16 de julio de 2017

Opinión
Medios

Sobre legalismos y canalladas

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Foto: Enfoque Rojo.

Mientras aproximadamente un tercio de las y los trabajadores en Argentina se encuentra en condiciones ilegales de precarización laboral, un discurso legalista de sectores dominantes que ejercen o promueven dicho ilegalismo, inunda los medios hegemónicos cada vez que se desarrolla alguna medida de fuerza por parte de sectores oprimidos. La represión a trabajadores de Pepsico fue uno de los escenarios de ese debate donde sectores afines a las patronales desplegaron este hipócrita discurso. Por Ramiro Giganti, para ANRed.


"No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder". Michel Foucault

El uso de leyes o verdades ejercidas desde instituciones gubernamentales siempre está ligado a una cuestión de poder. El poder judicial no es la excepción. Las leyes y fallos judiciales muchas veces se plantean desde relaciones de poder. La creencia en la neutralidad de la justicia suele ser la religión con mayor cantidad de fieles.

Mientras casos de represión institucional son ignorados por la justicia o “resueltos” con fallos ridículos: uno de ellos la absolución al policía que asesinó a Jonathan “kiki” Lescano y Ezequiel Blanco, el fallo impune en relación al juicio a los policías de la metropolitana que reprimieron con balas de plomo a corresponsales de medios alternativos durante el desalojo de la Sala Alberdi. Ambos fallos, ocurridos durante el pasado mes de junio. A pesar de contar con pruebas, testimonios y fundamentos legales suficientes, el fallo judicial llegó a pedido de las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad. Estos fallos se dieron en un contexto de creciente escalada represiva dando luz verde a que el poder ejecutivo continúe con sus políticas represivas.

Retomando la frase de Michel Foucault, la relación de poder pudo revertir un desastre judicial cuando el poder de las masivas movilizaciones y repudio generalizado al 2x1 para genocidas pudo dar el brazo a torcer, pero ante el silencio de los medios hegemónicos frente a otras injusticias, éstas se desarrollan con total impunidad institucional.

Para poner otro ejemplo concreto en relación a ésta afirmación en torno a la impunidad: el desalojo de la planta de Pepsico fue ordenado por la jueza Andrea Rodriguez Mentasty, nombrada el año pasado durante el actual gobierno. La jueza tiene vínculos muy cercanos con el poder gubernamental desde antes de ocupar su cargo: es ex esposa de un diputado de la UCR en Cambiemos (macrista) cercana al intendente de San Isidro Gustavo Posse. La orden de desalojo estaba plagada de irregularidades en torno a la cuestión legal. Una de ellas es que se atropelló un pedido de cautelar apurando el desalojo probablemente para que las ferias judiciales no prorroguen la ocupación. Sin embargo desde medios hegemónicos la respuesta fue “el derecho a despedir pagando indemnizaciones”.

Poco se habló en los días previos a la represión de la destrucción de vidas, de familias en las calles, del “pan para hoy, hambre para mañana” que supone la indemnización para un trabajador despedido en un contexto de creciente desempleo. Por otra parte, mientras la empresa anunció que en realidad estaba reorganizando su producción, mudando el trabajo a Mar Del Plata, donde habría mejores maquinarias, la realidad es que mientras realiza 600 despidos sólo incorpora 160 empleados en la ciudad costera.

Refutando la idea de “inversión” también se importan productos de Chile, donde la mano de obra es más barata (es decir, salario más bajo), mostrando la impunidad para recortar presupuesto. Todo esto en un contexto de ganancias de esta poderosa empresa, que en el primer trimestre de este año sus balances dieron ganancias por más de 1.300 millones a nivel mundial. La pregunta es inevitable: ¿dónde van esos 1.300 millones? ¿es la clase trabajadora beneficiaria de esa riqueza? La respuesta está en la planta de Pepsico en Vicente López: no, la empresa trata a su fuerza de trabajo como simple maquinaria descartable, un simple instrumento para incrementar más y más sus ganancias, y la ausencia de instituciones que pongan freno a esa voracidad permite el desastre. Su único freno es la lucha de sus trabajadores/as y la solidaridad recibida.

Otro ejemplo, por solo mencionar uno a modo de testimonio de que lo ocurrido en Pepsico no es un caso aislado de “impunidad patronal” es lo ocurrido en la automotriz Metalsa: desde 2012 la empresa viene despidiendo trabajadores, siendo despidos más de 100. Ignacio Serrano, trabajador de la fábrica, fue votado delegado en su planta por una lista independiente de las burocracias que controla la UOM, en ese entonces. Ante su negativa a aceptar los despidos, Serrano fue perseguido, al igual que sus compañeros, por su actividad gremial. De manera ilegítima se le quitaron los fueros, y poco tiempo después fue despedido. Ante sus respuestas, desde el marco legal, tanto Serrano como otros compañeros despedidos lograron medidas cautelares a su favor que obligan a la empresa a reincorporarlos.

