9 de febrero de 2017

Derechos Humanos

Movilización en Moreno contras las detenciones arbitrarias y la baja en la edad de imputabilidad de la juventud y la niñez

El lunes pasado se realizó una movilización con radio abierta frente al edificio municipal del partido de Moreno. Dicha actividad fue impulsada por las organizaciones que integran la Campaña Contra las Detenciones Arbitrarias en el oeste del conurbano bonaerense, que se movilizaron para denunciar el crecimiento de estas prácticas por parte de las distintas fuerzas represivas que se encuentran en el distrito, además de repudiar el proyecto del gobierno de Cambiemos sobre la reforma del régimen penal juvenil, cuyo eje más polémico trata sobre la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes, niños y niñas. Por ANRed. Fotos: Desalambrar, noticias de Moreno. Por ANRed


Hace unos meses habíamos publicado en nuestra agencia, una nota sobre el crecimiento de la presencia de las fuerzas represivas federales en distritos de la provincia de Buenos Aires a la par del incremento de las detenciones arbitrarias y otras prácticas represivas hacia la juventud de los territorios. Moreno es el botón de muestra en esta ocasión, que en los últimos tiempos viene siendo objeto de noticias difundidas en los medios hegemónicos sobre asesinatos ligados al narcotráfico, donde las disputas territoriales vienen haciendo mella desde hace años y la complicidad desde el Estado no hace más que empeorar el escenario, sobre barrios liberados de todo tipo de derechos. Vale recordar el asesinato que aun se mantiene impune del militante del Movimiento Popular La Dignidad, Cesar Mendez, que perdió la vida luego de ser baleado por integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona de Cuartel V. Vecinas, vecinos y militantes populares, habían denunciado la connivencia policial de la comisaria de la zona y llegaron a movilizarse a las puertas de la dependencia policial para visibilizar una situación, que se replica a lo largo y a lo ancho del país, donde las organizaciones no cuentan con las herramientas no solo para enfrentar a las violencias estatales, sino también al libre albedrio de los narcotraficantes.

El incremento del personal de fuerzas represivas, federales, bonaerenses y locales no se había hecho esperar para garantizar el “diciembre tranquilo” que esgrimían preocupados desde las distintas carteras de seguridad gubernamentales. Pasaron las fiestas pero las fuerzas federales, prefectura y gendarmería todavía se encuentran en gran parte del conurbano realizando su labor como “fuerzas de apoyo” a las ya existentes en los territorios. En estos primeros meses del año, todavía podemos ver a la gendarmería patrullando los barrios de Cuartel V en Moreno o caminando plazas y custodiando negocios de José C. Paz.

Lo que no se cuenta es sobre el crecimiento de sus prácticas represivas en los territorios, lo que motivo a que un conjunto de organizaciones populares, de derechos humanos y políticas se movilizaran el pasado lunes hasta las puertas del municipio morenense para poner sobre la mesa que la cuestión de la seguridad no pasa por mas policías, gendarmes o prefectos sino por la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes en cuanto al acceso, entre otros derechos, a la vivienda digna, a la salud y a la educación pública. Así lo expresó Carina Leguizamón, militante popular que integra la organización Vecinxs OrganizadXs de Moreno, en dialogo con ANRed donde además nos cuenta las diversas situaciones y experiencias por las que pasaron las y los habitantes del barrio de Lomas de Casasco, en la zona sur del partido, para enfrentar no solo a las fuerzas de “seguridad” sino también a los “tranzas” y descubrir en la organización colectiva, la única salida o el punto de llegada para luchar por sus derechos.

Carina: “Lo que hicimos el lunes fue una alerta para que se sepa cómo está bajando la policía y la gendarmería a los barrios. En Casasco nadie pidió que vengan. En este barrio nadie pidió seguridad represiva, sino seguridad social. Pedimos ambulancias, cloacas, agua potable, infraestructura.”

Lomas de Casasco forma parte de un plan federal de viviendas que otorgadas en el 2006 a sectores de población vulnerables comenzaron a ser vendidas de manera irregular. Producto de la movilización de las vecinas y vecinos se comenzó a generar una historia de lucha ejemplar, como expresa Carina. Comenzaron a pelear primero por la regularización de las casas, enfrentando por medio de denuncias y escraches los desalojos masivos ocurridos en Moreno Sur, firmados en aquel entonces por el Juez de Paz, Juan Francisco Radrisani, el cual se había “escapado” esgrimiendo que se había jubilado.

