15 de enero de 2018

Trabajadoras/es

“Sindicalistas corruptos” y “empresarios víctimas”… ¿y los trabajadores?

Con la detención de Balcedo, titular del SOEME, y de 10 dirigentes de la seccional Bahia Blanca de la UOCRA – que se suman a las del “Caballo” Suarez del SOMU y de Juan Pablo “Pata” Medina, también de la UOCRA - el gobierno busca “marcar la cancha” a las direcciones sindicales y reconstruir los alineamientos necesarios para continuar su ofensiva contra los trabajadores. El discurso de “lucha contra las mafias” omite y oculta el rol de las prácticas de corrupción en el mantenimiento del orden laboral. Por Julia Soul para ANRed


1 – Una mirada de conjunto a las políticas de Cambiemos

Desde sus inicios, el gobierno de Cambiemos articuló políticas tendientes a desarticular y deslegitimar las regulaciones e instituciones que operan sobre las relaciones laborales (bajo el argumento general de que son gravosas en términos de costos) y a los trabajadores mismos (tildándolos de vagos, ñoquis, improductivos, etc). Tanto por convicción ideológica como por el rol que tiene que jugar generando el escenario para que los capitalistas aumenten sus niveles de inversión, el gobierno de Cambiemos ha avanzado – o propiciado el avance – sobre condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos, sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y sobre políticas de ajuste y redistribución regresiva que atacan directamente las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y el pueblo.

En este camino, recorrido cíclicamente por los capitalistas, un elemento fundamental es la recuperación (y el aumento) del poder que tienen los empresarios para disponer libre y arbitrariamente del uso de la fuerza de trabajo, organizándola según su conveniencia inmediata. El sistema de negociación colectiva y el accionar de los sindicatos, son obstáculos en ese camino. Ese el núcleo de la “baja de los costos laborales” que guía la política de Cambiemos desde los inicios de su gestión, y explica el proyecto de Reforma Laboral, la propaganda gubernamental de los convenios colectivos flexibilizadores, el techo a las paritarias, etc. En esta clave, también se explican las críticas del gobierno a los convenios colectivos “obsoletos” y a las dirigencias sindicales “viejas” que no estarían a la altura de los “nuevos tiempos”. Es sobre este telón de fondo que deben interpretarse la “lucha contra las mafias”

2 – los gobiernos y las “mafias sindicales”

El gobierno de Cambiemos no es para nada original en sus denuncias contra dirigentes sindicales. En el 2000, a días de que el Gobierno de la Alianza enfrentase el tercer paro general en diez meses, se dio a conocer una cámara oculta que serviría para probar extorsión a los empresarios por parte de un dirigente de la seccional Capital de la UOCRA. En aquel momento, como ahora el ex-agente de inteligencia, actual Secretario General de la UOCRA Gerardo Martínez se distanció públicamente de esos dirigentes. Meses más tarde, la entonces Ministra de Trabajo Patricia Bullrich emplazaría a los dirigentes sindicales a presentar sus declaraciones juradas – en un contexto de desocupación récord y de recorte a los salarios estatales.

En estos días, las causas de corrupción que llevan a prisión a los dirigentes sindicales tienen generalmente como “víctimas” directas a... los empresarios, a quienes los mafiosos extorsionan exigiéndoles dinero a cambio de “pasar por alto” incumplimientos en la normativa, o obligarlos a contratar ciertos servicios, etc etc. El incumplimiento con la normativa laboral – leáse, emplear trabajadores en negro, no garantizar las condiciones de higiene y seguridad, cometer fraude laboral – es una de las vías mediante las que los empresarios bajan de hecho sus costos laborales. Justamente por eso, los planes del Gobierno incluyen la baja en las multas y penalizaciones que tienen vigencia legal hoy. La “extorsión” que denuncian es un mecanismo fundamental para poder darle continuidad a esas prácticas de “ahorro” sin ser denunciados.

La extorsión aparece así como piedra de toque de la ingente masa de recursos de los que se apropian los dirigentes sindicales por no pelear por la mejora de las condiciones de trabajo de los afiliados. Los medios masivos y el gobierno, asumen con total naturalidad (a lo sumo agregando un decoroso “supuesto”) el “incumplimiento en la normativa” por parte de los empresarios. No hay una sola línea dedicada a las consecuencias que estas prácticas patronales tienen sobre la vida de los trabajadores, especialmente en el gremio de la construcción, que es uno de los sectores con índices de muertes laborales y de trabajo informal más elevados. Tampoco tienen repercusión las denuncias y el trabajo de organización del SITRAIC, sindicato de la construcción simplemente inscripto, que centra su trabajo de organización en garantizar el blanqueo de trabajadores y el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.

Más allá de los oropeles espectaculares – e indignantes – de las exposiciones mediáticas, los procesos judiciales contra los sindicalistas tienen poco o ningún efecto progresivo sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre nuestras organizaciones. Volviendo a lo que no se dice, las dinámicas de “mafia” de las cúpulas sindicales son absolutamente funcionales al mantenimiento del orden laboral y a los objetivos empresarios. Sin embargo, estos procesos judiciales dejan intactas las fuentes de poder de las cúpulas y ocultan sistemáticamente a los empresarios como los principales beneficiarios de ese entramado.

3 – los trabajadores y las “mafias” sindicales

La base de poder de las direcciones sindicales está en el control que tienen de los trabajadores, en tanto representantes frente al Estado y los empresarios. Lejos de ser una representación meramente impuesta por la ley, esa relación tiene un sustrato concreto en las relaciones cotidianas que los trabajadores entablan con las organizaciones sindicales. Para los trabajadores, las consecuencias de las “mafias” sindicales son muertos, accidentes laborales y condiciones de trabajo deterioradas. Ninguno de estos temas encabeza los cuestionamientos judiciales o gubernamentales a los dirigentes sindicales. Antes bien, y como planteamos todas las políticas del gobierno van en la dirección de generar peores condiciones laborales y de cuestionar las mejoras alcanzadas por los trabajadores organizados.

El telón de fondo de las actuales desaveniencias entre dirigentes y funcionarios otrora aliados es aquello que no se dice: el potencial que la clase trabajadora tiene para bloquear o morigerar la implementación del programa del macrismo. El gobierno sabe que las direcciones sindicales conservan el poder de movilización necesario para poner los “palos en la rueda” de los que las acusa. En el uso que los dirigentes hagan de ese poder de movilización se juega una parte importante de la implementación del programa de Cambiemos. De allí que las detenciones jueguen un doble rol: hacia las direcciones, “marcar la cancha” precipitando alineamientos y acuerdos necesarios. Hacia el conjunto de los trabajadores, potenciar el desprestigio de la herramienta sindical como vía de organización en este contexto. Sin embargo, el único modo de suprimir las “mafias sindicales” es con el conjunto de los trabajadores organizados en los lugares de trabajo, actuando sindicalmente y tomando en sus manos la defensa de sus condiciones de trabajo.




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