El Estado como garante del poder transnacional
En los últimos años, el Estado se ha convertido en el principal garante de los intereses de las multinacionales mineras, a través de la acción de los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. En nombre de la seguridad jurídica y el «progreso”, las autoridades gubernamentales violan los derechos de las comunidades, para instalar proyectos extractivos en sus territorios. Por Guillermo Alamino para ANRed
Los años 90 marcaron un antes y un después en materia minera del país. En esa década, Gioja gestó las normativas neoliberales que regulan a la megamineria y, de esta manera, se abrió una nueva etapa en la historia exportadora argentina. Beneficios impositivos, prohibición al Estado para explotar yacimientos y un régimen ambiental propio son algunas características del marco legal minero, promovido por el Banco Mundial. Luego vinieron los Kirchner que continuaron con las políticas reprimarizantes, en las que también están incluidos los agronegocios, el fracking y la especulación inmobiliaria en los grandes aglomerados urbanos. Además, se aprobó la Ley Antiterrorista que legaliza la represión y la judicialización de las luchas sociales. Se trata de la opresión en tiempos «democráticos”. Tiempos de una democracia y un Estado que fue moldeado por organismos financieros internacionales y dirigentes cómplices del despojo.
En este sentido, la inoperancia de las instituciones judiciales y el poco interés de Uñac en responder a las solicitudes de la Asamblea Jáchal No se Toca evidencian la presencia de un gobierno contaminado por las corporaciones. Hasta ahora, Barrick ha salido impune de todos los delitos ambientales o infracciones a la ley que ha cometido, como derrame de solución cianurada en los ríos, instalación en zona periglaciar, carencia de un seguro ambiental exigido por la Ley General de Ambiente, entre otros. Los funcionarios no ejercen su labor teniendo en cuenta las necesidades populares sino que, contrariamente, colocan en primer lugar los pedidos de las corporaciones. Barrick ejerce el poder real en la región. Es decir, el Estado se encarga de resguardar a las grandes firmas, mientras las asambleas llevan a cabo la tarea de defender sus respectivos territorios ante el desamparo de las sucesivas administraciones públicas.
Esta problemática nos invita a reinventar la democracia, que se ha transformado en una ficción donde el pueblo elije al próximo gerente de la entrega de nuestros bienes comunes. Es una tarea urgente hacer frente a esta realidad, porque la vida de miles de compatriotas está en juego. Hay que ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo de asegurar un Estado que proteja al pueblo y su patrimonio público.