve como excusa para las autoridades nacionales, provinciales o municipales. Para ellos no son despidos sino que, simplemente, “no se renovaron contratos”. Lo que obvian decir es que hubo trabajadores despedidos no con un año de antigüedad, sino 10, 15 o más años.

Los despedidos denuncian además “persecución gremial”. Entre los cesanteados, tanto del Posadas como del Canal de la Ciudad, hay delegados y trabajadores con distinta participación sindical. Por eso también hablan de “revanchismo” del gobierno, que -en sintonía- continúa atacando a las estructuras sindicales, invitando a la desafiliación así como lanzando auditorías a los gremios, sirviéndose de las burocracias sindicales como excusa para atacar la única herramienta de defensa colectiva de los trabajadores: la organización gremial.

Cabe recordar, de los reiterados ataques del presidente Mauricio Macri a los supuestos ñoquis estatales, esta frase donde el presidente aseguraba que existían “recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones”, al tiempo que llamaba a terminar con esas “estafas” porque “ya no hay lugar para quioscos en la política”. Justamente la máxima autoridad del Canal de la Ciudad es Eduardo Cura, ex marido de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y Patricia Rey -actual esposa de Cura- es la directora de Recursos Humanos del Canal de la Ciudad. Estas designaciones parecen tener el visto bueno presidencial.

A las listas y los mails, se les suma otro ingrediente no menor: la presencia de efectivos policiales en los lugares de trabajo. Los propios trabajadores registraron con sus celulares la militarización, por ejemplo, del Hospital Posadas. Decenas de efectivos paseaban por los pasillos del nosocomio mostrando sus armas.

En una carta abierta, Karina Almirón, la única técnica en anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica en el hospital Posadas y despedida ayer, afirma que “las consecuencias del ajuste las paga el pueblo pobre” y advierte sobre la privatización de los sectores del hospital.

También los despedidos del SENASA -organismo que controla la cadena alimentaria para garantizar que los alimentos estén en buen estado y libres de enfermedades- señalaron que “todo parece ir camino a una privatización y tercerización del servicio de sanidad”, es decir que las propias empresas llevarían a cabo la inspección sanitaria de alimentos, rol que el Estado dejaría de ejercer.

El “plan de transformación del Estado” por lo tanto no afecta solo a los despedidos, sino a la población en su conjunto. Situación que aún pocos parecen percibir.




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