Pero la alegría se convirtió en angustia, en palabras de la militante, porque al poco tiempo los habitantes de la barriada empezaron a encontrarse con problemas diversos como la falta de insumos en la salita, la falta de acceso a la educación, a un transporte público (porque el recorrido de la línea que pasaba por allí se cortaba a las once de la noche). Todo esto se fue sumando a las desidias en los barrios, sumado a la burocracia del Estado que no permitía a los vecinos y vecinas a acceder a sus derechos. Todo eso representaba la inseguridad para ellos y ellas.
C: “A través de las luchas fuimos accediendo a los derechos que peleábamos y nos dimos cuenta que el narcotráfico avanzó. Logramos con organización, mas allá de los vueltos que nos daban, que se vayan los tranzas de los barrios como también nos involucramos en las cuestiones de la violencia de género. Logramos un edificio en la E.S. B Nro. 16 para que estudien nuestros pibes y peleamos por un jardín, centros culturales, una plaza. Tenemos primaria y secundaria en el barrio. Solo nos falta una salita y estamos completos”.

Luego de movilizarse hasta las puertas del edificio municipal, las organizaciones convocantes compartieron un documento a través de la radio abierta donde denunciaron que:

“En el marco de la discusión social que el gobierno de Mauricio Macri, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pretende instalar el debate destinado a incorporar al sistema penal a los y las adolescentes, siendo una respuesta simple y represiva a una problemática compleja. Le decimos no a la baja de edad de imputabilidad. Basta de criminalizar a nuestros jóvenes. El Estado, nacional, provincial y municipal, generan e instalan políticas represivas para dar seguridad a la ciudadanía, destinando de sus presupuestos un alto porcentaje a fortalecer la presencia de las fuerzas represivas en nuestros barrios, militarizando nuestros territorios, antes de mejorar las condiciones de hábitat o una mejor atención en la salud y educación pública. En Moreno se instaló más personal de Gendarmería: 250 gendarmes por el plazo de un año, con el aval del Intendente Walter Festa. Con la presencia de policías locales, la militarización en un hecho real y concreto, donde todos los gobiernos acuerdan sin diferencias ideológicas”.

Además, el documento remarcó: “Los jóvenes son víctimas del sistema represivo del Estado donde muchas veces son obligados a hacer delitos para la propia policía y si se niegan les arman causas o desaparecen como Luciano Arruga. Es por esto que distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales, sindicales e independientes, hemos decidido hacer esta primera actividad que permita visibilizar la situación y motorice la organización popular contra estas herramientas represivas que buscan de forma directa el control social. Por eso decimos: No a la baja de edad de imputabilidad, basta de criminalizar a los jóvenes de nuestros barrios, basta de represión policial, basta de gatillo fácil, basta de causas armadas, basta de desapariciones forzadas y basta de perseguir a la protesta”.

De la movilización del lunes participaron: Familiares de víctimas de gatillo fácil y causas armadas, Vecinxs Organizadxs de Moreno, ATE Moreno, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Confluencia Política Social 29 de Mayo, Unión del Pueblo, Patria Grande y CORREPI. Organizaciones que conforman la Campaña contra las Detenciones Arbitrarias de la zona oeste del conurbano bonaerense, una propuesta impulsada a nivel nacional el año pasado en el marco del aniversario del asesinato de Walter Bulacio en 1991 y tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a comienzos de 2016, de permitir este tipo de prácticas represivas dirigidas hacia la juventud de los sectores populares.

Carina Leguizamón, augura un presente lucha con continuidad en el tiempo y anuncia que esta será la primera de muchas actividades que comenzaran a concretarse en los distintos barrios que forman parte del partido de Moreno: “todo es un proceso y forma parte de nuestra agenda de lucha. Cuando vimos a la gendarmería nos preguntábamos que pasaba. Hace dos semanas hicimos una asamblea general a la tarde y se decidió realizar esta jornada para denunciar el gatillo fácil y las causas armadas, que son una manera de querer doblegarnos. Pero no nos van a callar. ”




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