La empresa no respetó las cautelares. Actualmente, Ignacio Serrano sigue sin poder reingresar a su lugar de trabajo. Este ejemplo es una muestra entre tantas otras de cómo las patronales violan leyes a su antojo, pero ante una medida de fuerza de los trabajadores lloran “ilegalismos” desde los medios masivos.

Existen otros ejemplos. El cierre de Donelley, la grafica que fue ocupada y puesta a producir por sus trabajadores, que hoy funciona bajo el nombre de Madygraf. Más reciente fue el cierre de la planta de AGR, la grafica del grupo Clarín, con una historia muy parecida a la de Pepsico, pero con la grosera muestra del cerco mediático empleado, ya que se trata de una planta de la corporación mediatica mas poderosa del país: el grupo Clarín. Los trabajadores de AGR, además de poner en evidencia los altos niveles de impunidad de la empresa en cuanto a cercos mediáticos y maltratos, también evidenciaron mentiras e ilegalismos por parte de este monstruo de las comunicaciones.

Legislación, dietazos y corrupción

Desde el Congreso Nacional se aprueban leyes que cercenan (aún más) los derechos de los trabajadores. Desde el Poder Judicial los fallos van en la misma dirección. Sin embargo, legisladores y jueces se aumentan sus salarios y dietas con cifras obscenas para cualquier trabajador. Lo mismo ocurre con funcionarios del Poder Ejecutivo. Mientras condenan a los docentes a sueldos miserables y se los ataca desde los medios hegemónicos, sus salarios son cínicamente obscenos, la burla de parte de las instituciones hacia la clase trabajadora crece. Desde los tres poderes del Estado se legaliza el maltrato, se avala el robo y se cristaliza la impunidad.

Retomando la frase de Foucault que abre la nota, desde las instituciones de poder se decide “qué es legal y que no”, o mejor dicho desde el ejercicio del poder. La toma de conciencia de la clase trabajadora, el saberse dueña de un poder inalienable es la una herramienta que permanece. Las medidas de lucha, la solidaridad de clase y el ejercicio del legítimo derecho a la protesta y el rechazo a la impunidad es lo único que permanece.

Las mismas empresas poderosas que despiden trabajadores, financian pautas publicitarias (al igual que los gobiernos) y son auspiciantes de programas de “debate político”, financian campañas electorales y medios de comunicación (cuando no son directamente los medios de comunicación, vale recordar los despidos en ARG-Clarín). Entre las empresas que se presentan como auspiciantes, muchas veces aparecen sindicatos manejados por burocracias cómplices de los despidos que actúan en consecuencia con gobiernos y patronales. Entonces: ¿con qué “objetividad” periodística nos vamos a encontrar en esos programas televisivos “auspiciados por…”? Vale recordar que la agencia estatal Télam acaba de despedir a un periodista por hacerle una pregunta al Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta. ¿Se acuerdan del “queremos preguntar”?

Algo similar ocurre con partidos pseudo-opositores que, más allá de sus discursos, no se ve a sus dirigentes apoyando a los/as trabajadores/as y en las distintas legislaturas votan leyes oficialistas. Mientras la mayor central sindical se mantiene en su cómplice parsimonia, la principal fuerza opositora, que hace no mucho tiempo fue gobierno, especula desde la misma pasividad e incluso llama a “no movilizarse” buscando rédito en las próximas elecciones.

En el año del centenario de la Revolución Rusa, y habiendo pasado pocas horas de un nuevo aniversario de la Revolución Francesa, la historia universal nos da ese saber para conocer el poder inalienable de la población para enfrentar a instituciones despóticas.

El próximo martes 18 de Julio, los trabajadores de Pepsico convocaron a una movilización en el obelisco a las 17hs. La historia del ejercicio del derecho inalienable a enfrentar a la tiranía institucional podrá tener un nuevo capítulo en esa jornada.


Más información sobre el tema en ANRed:

- Vte.López-Buenos Aires. Domingo 16/7-13hs: Festival en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Pepsico

- Solidaridad en la concentración por los trabajadores reprimidos de PepsiCo

- PepsiCo: denuncian que la empresa importa desde Chile

- Pepsico: amplio apoyo en Diputados al reclamo de los trabajadores

- ANRed - PepsiCo Snacks: 600 familias en la calle




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