Niños y adolescentes víctimas del sistema de la crueldad

Una reciente inspección al Centro de Recepción de Lomas de Zamora realizada por la CPM permitió constatar el agravamiento de las condiciones de encierro. Las prácticas de tortura se ejercen cotidianamente contra los jóvenes allí alojados y ponen en riesgo su vida. La situación de extrema gravedad es responsabilidad de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, que sigue sin cumplir con las normas locales e internacionales y desconoce fallos judiciales y recomendaciones de organismos internacionales. Reproducimos comunicado de Comisión Provincial por la Memoria

En el marco de la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos en todos los centros e institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifiesta su profunda preocupación por la continuidad de prácticas sistemáticas de torturas en el centro de recepción de Lomas de Zamora.

Semanas atrás, un equipo del Comité contra la Tortura (CCT) de la CPM inspeccionó el lugar, entrevistó a los jóvenes y constató graves condiciones de encierro violatorias de sus derechos humanos.

Durante las entrevistas, se relevó que los malos tratos por parte del personal de custodia son constantes. En el módulo 3, un joven fue seriamente violentado víctima de una golpiza; su rostro quedó deformado y presentaba lesiones en su cuerpo. Sus compañeros identificaron a uno de los asistentes como responsable del ataque y aclararon que son golpeados por cualquier motivo.

Las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes absolutamente indefensos que, generalmente, se ven limitados en su acceso a la justicia y a la defensa, ya sea por la privación de comunicación con el exterior como por la ausencia de privacidad en las comunicaciones telefónicas.

Las dilaciones, ausencia y/o ineficiencia de las respuestas judiciales hacen doblemente gravosas las torturas sufridas. En este hecho particular, aunque fue comunicado por el joven, el defensor no realizó la denuncia penal correspondiente; fue la jueza interviniente quien lo hizo y ordenó su inmediato traslado. El asistente de minoridad señalado como responsable tiene antecedentes de malos tratos, hostigamiento y amenazas contra los jóvenes. Sin embargo, sólo fue separado de sus actividades por unos días y, pese a las insistentes solicitudes de la CPM, la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SNyA) de la provincia no ha comunicado si se iniciaron de acciones administrativas en su contra. Esta inacción constituye una convalidación de las prácticas de tortura garantizando la cadena de impunidades que son parte del sistema y que se confirman en el sistema judicial.

Además de las torturas producidas por las reiteradas golpizas, los jóvenes padecen graves condiciones de detención: excesivo encierro en celda, acceso limitado a la escolaridad (una hora y media por día cuando son llevados a la escuela, lo cual no siempre sucede), restricciones para tratamientos médicos por falta de medios para traslado a hospitales y escasa concurrencia de profesionales (sólo dos días por semana y por espacio de una o dos horas), deplorables condiciones edilicias: baños y cloacas tapadas, pérdidas de agua, duchas sin empuñaduras y, salvo en contados casos, sin agua caliente, paredes descascaradas y manchadas, colchones rotos o descosidos, abrigo insuficiente, ropa inadecuada para la estación del año o con roturas.

Estas situaciones, relevadas regularmente por la CPM, dan cuenta de un absoluto desconocimiento de las observaciones e incumplimiento de las recomendaciones dictadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en junio de 2010. Dicho informe señalaba la necesidad de «estudiar las causas de las graves violaciones, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, y tomar medidas urgentes de prevención y de reparación a las víctimas» También exigió que se iniciaran investigaciones prontas, exhaustivas e independientes de esas denuncias.

En el marco de esta realidad que los jóvenes sufren diariamente, la CPM ya había presentado un habeas corpus en el año 2012; en su sentencia, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Único de Lomas de Zamora ordenó clausurar los módulos 1 y 2 del centro. Sin embargo, a la fecha «“y pese a los reiterados requerimientos de las juezas actuantes y las denuncias penales efectuadas contra las autoridades del centro y de la SNyA»“, aún no se ha efectuado la clausura ni la reparación de dichos módulos.

Frente a la inacción de las autoridades, la CPM presentó recientemente una denuncia por incumplimiento de sentencia y solicitó la clausura total del centro, habida cuenta del alto riesgo que representa para la salud integral de los jóvenes allí alojados la aplicación sistemática de torturas, el cruento régimen de vida y la falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la recreación.

En el mismo sentido, la semana pasada la CPM alertó sobre dos muertes de jóvenes ocurridas en institutos de menores de la provincia. Las muertes son generadas por estas condiciones que aún continúan sin modificarse por parte de los responsables del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a pesar del pleno conocimiento de la gravedad de la situación.

Por todo esto, una vez más la CPM reclama a los órganos judiciales y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen urgentes medidas para resguardar la integridad de los jóvenes alojados en los centros de detención provinciales dependientes de la SNyA, garantizando condiciones dignas de vida en un marco de absoluto respeto por sus derechos. Asimismo, se exige que se investiguen las responsabilidades en la aplicación sistemática de torturas, y se proteja y repare a las víctimas por los daños sufridos.

fuente: Comisión Provincial por la Memoria (CPM)