Jorge Vanossi: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda

Prontuario de Jorge Vanossi, quien, el 26 de junio de 2002, ejercía el cargo de Ministro de Justicia de la Nación.

Por ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente.

ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente, en junio de 2005, elaboraron los prontuarios de los autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda

Los mismos fueron realizados cuando el juicio ya estaba en marcha.

Las condenas que recibieron los autores materiales han sido sólo una parte de la justicia buscada.

Por eso, a un año de la publicación, consideramos necesario recordar quiénes son los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi y de los 33 heridos con balas de plomo.

Jorge Vanossi: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda

¿CUÁL ES SU RESPONSABILIDAD EN LA MASACRE DE AVELLANEDA?

26/06/02: Ministro de Justicia de la Nación

LA PREVIA AL 26

Toma I: Se idea la Causa Complot

Ocho días antes de que sucediera la masacre de Avellaneda, incluso antes de que los espías del vicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez entregaran el último «informe secreto» de la SIDE, Jorge Vanossi, Nicolás Becerra y Norberto Quantín ya habían acordado los términos de la denuncia que presentarían una vez efectuada la represión en Avellaneda el 26 de Junio. El martes 18, los tres mantuvieron una reunión con Duhalde y con los jefes de las fuerzas de seguridad (próximas a ejecutar el operativo represivo) y allí fijaron «las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados; cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal y la cobertura a su acción que tendrá en la Justicia a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno.»

EN LOS DÍAS POSTERIORES A LA REPRESIÓN

JUEVES 27 DE JUNIO 2002

 Duhalde no perdió tiempo para ejecutar uno de los puntos centrales en la estrategia de deslegitimación de las movimientos en lucha ideada para posibilitar -sin demasiados costos políticos- la represión abierta al conflicto social: la «Causa Complot». A través de su ministro de Justicia Jorge Vanossi, presentó ante justicia federal una denuncia la contra los desocupados reprimidos el día anterior en Avellaneda. La causa judicial (ideada en los días previos por el mismo Vanossi) consiste en la acusación por 17 delitos contra el orden público tipificados en el Código Penal y por «violación de la Ley de Defensa de la Democracia».

 La presentación judicial intentaba encuadrar la supuesta comisión de estos delitos en la teoría de que aún existía un «complot» para derrocar al gobierno de Duhalde y «atentar contra los poderes constituidos de la República».

 Vanossi, que a partir del 20 de diciembre de 2001 comenzó a ver «sediciosos» golpeando cacerolas por todos lados, agregó que Duhalde, como titular del poder ejecutivo, estaba obligado a denunciar la situación ante la justicia. Propuso además reunir «informes oficiales de los organismos competentes», no sólo ante los hechos del 26 de junio sino también sobre «la preparación de otros ilícitos que podrían consumarse de aquí en más».

 En la presentación de la causa, el gobierno sostuvo el enérgico pedido de castigo para los «autores, cómplices, instigadores y encubridores» de los hechos «sufridos por la sociedad y el Estado», como caracterizó Vanossi hipócritamente en el escrito de presentación de la Causa Complot. Al mismo tiempo que agregaba: «No escapa a nuestra percepción que los sucesos de los últimos días indican una escalada de acciones violentas que parten de la alteración del orden público y continúan con la pérdida de vidas humanas amenazando, incluso, con el derrocamiento de poderes constituidos».

 En el marco de esta representación teatral, el ministro de Justicia expuso: «es del caso preguntarnos si estamos o no en presencia de una maquinación concertada para alcanzar con intencionalidad objetivos de máximo alcance que puedan poner en peligro más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones de la república que se encuentran constituidas legítimamente y en pleno funcionamiento». Exposición tramposa que, apenas el soplo de la memoria se hace presente, se desmorona como pirámide de naipes: los únicos responsables de la «maquinación concertada» (asesina de Dario y Maxi), fueron Duhalde y sus funestos secuaces.

ALREDEDOR DE LAS 16HS»¦

 Luego de la presentación de la Causa Complot, Vanossi se reunió con Jorge Matzkin y Juan José Álvarez en la Casa de Gobierno. Allí elaboraron un informe en base a las declaraciones públicas realizadas en los últimos días por integrantes de los movimientos de desocupados que sumaron a los informes de la SIDE sobre el accionar de los movimientos que habían sido reprimidos el día anterior. Después repasaron el texto que el ministro del Interior Jorge Matzkin leería en la conferencia de prensa programada para minutos después. Vanossi, abogado constitucionalista, había aportado al texto el asesoramiento legal y Juan José Alvarez su estilo prolijo y garantista.

