4 de agosto de 2017

Derechos Humanos

Conferencia de prensa de la CPM y familiares del joven desaparecido Santiago Maldonado

Aparición con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la conferencia de prensa realizada hoy, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Por CPM.


Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por desaparición forzada ante el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (ver al final).

"La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida", señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: "Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él".

Santiago Maldonado está desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.

"A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo", señaló Germán Maldonado. "Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta", resumió.

Junto a los familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM -Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio, directora general- y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general, acompañó la iniciativa.

Tanto la familia de Santiago como los organismos de derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche. Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.

Por el habeas presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.

En esa misma nota, la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.


CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO

NO A LA CRIMINALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

NO A LAS ACUSACIONES DE TERRORISMO CONTRA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL Y LA COMUNIDAD MAPUCHE

El derecho de los pueblos originarios a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (…) aptas y suficientes para el desarrollo humano” es de rango constitucional. El Estado tiene la obligación no sólo de reconocer esos derechos sino de implementar las medidas que lo garanticen.

No obstante no sólo no es así sino que continúan los desplazamientos de los pueblos de sus territorios ancestrales por parte de las grandes empresas transnacionales.

Días atrás se desató una brutal represión contra la Lof en resistencia de Cushamen en Vuelta del Río, provincia de Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche que reclama legítimamente por un territorio que le fue enajenado por la empresa Benetton y sobre el que tienen derechos ancestrales.

No es la primera vez que ocurre. En marzo de 2015 sufrieron una represión violenta por parte de la policía de la provincia de Chubut que intentó desalojarlos del predio que reclaman. En mayo de 2016 se produjeron otros hechos de violencia en los que, además de las fuerzas provinciales, intervino Gendarmería nacional. Las fuerzas del Estado dispararon balas de plomo, destruyeron las viviendas y dejaron a la intemperie a mujeres y niños. Esa vez la justificación fue la detención del Lonko Facundo Jones Huala, que tenía un pedido de extradición a Chile. La misma fue rechazada por el juez interviniente que consideró nulo el procedimiento de detención y confirmó la aplicación de torturas a otro integrante de la comunidad. En enero de este año, hechos similares volvieron a reiterarse de manera agravada puesto que hubo heridos con balas de plomo. El Estado incluso cometió delitos en la persecución de la comunidad, realizando inteligencia ilegal sobre la comunidad mapuche.

La represión violenta y la persecución son contra la Lof en resistencia de Cushamen, contra familias mapuches que reclaman por su derecho a la tierra que es la base de su cultura y su cosmovisión.

Todos estos hechos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado fueron denunciados a la prensa y a la justicia. Sin embargo, no ha avanzado ninguna investigación y mucho menos hubo condenas por los ilícitos cometidos por los agentes: torturas, heridas de gravedad, destrozos de bienes, maltrato de niños, detenciones ilegales, espionaje ilegal, entre otros.

Lo que sí continúa y de manera cada vez más violenta es la represión a miembros de la comunidad mapuche y activistas que apoyan sus reclamos. Hoy denunciamos la desaparición de uno de ellos, Santiago Maldonado, quien fuera perseguido por Gendarmería durante el ingreso ilegal de esta fuerza dentro del predio de la Lof.

A los hechos gravísimos se suman las declaraciones en Radio Nacional del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, el Sr. Pablo Noceti. El funcionario hizo declaraciones de neto corte autoritario -en tanto desconoce los legítimos reclamos constitucionales de la comunidad mapuche– y macartista, desacreditándola por su adscripción organizativa y política a la que sindica como “terrorista” y a la que irresponsablemente acusa de estar ligada a grupos terroristas internacionales y apoyos locales, entre los que incluye al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y a “gente vinculada al gobierno anterior”. El funcionario debe dar las explicaciones pertinentes del alcance de sus palabras porque es muy grave lo que afirma: conectar los derechos humanos al “terrorismo internacional” ha sido un recurso típico de la dictadura militar para desacreditar las luchas legítimas del pueblo.

En el mismo sentido, el funcionario claramente defiende y promueve una acción represiva y persecutoria, donde la amenaza y la violencia abierta sustituyen al diálogo y la protección de los derechos. Ninguna de las acusaciones que sostiene contra los miembros de la Lof en resistencia de Cushamen ha sido acreditada por la justicia. Como él mismo reconoce, aún no han aportado ninguna prueba, sin embargo afirma que todos serán detenidos. Cabe aclarar que hasta el día de hoy, ninguno de los miembros de la comunidad ha sido condenado por los hechos que menciona como “quemar, incendiar, dañar, robar ganado, destruir bienes, amenazar y torturar”.

Los que usan armas de fuego disparan contra personas desarmadas, roban ganado, destruyen e incendian viviendas y pertenencias, torturan, golpean, vejan y maltratan son agentes dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, de los que el Jefe de Gabinete es el responsable directo.

Hoy hay un desaparecido, de quien se desconoce su paradero luego de que fuera visto huyendo de la represión ilegal de la Gendarmería nacional, detenido, golpeado por agentes y subido a una camioneta de la fuerza.

Ellos son quienes violan el artículo 213 bis del Código Penal que cita el funcionario en las mencionadas declaraciones públicas. Gendarmería nacional es el verdadero “grupo tendiente a infundir temor en la población”, en este caso de la comunidad mapuche. Este temor que quieren fundar no busca otra cosa que garantizar los intereses de grupos empresariales como Benetton que vienen a expoliar los recursos de nuestro país y las tierras sobre la que tiene derechos ancestrales los pueblos originarios.

Sus declaraciones son nocivas para la democracia, y vulneran la constitución no sólo porque niegan los derechos sino que criminalizan la ideología desacreditando las reivindicaciones, acusando a los manifestantes de violentos y terroristas. Con este discurso legitima la violencia del Estado. Pero además de la Constitución, violan el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que deben cumplir porque la Argentina es un país signatario.

Lamentablemente estos discursos no son nuevos: tiene una dolorosa historia en nuestro país. El terrorismo de Estado y el genocidio de 30000 se sostuvo y legitimó con discursos idénticos a éste: estigmatizando y criminalizando a los grupos políticos, suspendiendo sus derechos, persiguiendo, torturando y desapareciendo.

En nombre de la democracia le exigimos al Presidente que cese la represión, se abra el diálogo y se de cumplimiento a la Constitución nacional.




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