Etchecolatz se negó a declarar
Hoy se inició el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz por su responsabilidad en secuestros, torturas y homicidios durante el último golpe de Estado, época en que se desempeñó como Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. En el primer día de audiencias se negó a declarar. Informe de prensa de Justicia Ya en La Plata.
A continuación, reproducimos el Informe de Prensa elaborado por el espacio Justicia Ya en La Plata:
(La Plata, 20 de junio) Con una sala colmada de público, empezó hoy el juicio
oral contra el ex director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel
Osvaldo Etchecolatz, por su responsabilidad en secuestros, torturas y homicidios
perpetrados bajo su mando durante la última dictadura. Luego de la lectura de la
acusación fiscal, el represor se negó a prestar declaración indagatoria.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 -compuesto por los jueces Carlos Rozanski,
Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo– dio inicio al proceso con la lectura de
la acusación formulada por la Fiscalía, a cargo del fiscal federal Carlos Dulau
Dumm durante la etapa oral.
En ese escrito, la Fiscalía comenzó por enmarcar los hechos investigados en
esta causa dentro del plan sistemático de represión ilegal instaurado por última
dictadura. Recalcó que los casos abarcados en este expediente «son sólo una
fracción» de los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, y
destacó el funcionamiento total e interconectado del aparato represivo.
«Está probado el señorío de Etchecolatz en el sistema de centros clandestinos
de detención», señaló la Fiscalía, y agregó que el represor «tenía dominio sobre
esa estructura represiva» desde su función como Director de Investigaciones de
la Policía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó desde el 5 de mayo
de 1976 hasta el 28 de febrero de 1979.
Finalmente, se hizo repaso de los hechos puntuales abarcados en esta causa: el
homicidio calificado de Diana Teruggi; la privación ilegal de la libertad,
torturas y homicidio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga,
Elena Arce y Margarita Delgado; y la privación ilegal de la libertad y torturas
de Nilda Eloy y Jorge Julio López.
La lectura del escrito de acusación se prolongó aproximadamente por tres
horas, dada la abrumadora cantidad de elementos de prueba reunidos sobre cada
uno de los casos. Durante ese lapso, el represor escuchó impasible las
imputaciones en su contra, aunque salió dos veces de la sala alegando supuestas
descomposturas físicas.
Luego de un breve cuarto intermedio, el presidente del Tribunal, Carlos
Rozanski, llamó al estrado a Etchecolatz para tomarle declaración indagatoria.
El juez le preguntó cuál era su profesión. «Â¡Asesino!», se escuchó desde el
público. Cuando el magistrado le preguntó si tenía condenas anteriores, el ex
comisario evadió la respuesta: «Varios, que no los recuerdo», dijo, y agregó:
«Y tengo varios pendientes».
El represor -patrocinado por sus abogados particulares Adolfo Casabal Elía y
Luis Boffi Carri Pérez- se negó a declarar, arguyendo que «el Tribunal no tiene
autoridad para tratar estos casos, porque corresponden a la jurisdicción
militar» y «porque me asiste el sagrado derecho de la Constitución Nacional».
Y aprovechó para decir que no podía escuchar las imputaciones que se le
formulaban porque «yo a raíz de un atentado terrorista de los idealistas (sic)
he perdido la parte auditiva en gran proporción».
Etchecolatz pretendió entonces
iniciar una suerte de discurso político, pero el juez Rozanski lo detuvo: «Este
es un acto en el cual, si la persona decide no declarar, no puede fundamentar
por qué no va a declarar».
Hacia el final de la jornada, uno de los abogados de la querella -Alejo Ramos
Padilla, el representante de la familia Teruggi-Mariani- solicitó al Tribunal
que el represor sea trasladado a la Unidad Penal Nº 20 (Hospital Borda) «durante
toda la tramitación de este juicio», ya que hoy mismo había comprobado en un
juzgado de Capital Federal que Etchecolatz -quien goza de arresto domiciliario
en su chalet en Mar del Plata– «es depositario judicial de un arma Browning 9 mm
en perfecto estado de funcionamiento», y que guarda el arma en su vivienda. «Quiero señalar el grave riesgo que implica que esta persona de comprobada
peligrosidad vuelva hoy a su casa», indicó el abogado.
Etchecolatz, en una nueva intervención que provocó las risas del público,
quiso defenderse: «La he tenido toda mi vida desarmada a ese arma, porque es
más, mi mujer y mi suegra la han desarmado y la han escondido».
El Tribunal resolverá el pedido de Ramos Padilla el próximo jueves 22, a
partir de las 10, cuando se reanuden las audiencias. Para ese día, también están
previstas las primeras tres declaraciones testimoniales del juicio.
Así, el jueves comenzará a tratarse el caso de Nilda Eloy, secuestrada en
octubre de 1976 por un grupo de tareas comandado por Etchecolatz, y quien
permaneció en cautiverio en seis diferentes centros clandestinos de detención.
La sobreviviente está convocada para declarar ese día, como así también las ex
detenidas-desaparecidas Emilce Moler y Mercedes Borra.
«Este juicio es producto de nuestra lucha»
Por la mañana, antes del inicio del juicio, el frente de la Municipalidad de
La Plata -en cuyo Salón Dorado se está realizando el proceso- se pobló de
miembros de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas,
sobrevivientes, y representantes de organizaciones sociales, gremiales y
políticas que demostraron su apoyo al juicio y su repudio al genocida
Etchecolatz.
El acto había sido convocado por el espacio «Justicia Ya en La Plata» -que
impulsa ésta y otras causas por violaciones a los derechos humanos perpetradas
durante el terrorismo de Estado- bajo la consigna «Juicio a todos los genocidas.
Condena por todos los compañeros. Empezamos con Etchecolatz».
En el acto hablaron representantes de las organizaciones que integran este
espacio, quienes destacaron la importancia de este juicio oral, el primero al
que se llega después de la anulación definitiva de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final. «Este no es el juicio que queremos, pero es el que
tenemos», remarcó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos,
en referencia a que se trata de una causa conformada por hechos aislados, sin
insertarlos dentro del plan sistemático represivo completo y que no abarca el
funcionamiento integrado del circuito de centros clandestinos de detención bajo
el mando de Etchecolatz.
No obstante, recordó que la causa se inició en plena vigencia de las leyes de
impunidad, lo que impulsó el límite de tomar sólo determinados hechos puntuales
que nunca habían sido denunciados y que, por lo tanto, no estaban abarcados por
esas normas. «Estaba prohibido en ese momento juzgar a los genocidas. Estaba
prohibida la justicia. Sin embargo nuestra lucha pudo vencer esa prohibición»,
sostuvo, y agregó: «Nosotros aprovechamos todo ese tiempo para ir acumulando
pruebas contra este genocida. Por eso hoy creo que este juicio es producto de
nuestra lucha, como lo serán todos aquellos que le sigan».
JUSTICIA YA EN LA PLATA
20 de junio de 2006
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