 Ante las cámaras de televisión, Matzkin sentenció: «Las acciones que dejaron el trágico saldo de dos muertes, constituyen un plan de lucha organizado y sistemático que puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos hemos elegido. Hay quienes prefieren el lenguaje de la violencia». «Los lamentables acontecimientos de ayer no constituyen un hecho aislado – insistió – el gobierno tiene elementos que permiten suponer que estamos frente a acciones concertadas» y anunció que la decisión del gobierno no quedaría en meras palabras: «se hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido», dijo en referencia a la presentación de la Causa Complot.

El mensaje era claro. Como señaló el viernes 28 de junio el analista político Martín Granovsky en Página/12: «Las palabras (de Matzkin) apuntan a crear la sensación de que el principal problema en la Argentina es la inminencia de una insurrección armada contra la democracia (…). El mensaje era que cualquier opositor es un violento potencial, y quedará sujeto a la represión de la violencia. Una forma, de paso, de disuadir a asambleístas o nuevos actores de la política de seguir participando activamente».

RECORRIDO DE LA CAUSA

Toma II: Puesta en práctica del plan (reaparecen en escena los mismos personajes):

Jorge Vanossi, con los informes listos y la fundamentación redactada, elevó la presentación judicial al procurador de la Nación, Nicolás Becerra, quien lo derivó a la Cámara Federal, a manos del fiscal Norberto Quantín. Este último remitió las actuaciones a la justicia federal y la causa quedó a cargo del Juez Federal Norberto Oyarbide.

Se acusó a los manifestantes de violar los artículos 181, 182, 183, 184, 190 al 197, 209, 210 al 213 bis, 226, 229 y 230 del Código Penal y la Ley 23077 de Defensa del Orden Constitucional y de la vida democrática y de 17 delitos contra el orden público, referentes a «la usurpación con clandestinidad, daños, el entorpecimiento del funcionamiento de los trasportes públicos, la instigación a cometer delitos, la asociación ilícita o banda, la intimación pública, la apología del crimen, la alteración del orden, el libre ejercicio de sus facultades o la deposición de alguno de los poderes públicos, la sedición, el atribuirse derechos del pueblo e impedir la ejecución de las leyes».

Toma III: Los autores intelectuales de la Masacre no logran sustentar la falacia de la Causa Complot

La causa cayó en manos del fiscal Carlos Stornelli quien consideró que había «elementos suficientes» para promover y dar sustento a la investigación penal sobre el supuesto complot. El requerimiento de la investigación penal fue recibido por el Juez Oyarbide. Vanossi – en representación del gobierno nacional – debía ratificar la denuncia. El jueves 4 se presentó ante el Juez. Pasada una semana el gobierno no tenía ninguna otra evidencia para aportar y dar sustento a tan grandilocuente acusación. Carlos Soria, todavía jefe de los servicios, estaba citado para el día siguiente para aportar los «clarificadores» informes sobre la asamblea piquetera realizada el 22 y 23 de junio en el estadio de Villa Domínico. No se presentó: «se contactó con el juzgado y explicó que tenía problemas de horario, por eso se suspendió la audiencia» explicaron en los tribunales de Comodoro Py. A Juan José Álvarez, recientemente ascendido a Ministro de Seguridad y Justicia, también lo esperaban en tribunales, su citación estaba fechada para el 15 de julio. Al igual que Vanossi y Soria, Álvarez no aportó nada que apoyara las denuncias y acusaciones mediáticas. Al igual que Soria ni siquiera llegó a brindar testimonio en la causa. El miércoles 10 de julio el juez «se enteró» de que en otro tribunal se investigaba casualmente – desde enero pasado – la posible puesta en marcha de un plan «para desestabilizar» al gobierno de Duhalde. Entonces Oyarbide declinó su competencia apartándose de la causa y dejando sin efecto las citaciones pendientes a Soria y a Álvarez. El gobierno después de intentar convencer a la sociedad de que el peligro piquetero acechaba al futuro de todos, ahora dejaba la causa penal que venía a preservar las instituciones sin aportar un solo elemento que sustentara tanta verborragia.

La de Vanossi fue una de las renuncias obligadas por el gobierno de Duhalde luego de la Masacre. Siendo una de las caras más visibles del discurso oficial, al igual que Soria se convirtió en uno de los «malos asesores» del Presidente en torno a los hechos del 26. La recomposición del Duhaldismo luego de la Masacre requería ciertos cambios de Gabinete. En este marco, su ministerio fue fundido con el de Seguridad, quedando al frente de ambos el entonces secretario de Seguridad Interior de la Nación, Juan José Álvarez, también responsable político directo de la represión.