La dilación de las causas judiciales
Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), dialogó con ANRed acerca del estado judicial de la causa de Paula Simonetti y Martín Galli, dos heridos de bala de plomo durante la represión del 20 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, señala que «hay un tramo avanzado que es el de los hechos de la Avda. 9 de Julio, entre Sarmiento y Juan Domingo Perón, donde resultó muerto Márquez y heridos Simonetti y Galli. Están procesados cuatro policías, encabezados por Orlando Oliverio y tres policías de menor jerarquía. Todos fueron los tripulantes de automóviles civiles que, en ese tramo de la 9 de julio, frenaron, dispararon y se dieron a la fuga en esos autos. Los cuatro están procesados por homicidio y tentativa de homicidio».
El abogado afirma que la parálisis de la causa es notoria: «hace casi dos años tanto la fiscalía como nosotros pedimos la elevación a juicio de los policías. Las defensas de los policías generaron maniobras dilatorias que nos impidió llegar al Juicio Oral. Después de eso, se volvió a enviar a otro tribunal y el segundo tribunal, con otras argumentaciones, devolvió la causa». Y continúa: «así fue que los policías estuvieron en condiciones de pedir el cese de la prisión preventiva. Cosa que le fue concedida por la jueza Servini de Cubría, cuyo argumento fue el excesivo transcurso del tiempo, cuando ellos con sus medidas dilatorias fueron los que produjeron este transcurso del tiempo. La fiscalía y nosotros presentamos recursos de apelación contra ese otorgamiento de la libertad y la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión y prorrogó la prisión preventiva».
La jueza Servini de Cubría desdobló la investigación en responsables policiales, por un lado, y políticos, por el otro. Entre estas imputaciones están Rubén Santos (ex Comisario General) y Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad). También estaba imputado Ramón Mestre (ex ministro del Interior), que murió. Mathov y Santos están procesados por 240 lesiones, por las muertes y por hechos como privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales contra las Madres de Plaza de Mayo. El ex presidente Fernando De La Rúa tiene una resolución que lo beneficia con una falta de mérito: no hay motivos para sobreseerlo, es decir, desvincularlo definitivamente de la investigación, pero tampoco para procesarlo.
«Además la jueza retuvo la investigación sobre los funcionarios superiores y delegó en los fiscales la investigación de los autores directos. Hay una gran diferencia entre lo que hizo la fiscalía y lo que hizo el juzgado. La fiscalía avanzó bastante en las investigaciones y Servini primero fue bastante lenta en tomar algunas decisiones y segundo, cuando las tomó, las tomó en desacuerdo con la postura de los fiscales. Por ejemplo en el caso de De la Rúa. Lamentablemente creemos que ya existe una decisión tanto del Juzgado como de la Cámara Federal de desvincular a De la Rúa», agrega Yanzón.
Por último sostiene que «al día de hoy lo que estamos discutiendo es si a los policías se les da la libertad o no; no tenemos juicio oral; no sabemos cuándo lo vamos a tener. Las dilaciones son alarmantes. Estamos en un momento de parálisis y discutiendo que no se desmorone lo poco que hay».
Para conocer el estado de las causas del 19 y 20 de diciembre de 2001: www.correpi.lahaine.org – Archivo de Casos 1983-2005